Maltrato, golpes, humillaciones: el reporte de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos sobre el paro nacional denunció varios hechos violentos por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. También hay una persona fallecida en el contexto de las protestas. Además, se han producido secuestros temporales por parte de la fuerza pública y amenazas de desaparición forzada si los agredidos denuncian. El abogado Jorge Acero dice que es un método para amedrentar a las personas y de esa manera silenciar las protestas.
20 de junio de 2022, Quito. – 39 hechos de vulneraciones, 79 detenciones y 55 personas heridas: cinco con daños oculares y dos personas en estado crítico. Estas son las cifras que presentó este lunes, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en su reporte sobre la Violencia estatal y estado de excepción en contexto de paro nacional en Ecuador.
Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza conformada por 14 organizaciones, responsabiliza al Estado de esta represión. Ella señala que el Gobierno no debe preguntarse qué va hacer con las protestas, sino, por qué la gente está marchando, por qué hay mujeres con guaguas caminando durante horas hacia Quito. Estas preguntas son el inicio de la solución, en lugar de atacar y reprimir a la gente.
Lo mismo manifestó Verónica Potes, abogada y experta en derecho ambiental y derechos humanos. “La protesta es una forma de libre expresión”, dijo la integrante de la Alianza durante la rueda de prensa. “Una libre expresión que además necesita otras acciones para poder efectivizarse: la reunión, la asociación, la libertad de conciencia, la movilización e incluso medidas como el cierre de vías están protegidas como libertad de expresión”.
“El estado de excepción es una medida excepcional que le faculta a la autoridad una cosa horrorosa, que es excluirse del sistema legal vigente”
Verónica Potes, abogada ambiental
Por lo tanto, Potes rechazó rotundamente el Decreto 455, emitido el viernes pasado por el presidente Guillermo Lasso, documento que hoy fue derogado y reemplazado por el nuevo Decreto 459 que ratificó el estado de excepción para las provincias Imbabura, Pichincha y Cotopaxi; y aumentó las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, zonas donde las protestas sociales se han intensificado.
“El estado de excepción es una medida excepcional que le faculta a la autoridad una cosa horrorosa, que es excluirse del sistema legal vigente”, afirmó Verónica Potes indignada. “Por eso son tan peligrosos estos decretos para todos y todas como ciudadanos, como colectivos, como personas que por alguna razón disentimos de lo que hace una autoridad”.
A pesar del estado de excepción, miles de personas se movilizaron, especialmente en la región Sierra. De hecho, en la noche de este lunes (22:00), hora en la que estamos publicando esta nota, las comunidades indígenas están marchando e ingresando por el norte y sur a la ciudad de Quito, en dirección al centro, donde se encuentra la casa de Gobierno.
Arrodillados bajo la lluvia
Wilson Patricio Logro Vega en un mes se iba a graduar de médico, ahora se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Enrique Garcés, en el sur de Quito. Desde los exteriores de esta casa de salud, su hermana relata que Wilson Patricio fue aprehendido el pasado sábado, cerca de las dos de la tarde, por dos policías motorizados, en el sector de Caupicho, sur de la capital, donde se desarrollaban las protestas. “Dos policías lo cogieron y lo lanzaron a la quebrada…” – dice la joven con su voz quebrada en un vídeo que mutantia.ch tuvo acceso y enfatiza: “(desde una altura de) siete metros. A mi me echaron gas, cuando les dije, déjele, déjelo, por favor. Mi hermano está entre la vida y la muerte. Todo está roto”.
Ese día, Wilson Patricio y otro joven habrían sido aprehendidos por dos agentes policiales y luego habrían sido lanzados a la quebrada, así lo confirma la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Al momento, Wilson Patricio continúa internado en el hospital, mientras que el otro joven fue dado de alta, dice la Defensoría del Pueblo que está vigilante de este caso.
Mientras tanto, durante la noche del domingo al lunes se desarrollaron fuertes enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y manifestantes, en el sector de Oyacoto, ruta Collas, al norte de Quito. Así lo dijo Guillermo Churuchumbi, alcalde del cantón Cayambe. En su reporte describió: “Tres heridos a causa de un disparo de bombas, uno por gas lacrimógeno (en el rostro) y dos por perdigones – Una persona fallecida, joven de 18 años de Guayllabamba, y cinco personas heridas, tras caer a una quebrada al intentar huir de la represión militar – Siete personas retenidas. Uno de ellos, mi hermano, fue torturado y arrebatado de sus pertenencias en la quebrada de Collas: estuvo arrodillado bajo la lluvia toda la noche”.
En este enfrentamiento surgió la primera persona fallecida del paro nacional, un joven de Guayllamba que cayó en la quebrada, en la ruta Collas, tras verse acorralado por la Policía. En el vídeo, Wilmer Lanchimba, del pueblo Cayambi y la última persona que vio con vida al joven, narra: “Bombardearon por todos lados y nosotros tuvimos que huir de todo ese gas lacrimógeno. Tuvimos que salir a las peñas del Colla, nos escondimos ahí. Estuvimos ahí 15 personas aproximadamente dispersos”.
Luego, la Policía los descubriría con la linterna. “Nos avanzó a ver, entonces tuvimos que huir. Yo hui hacia un lado de la montaña y él con miedo fue recto, bajo toda la montaña recto. Estos policías sin conciencia ni nada botaban las bombas lacrimógenas directamente a la persona”. Lanchimba trataba de protegerse cuando vio que el joven se quedó parado y los policías le dijeron: “¡Quieto o te mato!”, entonces como estaban botando bombas y lo demás, este compañerito se saltó, prácticamente. Yo escuche que los policías, (dijeron), hijo de puta, se cayó. Hijueputa se cayó, ya déjalo ahí, hay otro”, así lo relata en el portal Ecuador Chequea.
El cuerpo del joven fue recuperado por el cuerpo de Bomberos de Cayambe. El coronel del Distrito Metropolitano de Quito, Wilson Pavón, se pronunció frente a este caso. Dijo que es un caso aislado y fue accidental. “Falleció por la gravedad de las lesiones”.
“Un funcionario público que agrede física o psicológicamente a una persona, incluso si está detenida, puede ir a un tribunal penal”.
Jorge Acero, abogado de Amazon Frontlines
La mayoría de las víctimas han sido hombres indígenas: a los adolescente detenidos, la Policía les advertía del peligro en el cual se estaban metiendo; en cambio, a los adultos se les golpeaba y también se les amenazaba de que si vuelven a manifestarse en la calle, los iban desaparecer. “Eso es una práctica inconstitucional y totalmente prohibida”, destaca Jorge Acero, abogado, defensor de derechos humanos de Amazon Frontline e integrante de la Alianza.
En algunos casos, la fuerza pública también les obligó a llamar desde el carro policial a los familiares y amigos para decir que se encuentran bien y pidiendo que no se haga nada al respecto: nada de difusión en las redes digitales, ninguna llamada, ninguna denuncia. “Eso es un amedremiento psicológico”, dice Acero, “no solamente para la persona detenida sino para todo su entorno porque el fin de estos secuestros temporales es generar miedo y silencio”.
“Muchas personas están con miedo y no denuncian”
Una posibilidad de denunciar estos secuestros temporales, como lo llaman él, es con la Alianza de Derechos Humanos porque el Estado no contempla la posibilidad de una denuncia anónima, dice Acero. Estás prácticas son sancionadas por la justicia. Si por alguna razón se detiene a un policía ejerciendo este tipo de actos puede ir preso, precisa el jurista. “Un funcionario público que agrede física o psicológicamente a una persona, incluso si está detenida, puede ir a un tribunal penal”.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció varios casos como el del hermano del alcalde de Cayambe. Otro grupo de seis jóvenes fue detenido esa misma noche y en el mismo lugar. “Nos detuvieron cerca de las once de la noche”, relata uno de los seis jóvenes detenidos en la ruta Collas, que por cuestiones de seguridad prefiere no ser identificado. “Eran dos militares. Me tomaron de los brazos, mientras el otro me golpeaba con el tolete, con puñetes y patadas. Esos golpes duraron una hora. Cuando empezó a llover nos puso en la calle a los seis detenidos, en medio de la calle. Nos dijo que nos liberaría cuando concluya la lluvia, sino aguantábamos eso, nos iban a seguir maltratando y no nos iban a soltar”.
De los 79 detenidos desde que inició del paro nacional, 26 lo han sido temporalmente, es decir: más del 30% de las detenciones fueron “secuestros temporales por parte de la Policía”, como dice Acero. “Y eso es solo el número que se nos ha reportado. Muchas personas luego de vivir esta represión están con miedo y no denuncian. Por lo tanto tampoco hay un registro oficial, lo que invisibiliza este tipo de ilegalidad, ni siquiera existen. Eso es muy preocupante”.
Militares sobre la Ruta Collas cerca de Guayllabamba: en esta zona falleció anoche la primera víctima por la represión de las Fuerzas Armadas. El joven intentó escapar del gas lacrimógeno y cayó por una quebrada. – FOTO: Emilio Bermeo/Alianza Ceibo
Según Acero, los secuestros temporales son un fenómeno relativamente nuevo. Estas detenciones ilegales se han observado desde la semana pasada en Quito, Tambillo, Guamaní, Nanegalito y en la provincia de Cotopaxi. Las dinámicas en los diferentes casos se parecen: la Policía detiene a una persona, se la lleva en el carro policial por la zona y se la libera después de media hora o después de unas horas en otra parte de la ciudad, por ejemplo en un cuartel policial o en una Unidad de la Policía Comunitaria (UPC).
Queríamos conocer la postura de la Policía Nacional frente a estas denuncias por parte de la de Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, pero desde el área de comunicación de esta entidad no se tuvo una respuesta específica, se nos remitió al pronunciamiento del ministro del Interior, Patricio Carrillo, que en rueda de prensa dijo: “Entre las disposiciones que se ha dado a la Policía Nacional es que el uso progresivo de la fuerza se haga bajo los principios de derechos humanos, de necesidad, de legalidad, de proporcionalidad y humanidad”.
Según el ministro del Interior, que en octubre del 2019 fue comandante de la Policía, “la violencia viene desde el otro lado. Estas expresiones de violencia no nacen de la Policía, eso quiero dejar absolutamente claro, y los daños colaterales que se puedan presentar no son producto de una exagerada represión, son producto también de una utilización de elementos que no son artesanales que utilizan para la protesta social”. Aseguró que al momento, 61 policías han sido heridos y golpeados por los manifestantes. Mientras que otros catorce han sido secuestrados.
Foto principal: Las organizaciones de derechos humanos del Ecuador denuncian los abusos de la Fuerza Pública: antimotín durante enfrentamientos la semana pasada en el Centro Histórico. (Nicolás Riofrío)