El valor de la democracia cuando hay fiebre de oro

Mentiras, persecuciones, encarcelamientos: Los habitantes de Girón en el sur de Ecuador tuvieron que enfrentar muchos impedimentos para realizar la consulta popular sobre la explotación de una mina de oro. Ahora llegó el momento. El gobierno y la empresa presionan hasta el último día.  

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En vista de los acontecimientos de los últimos días, queremos señalar que la siguiente investigación en San Gerardo y Girón tuvo lugar el lunes 25 de febrero de 2019. Todas las afirmaciones de los entrevistados se hicieron ese mismo día. Razón por la cual esta aclaración editorial es necesaria por el vaivén legal que culminó hoy en el pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC). Se señaló a través de un comunicado que “después de analizar y deliberar resolvió archivar la causa sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de las consultas propuestas (tanto a favor como en contra de la minería), ya que perdió competencia para el efecto”. Según artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional la CC tiene que declarar la constitucionalidad de las preguntas dentro de veinte días después que fueron presentados. Si no se pronuncia “se entenderá que ha emitido dictamen favorable”.

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  San Gerardo/Girón, Ecuador. – El camino al lugar de trabajo de Cecibel Ordoñez es empinado y resbaladizo. Se desciende por una ladera en donde las vacas pastan y una multitud de perros se están peleando entre sí. Cecibel Ordoñez lleva puesta una gorra, una chompa azul, laycras, botas de goma blancas y, cuando sonríe, aparecen estrellas doradas en sus dientes caninos. Está a punto de ordeñar a uno de sus animales. No recibe mucho por la leche, cuenta la campesina, los precios están en el sótano. Varios vecinos han emigrado debido a las duras condiciones de vida: al pueblo en el valle, a la ciudad, a otros países. El padre de Ordoñez se fue de San Gerardo hace más de tres décadas y se radicó en los Estados Unidos. La pequeña parroquia al sur de Ecuador, que pertenece al Cantón Girón, lucha contra la emigración. Y la empresa minera, que se instaló aquí hace unos años y que quiere explotar los recursos que yacen en el suelo de la región, lo sabe. Ofrece puestos de trabajo, fabula historias de progreso y desarrollo, y promete que a partir de ahora todo será mejor. Cecibel Ordoñez también confía en las palabras de INV Metals de Toronto, Canadá. El trabajo exploratorio de los últimos años ha demostrado que la migración podría haberse detenido, al menos un poco. “La mina proporciona a las familias un ingreso fijo”, afirma. Por eso pondrá finales de marzo un Sí en la urna: Sí a la explotación de oro, plata y cobre más arriba en la montaña. El problema: los tesoros están en el suelo de Kimsacocha. Y Kimsacocha, un páramo a 3.750 metros sobre el nivel del mar, abastece a todo el valle con agua limpia. Persecución durante el gobierno de Correa La comunidad de San Gerardo y sus habitantes están entre los pocos defensores del proyecto minero Loma Larga. La mayoría en el valle no quiere que se explote el oro. Desde hace años están intentando llevar el asunto a una Consulta Popular. Quieren que el No sea legitimado democráticamente. Pero encaminar un referéndum en el Ecuador no es tan fácil, sobre todo porque requiere la buena voluntad del gobierno Central. Mientras Rafael Correa (2007-2017) estuvo en el poder, estas condiciones no fueron dadas. Los habitantes recuerdan que al comienzo de su mandato el presidente prometió que no se extraerían metales en la zona. Pocos meses después cambió opinión. “En ese momento estábamos con un gobierno, no voy a decir reaccionario, sino más bien loco, liderado por un déspota”, dice Rigoberto Sánchez. El jubilado acomoda su gorra azul, tiene una barba gris de tres o cuatro días. Desde que puede pensar, cuenta Sánchez, defiende “los derechos de los demás”: primero en las plantaciones de banano y arroz en la costa, hoy en día en las fuentes de agua del lugar de su infancia. “Las esponjas de Kimsacocha van filtrando el agua poco a poco para que no se termine ni en el verano”, explica Sánchez. “Pero hay gente que este proceso no le interesa. Abren la llave sin saber de dónde viene el agua”.  Durante un discurso de Correa hace unos años, Rigoberto Sánchez se levantó y gritó a todo pulmón: ¡Viva Girón! ¡Viva el agua! Después se escapó por poco de ser encarcelado, y los militares lo persiguieron durante un tiempo. En la época de Correa, la persecución, el seguimiento y la vigilancia en Internet formaban parte de la vida cotidiana, al igual que la práctica de hacer callar a los opositores o, si fuera necesario, encerrarlos. Tres opositores que se manifestaron en contra de la mina en Kimsacocha fueron encarcelados en el 2010. Entre ellos figura también Yaku Pérez Guartambel, Presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y actual candidato al gobierno provincial de Azuay. Criado en la región, Pérez es uno de los impulsores de la Consulta Popular en Girón. Pero mientras las instituciones estatales estuvieron bajo el dominio de la administración Correa, fue difícil avanzar en casos como el de Kimsacocha. Los iniciadores de la consulta, del entorno de Rigoberto Sánchez como presidente de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua, del cantón Girón, tuvieron que esperar casi siete años hasta que recibieron luz verde del CNE a finales de 2018. Entre tanto hubo docenas de marchas, mítines y conferencias, tanto en Girón como en Cuenca y Quito. Más de cincuenta veces, cuentan los activistas, han viajado a la capital ecuatoriana, a más de quinientos kilómetros de distancia: a la Corte Constitucional, al CNE, a la fiscalía. Pero lo único que les decían en ese entonces era: vuelvan en seis meses, en un año, luego en tres meses, en dos semanas… Kimsacocha es un tema delicado. Y eso con razón. Porque el gobierno definió el proyecto Loma Larga como uno de los cinco proyectos mineros estratégicos para la economía del país. Un rechazo, así lo calculó el Viceministro de Minas Fernando L. Benalcázar, costaría a Ecuador 700 millones de dólares. Los mineros y su edad media De vuelta en la pradera de Cecibel Ordoñez, su empleada está volcando la leche en un recipiente de plástico, los perros ya se han calmado y están tumbados en la hierba. En la minería, como está prevista en Kimsacocha, se utilizan o se liberan metales pesados (mercurio, plomo o arsénico, entre otros). Entonces, la pregunta necesaria a Ordoñez, también candidata para la Junta Parroquial que se elige este mismo domingo es:¿Qué responde usted a los que están en contra de la minería por la contaminación? “Solo porque nosotros decimos que estamos a favor no es que estemos en contra del agua. Todos la necesitamos para vivir. Y en caso que las cosas estén yendo mal, nosotros seríamos los primeros en no estar de acuerdo o decir así no fueron los acuerdos”.  Cecibel Ordoñez cuenta que los que están en contra no saben a fondo lo que es una minería o lo que es la contaminación. “Mucho se habla de que después vamos a quedar con un desierto o que los niños van a nacer con malformaciones. Hay casos de personas que nacen con una discapacidad y en eso no se puede decir que es culpa del agua o del oro. Es algo supremo, es la voluntad de Dios”.  “La voluntad de Dios” hace que la edad media de los mineros sea menos de cincuenta años. Entre 31 y el 44 por ciento de los mineros están envenenados por mercurio y sufren pérdida de apetito, insomnio, ansiedad y manos temblorosas. Un estudio de la Defensoría del Pueblo de Colombia del 2015, un país con siglos de experiencia en minería, reveló que los hijos de los mineros sufren mayores trastornos neurológicos (8%) y enfermedades renales (6). De todo eso no se ve nada en San Gerardo. Todavía. INV Metals se asegura de ello personalmente. Han instalado una oficina a la entrada del pueblo “para la difusión y la información” sobre el Proyecto Loma Larga. En el jardín delantero de la casa, con vidrios espejados, se ven flores, en el propio edificio están colocados pisos e instalados muebles, que aquí muy pocos de los habitantes se pueden comprar. La persona responsable no está presente hoy en día. Cuando le pedimos información a su reemplazante, se asusta y no quiere entregar los sofisticados volantes que están colocados en los estantes. Nos tomamos la libertad de coger algunos de ellos sin preguntar y nos vamos de la casa. Hay desconfianza en la oficina de la “socialización de la minería”. ¿Y qué se lee en los folletos? Hablan de  la “nueva minería”, de “producción agroecológica” y de la “recuperación del conocimiento ancestral”, de una “organización de madres” y un “grupo de tejido” que se han creado en los últimos años. Las palabras responsabilidad, sustentabilidad y desarrollo social aparecen también una y otra vez. Las empresas mineras saben cómo quitarle el viento a sus críticos y apuestan a los llamados “proyectos sociales y ambientales”… INV Metals también juega esta carta, sabiendo que 206,000 onzas de oro pueden ser extraídas en Kimsacocha cada año. Proyectado en el plazo previsto de doce años, lo que significa casi 2,5 millones de onzas de oro. O en billetes: 3,12 billones de dólares. A esto habrá que restar los impuestos y sumar el valor de la plata y el cobre, que también se encuentran en el humedal. 15.000 personas versus 17 millones de ciudadanos En Kimsacocha se encuentran mucho en juego. Tanto es así, que en el 2015, poco después de que el CNE diera su consentimiento a la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua para que recogiera las firmas, un comité pro-minero, llamado “Unidos por el Desarrollo”, lanzó su propia petición para un referéndum, y también comenzó a recoger firmas. Esto debería confundir a los ciudadanos, explica Rigoberto Sánchez, “métodos del gobierno de Correa”. Era común en el Ecuador que se crearan organizaciones paralelas para dividir a la población y cortar de raíz las preocupaciones reales. Confusión se creó también durante la decisiva reunión del CNE en noviembre del año pasado, cuando se intentó de filtrar la petición de “Unidos por el Desarrollo”. El CNE estuvo a punto de decidir sobre la consulta de los pro-mineros y no sobre lo que se venía exigiendo desde la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua. El presidente de CNE en ese entonces, Gustavo Vega, habló de un boicot.  Sólo unos días después, el veredicto del CNE fue impugnado por el propio gobierno en Quito. No puede ser que 15.000 personas (la población de Girón) decidan el bienestar de 17 millones de ciudadanos (la población de Ecuador), argumentó el Viceministro de Minas Fernando L. Benalcázar. De todas formas, la solicitud fue rechazada. También los canadienses intentaron impedir la consulta. A través de su empresa junior INV Minerales Ecuador S.A se exigió la anulación de la decisión y se la llevó hasta el Tribunal Contencioso Electoral, la máxima autoridad electoral. Sin éxito. Pero eso no era todo: la empresa consideró también un posible arbitraje internacional frente al Estado Ecuatoriano si Kimsacocha no puede ser explotada. Además publicó una carta abierta de “Unidos por el Desarrollo” en su página web en la que denigran a los opositores de la explotación minera; la misma carta fue publicada por el diario El Mercurio en Cuenca. Y todo eso a pesar de que el año pasado parecía todo tan armonioso. En una entrevista con Jochen Staiger – CEO de Swiss Ressource Capital y editor ejecutivo de Commodity-TV con sede en Baviera, Alemania – la jefe de INV Metals, Candace MacGibbon, destacó la importancia de tener en cuenta a la población local. “Hoy en día la responsabilidad social es, quizás, el aspecto más importante de un proyecto minero”, dijo MacGibbon en su momento. La empresa, así dijo, responde a los deseos expresados por la comunidad. Se refirió a la población que está a favor del proyecto Loma Larga. Además mostró una diapositiva que destaca “el gran apoyo del gobierno y de la población local”. MacGibbon no dijo ni una palabra sobre la Consulta Popular…   La empresa que ayuda a desparasitar el ganado INV Metals, tarde o temprano, dejará Kimsacocha para buscar oro en otras partes del planeta. Pero las consecuencias para las personas y para el ambiente perduran en la región. A pesar de esta realidad el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de San Gerardo demuestra buena fe. “Ellos trataran de hacer lo mejor para no afectar ninguna fuente de agua”, dice Salvador Arévalo, portavoz de la Parroquia. “Esperamos que todo eso se dé”. Arévalo, maestro de obras, quien trabajó brevemente como chófer durante los trabajos de exploración para la construcción de Loma Larga, está ocupado esta tarde en el pavimento de adoquines para la escuela de la aldea. Un regalo de INV Metals. El eslogan de la empresa se puede leer en varios carteles de toda la Parroquia. Incluso, recientemente ayudaron a que se concrete la desparasitación de las vacas de la zona. En comparación con los tres millones de dólares de anticipo que la parroquia de 400 almas recibió del gobierno, son pequeños gestos. El dinero del estado se utilizó para pavimentar el camino, construir el centro de salud y las instalaciones sanitarias. Salvador Arévalo es miembro de la Comisión de Infraestructura de San Gerardo, entonces conoce bien estas cifras. Al preguntarle sobre la Consulta Popular y las posibles donaciones de la empresa minera, primero lo niega vehementemente, para luego añadir que no lo sabe. Solicitó ayuda de parte de INV Metals, pero no en forma de dinero. “Pedí un apoyo para unir a la gente y no estar tan solos”. Más tarde, caminando por la Parroquia, nos enteramos por los vecinos que a finales de febrero el GAD de San Gerardo, junto con INV Metals, organizó autobuses a Quito para que el grupo “Unidos por el Desarrollo” (que también incluye a Salvador Arévalo) se manifieste ante la Corte Constitucional. Se intentó todo para impedir la consulta del domingo que viene.  Así que la decisión del miércoles pasado, cuando un juez de Quito suspendió el referéndum después de un pedido de medidas cautelares de “Unidos por el Desarrollo” no fue ninguna sorpresa. Igual que la participación de Fernando L. Benalcázar en la conferencia anual de la Asociación de Prospección y Desarrollo Minero de Canadá al principio del mes. Como sabemos de fuentes bien informadas el Viceministro de Minas pidió a los inversores internacionales que no se preocupen por el proyecto Loma Larga. Los metales en el suelo del páramo Kimsacocha serán explotados. Sea como sea. Queriendo conocer la posición de INV Metals Canadá frente a la Consulta Popular, la CEO Candace MacGibbon nos puso en contacto con Jorge Barreno, gerente general de la empresa junior INV Minerales Ecuador S.A. Pero a pesar de nuestro insistencia hasta ahora no nos respondió. En cambio nos pidió “una adecuada traducción al español” de nuestras preguntas, “porque consideró que algunas deben ser precisas y claras para ser respondidas adecuadamente”. Texto: Romano Paganini Foto principal: Hace unos años atrás en la cárcel, ahora candidato para la prefectura de la Provincia Azuay: Yaku Perez Guartambel, uno de los impulsores de la Consulta Popular en Girón. (mutantia.ch)