“Tengo ganas de defender mis derechos, pero tengo miedo”

Por las armas de la Policía y del Ejército ecuatoriano, varias personas perdieron un ojo. Una de ella es Lorena, quien, en octubre de 2019, tenía 15 años. El Estado debía proporcionarle una prótesis, pero hasta ahora no se ha inmutado por su caso. Hoy en día, l@s mutilad@s por la represión durante el levantamiento popular luchan por su propia cuenta: entre pandemia y escasez, depresión e impotencia, esperanzad@s por volver a una vida digna que nunca será la misma de antes.

13 de octubre de 2020, Píntag. – Lorena huye. Salta de la calle a la quebrada y corre a un bosque cercano. La adolescente, que por necesidad empezó desde muy joven a cobrar los pasajes en los buses locales, conoce las consecuencias del Decreto 883 y se suma a las protestas. Ella, junto con sus familiares y vecinos, bloquea la entrada a su barrio en Píntag, en el sureste de Quito. Cuando los militares llegaron a las barricadas de palos y piedras y empiezan a disparar, Lorena se esconde detrás de los árboles. Allí se siente más segura; sin embargo, cuando decide voltearse para ver qué ocurre con sus compañer@s, su historia cambia violentamente: una bomba de perdigones impacta en su cabeza. La chica, que en ese momento tiene 15 años y 11 meses, cae al suelo envuelta por humo de gas.

Son las imágenes que en las semanas y los meses después de aquel 13 de octubre de 2019 no la dejan dormir. Y si duerme, regresan en forma de pesadillas. Por eso, su tía Cris no se ha despegado de ella y se ha mantenido cerca de su cama, primero en el Hospital Eugenio Espejo y después en su casa en Píntag. En sus sueños, Lorena teme quedarse atrapada por siempre entre el bosque, el desmayo y el gas lacrimógeno. Cuando Cris se da cuenta del ahogo de su sobrina, le habla, le toma la mano y le acompaña, consciente de que nada va a ser como antes. La cavidad orbital, el pómulo y la nariz de la adolescente están destruidos; tienen que hacerle varias cirugías. Al principio, l@s médic@s creían que podía morir. Por eso, deciden esperar varios días para contarle de su situación real. El arma del ejército no solamente le robó la vista de su ojo izquierdo, sino también su olfato y a pesar de que las pesadillas hoy en día han disminuido, Lorena no volverá a trabajar en los buses.

En realidad, la alumna de segundo de bachillerato no tendría que trabajar. Más bien, debería acceder plenamente a sus derechos de educación, salud y protección avalados por la Constitución del país y el Código de la Niñez y la Adolescencia, pero la realidad en el Ecuador del 2019 no dejó opción a miles de niñ@s, menos aún ahora con la pandemia. Much@s pasan hambre o sufren de escasez, como ocurre con Lorena y su familia. Por eso salieron el año pasado a las calles, defendiendo estos derechos, pero lo único que encontraron fue una serie de actos de represión que dejaron al menos nueve muertos y miles de herid@s.

La burla y el cinismo del Estado central

También Danilo Copara salió a la calle y, como Lorena, fue herido con armas del ejército. Desde entonces, el joven tiene que usar lentes y no puede enfocar con su ojo izquierdo. Su sueño de editar vídeos quedó en la autopista E-35, a la altura de Panzaleo, provincia de Cotopaxi, donde le impactó un perdigón de la Fuerza Armada. “Me dijeron que podría haber un desprendimiento de la retina y por eso no puedo forzar mucho mi ojo”, explica.

Danilo forma parte de la organización Pueblos Indígenas de Jatun Juigua, de Pujilí, a la cual también perteneció Inocencio Tucumbi, otro de los tantos fallecidos a causa de la represión policial durante las protestas en Quito. Sin embargo, pese a la herida de Danilo y a la muerte de Inocencio, los familiares de los dos indígenas pujilenses siguieron en pie de lucha: enterraron a Inocencio y volvieron a la capital. Danilo recuerda las palabras del difunto líder en los días anteriores a su muerte: nos quedaremos hasta las últimas consecuencias, pase lo que pase. “Teníamos que cambiar la realidad, porque la situación en el país era, como hoy, bastante denigrante”.

Mientras la esposa e hijos de Inocencio lloraron por su muerte, los padres y hermanos de Danilo lloraron por la pérdida casi completa del ojo izquierdo. La reciente conmemoración en Pujilí por l@s caídos del Paro -en la cual estuvieron presentes Leonidas Iza del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y Jaime Vargas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)- fue un bálsamo para ell@s y un reconocimiento a la lucha de sus querid@s.

También para Danilo, que por su mutilación no puede vivir como antes. “Una parte del cuerpo no funciona, entonces no podemos ver o hacer las cosas bien. En esta precariedad que estamos ahora, la situación económica nos está afectando bastante. Pero en vez de usar el dinero para darle estabilidad al país, el gobierno prefiere pagar al Fondo Monetario Internacional”.   Al final, y a pesar de las protestas de octubre de 2019, la situación del Estado andino ha empeorado.

Seis meses después del levantamiento popular, donde se unieron varios sectores no solamente indígenas, Lenín Moreno y sus ministros llevaron a cabo lo que en octubre el pueblo impidió: quitar los subsidios a la gasolina y al diésel. Lo hizo en medio de la pandemia, sabiendo que el miedo a un contagio impediría protestas masivas. Para completar la burla al pueblo, María Paula Romo, ministra de Gobierno y una de las responsables por l@s mutilad@s que dejó la represión, se dejó fotografiar con una camisa que muestra una acuarela de una mujer con su ojo lastimado. Fue un acto que evidenció la desconexión entre el gobierno central y quienes votaron por él, incluyendo el joven policía que también perdió un ojo. Otra tesis podría ser que Romo simplemente no se dio cuenta de lo que hacía, como decía la socióloga Natalia Sierra en una entrevista con La Línea de Fuego. “Eso es propio de los psicópatas, no diferencian entre el bien y el mal, por eso son peligrosísimos”.

Traumas como después de una guerra

Bajo esta misma línea -de ignorar lo ocurrido o perseguir a l@s que reclaman sus derechos- actuaron l@s responsables de los hospitales públicos. Ahí, l@s herid@s y sus familiares fueron obligados a firmar un papel donde se decía que las heridas fueron provocadas en un contexto ajeno al paro nacional. Así lo denunciaron ell@s y también los líderes de organizaciones indígenas como la Conaie y la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari). También por eso el número de herid@s hay que tomarlo con pinzas.

La Asamblea Nacional escribió en su informe del año pasado que hubo 1.508 atenciones médicas. A esto hay que sumar las 1249 atenciones médicas por las brigadas de la Universidad Católica, las 747 atenciones de la Cruz Roja y las 4050 atenciones de Socorristas de Paz, ubicados  alrededor del parque El Arbolito, como escriben los autores del libro “Estallido”. Del número real a nivel país probablemente nunca lo sepamos a ciencia cierta, porque muchas personas no se atendieron por las condiciones impuestas de la salud pública o por miedo a ser perseguido por l@s agentes estatales.

 

“Ayudar de esa forma es un acto de reciprocidad por su lucha en las calles porque la aceptación del Decreto 883 hubiese sido perjudicial también para nosotr@s”.

Fanny Guadalupe Morocho
Sisa Pacari, organización sin fines de lucro.

 

Gran parte de la ayuda -al menos para l@s que perdieron la vista- irónicamente llegó desde Estados Unidos. Fanny Guadalupe Morocho de Sisa Pacari, una organización sin fines de lucro en Nueva York, gestionó el dinero para las prótesis oculares: cada una entre 300 y 350 dólares. Una médica oftalmóloga del sur de Ecuador ofreció su mano de obra. “Con eso queremos agradecer todo este amor y lucha de nuestr@s herman@s”, dice Fanny Guadalupe desde el exilio. “Ayudar de esa forma es un acto de reciprocidad por su lucha en las calles porque la aceptación del Decreto 883 hubiese sido perjudicial también para nosotr@s”. 

Pocos días después del paro, Fanny Guadalupe, que desde los años noventa vive fuera del país, viajó a Ecuador. Quería conocer la situación de primera mano. Lo que encontró fueron personas que estaban sin ayuda médica, algun@s ni sabían lo que había ocurrido en los hospitales. “Incluso había un joven que decía que su ojo seguía adentro, aunque no fue así”. Preocupada por el abandono de l@s compañer@s de su tierra natal, Fanny empezó a indagar a l@s herid@s, a viajar entre las provincias y a buscar reparación, también para Lorena. “Casi tod@s eran jóvenes que, debido a la pérdida del ojo, estaban con un complejo terrible”, dice por WhatsApp. “Algunos se sentían tan mal que se querían suicidar”. Son los síntomas invisibles que dejó la represión.

Se observa también en l@s jóvenes soldados de Estados Unidos, Irak, Afghanistan o Palestina y que en el lenguaje de los psicólogos se determina como trastornos postraumáticos. Las personas vuelven a vivir lo ocurrido en los sueños, tal como ocurre con Lorena. Además, sufren de ataques de pánico o tienen miedo de estar sol@s. Algun@s de l@s manifestantes -en primera instancia l@s que están asociad@s a alguna organización- recibieron ayuda psicológica gestionada por voluntari@s o brigadas médicas, como sucedió en Imbabura, en Pichincha o en Cotopaxi,  pero con la pandemia, varios de estos procesos quedaron a medio camino y los traumas psicológicos, en combinación con el colapso económico, dejaron surcos de mal estar.

“Sin colaboración de las Fuerzas Armadas difícil que haya justicia”

Interrumpidas fueron también las judicializaciones. La Fiscalía General del Estado durante meses suspendió los plazos y los procesos avanzaron más lento de lo conocido. Además, en las demandas por el paro se sumó una problemática que se conoce de otros juicios históricos: que l@s investigador@s no sean de la institución que está en el banquillo de l@s acusad@s. “Nosotros nos negamos a que la Policía haga la investigación”, dice Mayra Tirira, abogada del colectivo Surkuna y defensora de Lorena. La Fiscalía aceptó la petición de presentar peritos independientes, pero desde ese entonces el caso de su clienta no avanzó. Sigue en la fase de “investigación previa”: a un año del paro nacional, la investigación como tal ni ha empezado “y como es un caso complejo, el proceso puede durar años”, dice la especialista en derechos humanos. 

Surkuna apela a una extralimitación de la fuerza por parte del Estado. “La policía y los militares tenían que considerar un marco legal y no podían disparar directamente a los cuerpos, menos a una adolescente”, dice la abogada Mayra Tirira. Lo primero que la Fiscalía General del Estado tiene que  comprobar es que la pérdida del ojo de Lorena no se produjo por un accidente. Pero, por falta de peritajes, ni siquiera eso se ha podido realizar.

 

Pero para comprobarlo y saber quién lo hizo,
necesitamos acceder a estos datos. Son demoras injustificadas,
pero sin la colaboración de las Fuerzas Armadas será difícil que haya justicia.

Mayra Tirira, abogada de Surkuna

 

Sin embargo, Mayra Tirira destaca que ha habido buena disposición del fiscal que está a cargo del caso. En cambio, l@s responsables del Ejército se esconden detrás de informaciones cifradas. Por ejemplo, no revelan detalles acerca de las armas usadas y del personal en el campo durante la represión en Píntag. Si l@s militares siguen manteniendo silencio, Surkuna primero tendrá que gestionar una acción legal para acceder a esta información. “Es obvio que hubo un exceso de fuerza”, dice Mayra Tirira, “pero para comprobarlo y saber quién lo hizo, necesitamos acceder a estos datos. Son demoras injustificadas, pero sin la colaboración de las Fuerzas Armadas será difícil que haya justicia”.

Justo eso es lo que esperan Lorena y su tía Cris: que alguien se haga responsable. “Mi sobrina es una menor de edad y perdió algo que jamás en su vida va a recuperar” dice Cris. “De todo corazón, quisiéramos que se haga justicia y que el Estado reconozca que por sus acciones ocasionó estas desgracias, porque tod@s fuimos afectados: económicamente, físicamente y también sentimentalmente”.

Tres veces al día Lorena se quita su ojo de vidrio para limpiarlo con una gasa: en la mañana, en la tarde y antes de dormir. Pronto se tiene que hacer otra cirugía plástica para que sus huesos cigomático y maxilar del lado izquierda sostengan la prótesis. La adolescente quisiera volver a la calle a manifestarse por lo que ella y su familia están viviendo. La crisis económica, el trauma del paro y la pandemia le golpearon duro, al igual que a Danilo Copara y a otr@s herid@s en el país. “Tengo unas ganas de protestar y defender mis derechos”, dice Lorena, “pero a la vez tengo miedo de que me vuelva a pasar lo mismo y de que vaya a ser completamente una discapacitada”.

A ella le quedan dos años en el bachillerato, por el momento en línea, aunque su señal del internet sea inestable. El sueño de Lorena es ser maestra de niñ@s pequeñ@s o ser veterinaria, a veces también quiere ser policía.  Explica: “He visto lo que los policías hacen a mis parientes que venden en la calle y cómo les quitan las ventas. Quiero hacerles entender de que no es justo que saqueen la mercadería de las personas, ya que uno nace pobre y trabaja sudando en la calle”.

Texto: Romano Paganini

Foto principal: El 13 de octubre de 2019, Lorena fue impactada por perdigones de dotación militar, durante las protestas sociales del levantamiento popular y paro nacional. – FOTO: Carlos Noriega

Colaboración: Daniel Ramos & Carlos Noriega 

Edición y producción: Vicky Novillo Rameix & Mayra Caiza

Redes y Web: María Caridad Villacís & Victoria Jaramillo