“¿Dónde podemos juzgar a estos criminales?”

El abogado Pablo Fajardo es defensor de los pueblos afectados por la contaminación petrolera en la Amazonia ecuatoriana, a pesar de haber sido perseguido y amenazado. Al cumplirse un año de la sentencia en contra de Texaco/Chevron, expresa en una carta abierta su indignación sobre la impunidad de las transnacionales y se pregunta por qué el pueblo no accede a justicia.      

17 de julio 2019 –“Hemos ganado definitivamente esta batalla jurídica en las cortes ecuatorianas, es un triunfo del país, es un triunfo del mundo entero, los colectivos que luchamos por un ambiente sano”. Así se expresó el abogado Pablo Fajardo en julio 2018, después de que la Corte Constitucional en Quito rechazó la acción de protección interpuesta por la empresa Texaco/Chevron. En otras palabras: la Corte más alta del país ratificó la sentencia en contra de la transnacional por los daños ambientales ocasionados en la Amazonia durante el tiempo que operó en Ecuador (entre 1964 y 1992). Fue otra sentencia en contra de la empresa estadounidense con sede principal en Nueva York. Pero otra vez quedo sin consecuencias concretas. Algo parecido ha pasado después del fallo de un tribunal de Lago Agrio, que en 2011 sentenció a Texaco/Chevron a pagar 9.500 millones de dólares para reparar el daño causado en la Amazonia y su población. Como la empresa ya retiró todos sus bienes del país, Pablo Fajardo y sus compañeros de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco (UDAPT) optaron por acceder a otros Estados donde la empresa sigue operando: Argentina, Brasil y Canadá. Quedó en el intento. El último país que rechazó la apelación de UDAPT fue Canadá, en abril de este año. La justificación: Chevron Canada Limited es una entidad separada de Chevron Corporation y sus acciones y activos no pueden ser incautados por quienes procuran ejecutar una sentencia en Ecuador. Pocos días después, Pablo Fajardo se sentó en su escritorio tratando de comprender, buscando respuestas y encontrándose con una justicia que funciona según las demandas de los grandes capitales. El hombre de 47 años, que estudió jurisprudencia para tener las herramientas necesarias en la defensa de su gente, y que desde 2005 esta a cargo del caso, plasmó su indignación en una carta escrita entre lágrimas, rabia y esperanza.

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Entre rabia y esperanza

Hace más de cincuenta y dos años, la empresa petrolera Texaco, hoy Chevron Corporation, inició las actividades de explotación y extracción de hidrocarburos en la Amazonía Norte de Ecuador. En ese lugar, además de petróleo, había una exuberante selva, una riqueza vegetal animal e ictiológica extraordinaria, pero sobre todo, una diversidad de pueblos indígenas u originarios que convivían en plena armonía con la naturaleza. La naturaleza parte de ellos y ellos parten de la naturaleza. Habían desarrollado un elevado nivel de conocimiento de la selva, de los elementos de la vida. En palabras de Humberto Piaguaje, dirigente de la comunidad Siekoai, la selva llegó a ser su propio hospital, su farmacia, su mercado, su escuela y universidad, su lugar de recreación: la vida de los pueblos. Se desarrolló un trato respetuoso mutuo con ella. Nadie tumbaba un árbol sin antes pedirle permiso y, a menos que existiese una gran necesidad, nadie cazaba animales ni pescaba más de lo indispensable. Es decir, los pueblos tenían su propio seguro de vida para las futuras generaciones aun cuando se habían enfrentado a la época del caucho y a la presencia de unos cuantos misioneros del Instituto Lingüístico de Verano (1). Sin embargo, al iniciar sus actividades, la empresa Texaco/Chevron inmediatamente empezó a talar los árboles sin pedir permiso a nadie. La maquinaria que ingresaba al bosque generaba ruidos y espantaba a los animales. En los ríos se derramaban millones de litros de agua salada –conocida como agua de producción- y quien sabe cuántos galones del líquido negro y aceitoso llamado petróleo. En medio de los bosques se abrían carreteras y caminos cubiertos con crudo. En todos los sitios que se creía conveniente, se clavaban dagas para extraer, desde lo más profundo, aquella sangre del bosque llamada petróleo. Y en todo rincón también se abrían fosas para depositar lodos venenosos y basura, y se colocaban antorchas con lenguas de fuego -mal llamadas mecheros- debajo de las cuales se formaban verdaderos cementerios de insectos, aves y mariposas. El espíritu de la selva, que era quien daba vida a los pueblos, fue ahuyentado por los petroleros. La alimentación de los pueblos indígenas fue aniquilada, los recursos naturales fueron violados. La tierra quedó herida. Pero no solo eso: también muchas mujeres indígenas fueron violadas, acosadas, humilladas por empleados de Texaco/ Chevron. Los trabajadores de la petrolera se burlaban de la vestimenta, del idioma, de la alimentación de los pueblos indígenas. Se introdujo el licor para, de a poco, reemplazar a la bebida del Yaje de los pueblos originarios. Se acabó con la vida de los pueblos o nacionalidades Tetetes, Sansahuari, Siona, Siekoai y Kofan. Ellos, y luego también los campesinos, no tenían a quién ni a dónde recurrir. El Estado estaba listo con la fuerza pública para reprimir a los pueblos que se levantaban, no para defenderlos de la agresión. Puedo decir que se trataba de una masacre. Esa masacre, ese crimen, no ha pasado. Hoy, cincuenta y dos años después, sigue cobrando vidas. Según un último estudio de salud (2), cada año se generan por lo menos 200 nuevos casos de cáncer en la zona donde operó Texaco/Chevron, cifra que es realmente preocupante si la comparamos con el número total de población en esta zona. Existen algunos tipos de cáncer que son mucho más frecuentes allí que en otros lugares de Ecuador. El cáncer de estómago, por ejemplo, se encuentra ocho veces más en esta zona que en otras. La leucemia es cinco veces más frecuente. Al final, se trata de un crimen causado por una empresa petrolera en contra de la naturaleza, de los pueblos indígenas, de los campesinos, de la vida. Esos pueblos víctimas, que saben quién es el criminal, iniciaron hace más de veinticinco años una lucha jurídica, social, política y comunicacional: dejaron de ser víctimas y se convirtieron en protagonistas de una lucha por la justicia. Pero, ¿se ha logrado justicia, se ha logrado la reparación de sus territorios? No, no se ha logrado. Se produjo un crimen múltiple: ahora existen cientos de muertos y tenemos una selva destrozada, una tierra herida. Y el criminal no responde.

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En estos últimos años, hemos vivido una lucha especial en todo el continente: desde Canadá a Estados Unidos, Brasil y Argentina. Todo con el objetivo de lograr que la justicia en estos Estados valide nuestra sentencia de Lago Agrio, ya que Texaco/Chevron sacó su domicilio legal y todos sus activos de Ecuador en la década de 1990. Queríamos acceder a la justicia de los países donde esta empresa sigue operando.    Con mis compañeros de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco (UDAPT) analizamos las fortalezas y debilidades de estos países en cuanto a las normas jurídicas y a los instrumentos internacionales que regulan este tipo de procesos. Canadá, por ejemplo, aparecía en ese momento en el tercer puesto del ranking mundial de los países más transparentes. Canadá: un país fuerte donde supuestamente su sistema de justicia no estaba sometido a intereses corporativos ni económicos y, más bien, garantizaba un real acceso a la justicia. Seis años después no pienso lo mismo. Porque en el transcurso del tiempo, fuimos dándonos cuenta que el sistema de justicia canadiense, estadounidense, brasilero y argentino son la reproducción del sistema de injusticia global. Hemos comprobado en estos países que las transnacionales no solo controlan el mercado y el sistema financiero, sino también una buena parte de la academia, de los medios de comunicación y a los políticos. Y cuando los políticos son empresarios, el crimen es casi perfecto. Hoy las transnacionales también controlan la justicia. Los pueblos víctimas de crímenes corporativos no tenemos acceso a la justicia. O mejor dicho: la justicia no existe para nosotros. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que estamos enfrentando? ¿Cuáles son las piezas de la arquitectura que garantizan impunidad a las transnacionales? ¿O es que los pueblos indígenas, los campesinos, los pobres no tienen derecho a tener derechos?  Siempre decimos que existe un sistema invisible que protege a las corporaciones. Pero ¿cuál es este sistema y en qué consiste? La mejor escuela   -al menos para mí- es la vivencia, la práctica diaria. Y como abogado de UDAPT quisiera contextualizar la sentencia de Canadá, para que los lectores de esta carta comprendan que el sistema abstracto de “justicia” al cual estamos sometidos, beneficia al criminal y deja en indefensión a los afectados:

1 – Asimetría económica

Chevron Corporation contrató varios bufetes de abogados en Canadá, Brasil y Argentina, no solo para que la defiendan, sino para que ataquen a quienes defendemos a nuestros pueblos.  Puso a trabajar a más de 600 abogados en Ecuador, otros cientos en Brasil, Argentina y Estados Unidos, en total más de 2.000 abogados dispuestos a defender al criminal. Adicionalmente, contrató a decenas de empresas de comunicación y lobbies e incluso a otras de espionaje y persecución como la empresa norteamericana Kroll, por ejemplo. Es decir, implementó un verdadero ejército al estilo norteamericano.      Quienes ejercemos esta defensa -es decir, los miembros de la UDAPT- estamos acompañados, no por clientes, sino por más de 30.000 compañeros de lucha, todos pobres. No tenemos dinero para contratar expertos en ninguna materia ni para viajar y expresarnos en las cortes con la verdad. Y lo peor es que, por ejemplo, Chevron logró que en Canadá su sistema judicial ordene a los indígenas y campesinos afectados por la contaminación petrolera que paguen los gastos del juicio a Chevron Corporation, fijadas en 350.000 dólares canadienses. Es decir: a los pobres que luchan por el bien común y por la vida, la justicia les impone una orden de pago en beneficio de quien destruye el planeta. En otras palabras: la víctima debe pagarle al criminal.

2 – Juridicción

Tuve esperanza, pero ahora alego que la justicia canadiense, de Estados Unidos, de Brasil y de Argentina no son un foro conveniente: los jueces de esos países no tienen potestad para juzgar a las empresas transnacionales. Entonces, ¿cuáles son los jueces competentes que pueden juzgarlas? ¿Dónde están? ¿A qué corte de justicia pertenecen? O más directo: ¿Dónde podemos juzgar a estos criminales?

3 – Subsidiarias

Este es el problema más grave y fuerte que nos toca enfrentar como pueblos víctimas de crímenes corporativos. El argumento expuesto por Chevron Corporation en cada Estado fue que los bienes de Chevron en Canadá, Brasil o Argentina no son de propiedad de la casa madre de Chevron en Estados Unidos. Ellos dijeron que a una empresa subsidiaria no se le puede cobrar una deuda que es de otra empresa. Hicieron aparecer a cada empresa local como autónoma, como independiente, que no está sometida a la matriz. Sabemos y comprendemos que eso es falso, que todo el dinero que invierte Chevron Corporation en cada país viene de su matriz y que la utilidad o el dinero, muchas veces manchado de sangre en cada Estado, va al bolsillo de los accionistas de Chevron Corporation. Todos sabemos eso, menos los jueces de Canadá, Brasil y Argentina. En Canadá, por ejemplo, existen siete empresas subsidiarias entre Chevron Corporation y Chevron Canada Limited, todas creadas en paraísos fiscales. Pero, finalmente, todas son de propiedad de Chevron Corporation, tal como se evidencia en sus propias declaraciones ante la SEC (3) en Estados Unidos.

4 – El sistema de arbitraje de diferencias Estado – inversor

Este es el mecanismo de apoderamiento total de la justicia en el mundo. Implica cerrar la coraza que volvería invulnerable la defensa de las transnacionales. Cuando Chevron Corporation se dio cuenta que la prueba que habíamos acumulado en el expediente en Lago Agrio era contundente, que la petrolera jamás podría demostrar que no hay contaminación y que no son ellos los responsables de ese crimen, cuando vio que la prueba nos volvía invencibles en Ecuador, optó por recurrir a un panel de árbitros privados, bajo el sistema UNCITRAL de Naciones Unidas. Allí planteó un arbitraje en contra del Estado ecuatoriano. A nosotros como UDAPT, ese arbitraje no nos preocupó. Se trataba de un proceso de Chevron contra el Estado ecuatoriano. Nunca fuimos, ni somos parte de ese arbitraje. Sin embargo, es evidente que Chevron, con apoyo de los árbitros privados, tiene toda la intención de afectar nuestros derechos, de impedir que nuestro caso siga adelante, de lograr que el Estado se inmiscuya en un juicio privado.      Esta realidad se refleja en el laudo arbitral emitido el pasado 30 de agosto del 2018, en el cual los árbitros, contra toda norma expresa y en un franco abuso del derecho, ordenan al Estado ecuatoriano que anule la sentencia del caso Lago Agrio, que impida que los demandantes podamos ejecutar la sentencia fuera del Ecuador y que el Estado ecuatoriano proceda a pagarle a Chevron Corporation las costas y el daño moral que le hemos causado con este proceso. Esas disposiciones son inaplicables, son inconstitucionales. No es posible que con el arbitraje internacional se pretenda afectar el derecho de terceros que no fueron parte del arbitraje. Este hecho es grave. De ejecutarse esa disposición, estaría sentándose un grave precedente, pues el derecho económico y comercial estaría imponiéndose a los derechos humanos. Presumimos que Chevron Corporation logró someter al Gobierno del Ecuador a sus intereses; hoy, este gobierno es una pieza más del sistema que sirve para garantizar la impunidad a las transnacionales.

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Ahora siento una tristeza enorme, pero más que una tristeza, una rabia incontenible, rabia que hace que a cada rato salten mis lágrimas y me neutralicen. Yo pienso en mis hermanos que están en la Amazonia, en los que padecen cáncer, en los que luchan por la vida. Pienso en los que sueñan con una reparación urgente para evitar que nuestros hijos sean víctimas de este crimen. Pienso en la vida, en la selva, en los ríos. Vivir toda esta realidad de dolor, humillación, exclusión y muerte en nuestra selva no es fácil. Pero aún más complejo es vivir una realidad de injusticia, de desprecio en la justicia, de difamación constante, de persecución y amenazas a quienes defendemos los derechos de nuestros compañeros. En verdad, a veces parece que la esperanza se pierde, se termina, que es imposible seguir batallando contra todo un sistema. Pero de pronto miras a tu alrededor y logras ver a miles de personas en la selva, a campesinos e indígenas y a tus amigos y compañeros enfermos que, pese a estar enfermos, siguen luchando y te dicen que no claudiques, que si no logramos que esto se repare todas nuestras futuras generaciones estarán a la deriva, viviendo en este crimen. Levantas la mirada al mundo y logras ver a miles de personas dispersas por todo el mundo que batallan igual que nosotros y que apoyan luchas como estas; te das cuenta que existen colectivos y organizaciones no gubernamentales que tampoco se dan por vencidas y que te dan muchas palabras de esperanza. Entonces, otra vez uno se levanta y dice: “Carajo, solo el día que muera se habrá terminado esta batalla para mí. Mientras pueda respirar, mientras tenga vida, mientras tenga compañeros y compañeras, la esperanza no se apagará. Gracias a todos ustedes por generar ese rayo de esperanza. Que la naturaleza, la tierra, la selva, los ríos o Dios se los pague. ¡La lucha continua!” Con cariño Pablo Fajardo Mendoza (1) ILV es el Instituto Lingüístico de Verano, un grupo misionero norteamericano que llegó a la selva amazónica del Ecuador en 1957 con el fin de “evangelizar” a los pueblos indígenas. Luego este grupo sirvió de punta de lanza para el ingreso de la empresa Texaco/Chevron en territorio de los pueblos indígenas. (2) El estudio fue realizado por la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco (UDAPT) y la ONG Clínica Ambiental que realiza actividades de salud integral en las provincias de Orellana y Sucumbíos. UDAPT reúne de forma colectiva a las Nacionalidades Indígenas, Siona, Siekopai, Kofan, Comunidades Shuar, Kichwas, Waorani y campesinos.  (3) La SEC es la entidad de control corporativo de Estados Unidos. Todas las corporaciones registradas en ese país deben indicar cuál es su patrimonio. Allí se llena el formulario conocido como 10-K. Chevron Corporation ha declarado en esta instancia que su patrimonio está compuesto por las subsidiarias en Canadá, Brasil y Argentina. Foto principal: “Justicia ya” – Oleoducto entre Lago Agrio y Esmeraldas, Ecuador (Silvia Fumagalli).      Fotos en el carrusel: Silvia Fumagalli