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Ecuador tenía la oportunidad de fortalecer los derechos de las mujeres. Pero no lo hizo. El voto en contra del aborto en caso de violaciones no fue a favor de la vida, como pretendía la Iglesia. Porque si contrarrestamos los datos sobre la violencia de género en el país, se evidencia que los asambleístas votaron en contra de las mujeres.
2 de octubre 2019, Quito, Ecuador. – Lo que pasó a mediados de septiembre en Ecuador sucedió de manera parecida en Argentina hace trece meses. Mientras la Asamblea Ecuatoriana votó en contra de la despenalización del aborto en caso de violaciones, incesto, estupro o inseminación no consentida, los Senadores del Rio de la Plata rechazaron el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En mayo de 2019 se presentó el proyecto por octava vez en doce años.
Como en Argentina, en Ecuador influyó también el poder eclesiástico representado por el grupo Pro Vida. Este grupo no solamente desacredita a las personas que están a favor del aborto en caso de violación, gritándolas “asesinas”, sino que juega con un elemento clave dentro de la doctrina católica: la culpa. Así, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana pidió tres días antes de la votación en la Asamblea orar por “aquellos que, confundidos o presionados, pretenden negar el derecho a vivir” y preguntó: “Quiénes somos para dar muerte a un ser inocente e indefenso?”.
Cabe preguntar: ¿Quiénes somos para obligar a una nena o a una mujer a parir por haber sido violada?
Hasta ese momento, Ximena Peña, actual presidenta de la Comisión de Justicia y por lo tanto representante del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) donde consta el asunto, contaba con 75 votos a favor, es decir, 5 más de los necesarios. Pero, finalmente, los resultados de mediados de septiembre fueron distintos: 65 votos a favor versus 59 en contra, 6 abstenciones y 7 ausencias. El resultado, según la Asambleísta Jeannine Cruz, se debe en parte a los cambios en el texto emitidos a último momento por la misma Ximena Peña.
Mientras los Pro Vida festejaban entusiasmados frente a la Asamblea en Quito, mujeres de diferentes organizaciones sociales gritaban al otro lado de las rejas: Asesinos, asesinos son ustedes. En abortos clandestinos, las que mueren son mujeres.
“Ni dogmas ni creencias en textos legislativos”
La que generó el espacio dentro del parlamento ecuatoriano para que se debata sobre el tema fue la antecesora de Ximena Peña, Marcela Aguinaga, de 46 años. En 2014, como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, era afín a la línea política de Rafael Correa, que estaba (y está) en contra del aborto y en este sentido se manifestó públicamente. Ni siquiera había permitido un debate sobre el tema.
Pero Marcela Aguinaga fue alejándose del poder institucional durante los últimos años y empezó a revisar su postura, abriéndose más hacia las realidades dolorosas que viven muchas mujeres del país. Unas de ellas es la naturalización de la violación. “Un político debe reconocer que con el paso del tiempo sus criterios se modifican”, decía Aguinaga en mayo, solo un par de minutos después de que la comisión de Justicia aprobara el nuevo COIP, incluyendo el aborto por violación. “Uno se va sensibilizando y comprende que las creencias son personales y como legislador debes legislar desarraigado de todos estos sentimientos”.
En aquel entonces, a una periodista del colectivo Wambra respondió que la decisión de la Comisión mostraba una gran apertura y madurez: “Me parece que la sociedad ecuatoriana tiene que ser más sensible ante estas realidades que son, lamentablemente, más comunes de lo que quisiéramos. Ojalá que algún día tengamos una sociedad de paz y no de agresión y violencia hacia la mujer”.
Después de la votación en contra del aborto, a la abogada no le quedó más que denunciar a su sucesora Ximena Peña por su jugada a último momento, y emitir por Twitter: “Ni dogmas ni creencias en textos legislativos, así como tampoco ni demagogia ni populismo”.
No es que Marcela Aguinaga haya modificado su opinión sobre el aborto, así lo dijo en varias ocasiones. Pero lo que le hizo revisar su postura fue “el acceso a información más destacada”. Además, así nos mencionó en mayo, trabajaba en un equipo donde todas y todos eran jóvenes. Inclusive mujeres aliadas al movimiento feminista.
Las informaciones a las que Aguinaga se refería eran y son públicas: todas y todos los Asambleístas tenían y tienen acceso a ellas. Pero, en caso de que existan dudas, las repetimos en esta ocasión.
- Un cuarto de las mujeres en Ecuador ha sido víctima de violencia sexual, y pocas de ellas -menos del veinte por ciento- denuncian su situación por miedo a amenazas o porque no las toman en serio.
- Dos tercios de las personas desaparecidas en Ecuador son mujeres, la mayoría entre 12 y 17 años.
- Cada año 3000 niñas entre 10 y 14 años son obligadas a seguir un embarazo de alto riesgo, mayormente debido a una violación.
- Entre el 2013 y 2017 se registraron 301 procesos penales contra mujeres que abortaron. 60% de ellas eran adolescentes de hasta 19 años, 40% eran afro-ecuatorianas.
Estos datos fueron revelados el año pasado por mujeres y personas trans, de distintas organizaciones sociales de Ecuador, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno ecuatoriano también fue invitado por la CIDH, pero canceló su participación a último momento. “No se sabe qué aterra más”, declaró uno de los comisionados, “si ver la silla vacía que le corresponde al Estado de Ecuador o escuchar esta gran cantidad de ignominias de las que son víctimas las mujeres ecuatorianas”.
A estos datos hay que agregar los del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y los de la Fiscalía general del Ecuador: el primero destaca que entre 2009 y 2016 parieron 17.448 niñas menores de catorce años. El segundo habla de casi 14’000 violaciones en el lapso de tres años: 11 cada día. Y a pesar de que un Si de la Asamblea no hubiese impedido las violaciones, significaría un reconocimiento a la problemática social sobre los Derechos Humanos de las niñas y los derechos reproductivos de las mujeres. Ademas hubiese sido una señal a los hombres. En este sentido se puede decir que el voto del 17 de septiembre no fue netamente en contra del aborto. Fue en contra de la mujer.
“La Policía no conoce las dinámicas”
Conseguir datos acertados de parte del Estado, por ejemplo sobre femicidios, es difícil. Faltan estadísticas, faltan funcionarios especializados, falta interés. Es el reflejo del voto en la Asamblea. Esta invisibilización lleva a una falta de confianza de las víctimas de violencia para expresarse y denunciar. Entre 2014 y 2015 fueron asesinadas 188 mujeres por violencia de género, pero solo 45 casos fueron calificados como femicidios. Y únicamente 15 recibieron una sentencia condenatoria.
“Muchos femicidios sexuales ingresan como ‘trámites administrativos’ por muertes naturales”, destaca la abogada Mayra Tirira (31) como uno de los mayores problemas. “Y eso a pesar de que a la mujer se la encuentra semidesnuda y con un grupo de amigos”. Solo si la familia sospecha del proceso judicial se inicia una investigación acorde.
Para la abogada del colectivo Surkuna, una fundación que defiende a mujeres criminalizadas, la gran falencia es la falta de formación y capacitación dentro de las instituciones estatales. “No existe una policía que conozca la dinámica de los delitos contra las mujeres y pocos de los fiscales de género tienen una formación especializada. Y los que sí la tienen, no la han recibido por la fiscalía sino por cuenta propia”. Similar es la situación con los jueces, dice Mayra, y menciona el caso de Teresita, una mujer que sufrió violencia por parte de su marido. “En la sentencia la jueza afirmó que los hombres tienen derecho a corregir a las mujeres de forma suave”.
Las familias hacen justicia
Mayra conoce la violencia de género de cerca. Su prima, Johanna Cifuentes Rubio, fue asesinada en el año 2006. Ocho años después (año en que se constituyó Surkuna), Mayra se encontraba trabajando de forma independiente en temas de derechos humanos, y fue en ese momento cuando decidió reabrir el caso del asesinato de su prima. Empezó a reconstruir aquella noche, cuando Edison, ex-novio, de 36 años, interceptó a Johanna en el bus y la apuñaló cerca del Parque Chillogallo, al sur de Quito. Los testigos consideraron este hecho como una pelea de pareja y no se metieron. Johanna logró escapar y pedir ayuda en una panadería, el panadero intentó auxiliarla, pero la joven de 19 años, que trabajaba en una casa de lentes e iba camino a cuidar sus sobrinos pequeños, murió apuñalada por su ex-novio.
Mayra cuenta la historia del asesinato de su prima con tranquilidad y precisión, con aquella paz de alguien que sabe que finalmente se hizo justicia. La investigación, que Mayra inició años después junto a la hermana mayor de Johanna, terminó en Venezuela: allí Edison se escapó y vivió bajo otro nombre. Pero con la Policía e Interpol, las dos mujeres lograron extraditarlo y en 2016, diez años después del asesinato, Edison fue sentenciado a 25 años de prisión. Su propio drama familiar sirve para ilustrar lo que sucede con muchos femicidios: “Cuando mencionan que ‘se hizo justicia’ decimos que no”, enfatiza Mayra, “nosotras hemos hecho justicia, no la fiscalía. Son las familias quienes realmente hacen justicia”.
Como desde el Estado no hay una política consolidada respecto a la violencia de género, muchas de las familias cuentan con el apoyo de organizaciones sociales como Surkuna o Vivas Nos Queremos. Ellas organizan plantones, movilizaciones y marchas, visibilizando la problemática. Una problemática que no solo se manifiesta en Ecuador. En Brasil, por ejemplo, en 2013 surgió la campaña Mi primer acoso que viralizó miles de relatos del hostigamiento que sufren las mujeres. Fue la versión latinoamericana y de vanguardia del movimiento #MeToo (“Yo también”) que desde 2017 ha repercutido en docenas de países del norte del globo. Se pueden sumar, como ejemplos paradigmáticos, la Ola Verde en Argentina (por la despenalización del aborto), el Ni Una Menos (2015) y las huelgas feministas de las estudiantes chilenas en 2018, además del Paro Internacional de Mujeres cada 8 de marzo.
También en Ecuador las mujeres han expresado su indignación por las violencias múltiples que sufren día a día: violaciones, desapariciones, femicidios y criminalizaciones por aborto. En torno a este tema se han conformado alianzas entre organizaciones sociales, mujeres académicas, activistas sociales e inclusive representantes de la Asamblea Nacional que exigen la despenalización del aborto. Algunas, a partir de las experiencias de Uruguay, Puerto Rico, Cuba y Ciudad de México, piden despenalizar el aborto en cualquier situación; otras exigen este derecho solo en caso de violación o incesto.
“Parte del movimiento de mujeres busca cambiar los prejuicios sociales y otra parte interpela al Estado”, explica Cristina Burneo (42) que nos recibe en su oficina. “Creo que las luchas en el siglo XXI se sitúan en esos horizontes y por eso han sido tan abarcadoras, y responden a una diversificación interna del feminismo que es enorme y que no puede entenderse sin una coalición con luchas anticapitalistas, antirracistas y anticoloniales”.
“Este problema está ligado a la pobreza, ya que en su mayoría son mujeres pobres que no tienen acceso a un aborto seguro.
La pobreza a la vez está ligada a la etnia y la etnia a la clase”.Cristina Burneo, docente y feminista
En Ecuador conviven los feminismos populares y urbanos con las luchas de las mujeres campesinas e indígenas, con legados como el de Dolores Cacuango (1881-1971) o Tránsito Amaguaña (1909-2009). Pero las luchas más relevantes, por haber sido silenciosas y haber levantado la voz, están en las mujeres afrodescendientes, montubias, amazónicas y andinas, que luchan desde hace décadas contra el racismo, el extractivismo, las violencias que viven cotidianamente. Como otras representantes del movimiento en Ecuador, Cristina Burneo entiende la despenalización del aborto como un tema que, “más allá de los diferentes matices”, unifica a las feministas ecuatorianas y a la vez es un parteaguas para comprender la conciencia de género en la sociedad.
La escritora y profesora de letras se emociona al observar a los estudiantes de la Universidad Andina, donde ella trabaja, con proyectos y trayectorias académicas cada vez más claros en lo que se refiere al análisis de género: mujeres de 25 años en adelante que investigan y reconstruyen la memoria de las luchas de las mujeres ecuatorianas y que generan nuevas preguntas. Cristina describe esto como una inquietud permanente por querer recuperar y conservar la memoria viva.
A pesar de esta efervescencia académica, Burneo advierte una tendencia alarmante en el movimiento de los últimos años, justo, si se habla de la despenalización del aborto. “Este problema está ligado a la pobreza, ya que en su mayoría son mujeres pobres que no tienen acceso a un aborto seguro. La pobreza a la vez está ligada a la etnia y la etnia a la clase. Me parece que últimamente estos puntos se tienden a despolitizar, no solamente en Ecuador, también en Colombia o en Perú, y es lo que tenemos que pensar críticamente para seguir actuando”.
“Mujeres y hombres fueron violentados”
Mientras las luchas de las mujeres en las ciudades se hacen cada vez más grandes y mediáticas, las comunidades indígenas -muchas veces expuestas a la misma problemática- tienen otros matices para enfrentarlas. Blanca Chancoso (64), por ejemplo, que acaba de concluir el Congreso de las Mujeres Indígenas en el Instituto de Misioneros Seculares, en el norte de Quito, es muy cautelosa cuando habla sobre el tema. Y antes de responder las preguntas, la presidenta de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) lleva la conversación al pasado, cuando la conquista española obligó a los hombres a vivir bajo la dependencia laboral en las haciendas y las mujeres, que también trabajaban allí, ganaban mucho menos. “Tanto los hombres como las mujeres fueron violentados por un trato racista”, destaca Blanca Chancoso. Pero no solo eso: los dueños de las haciendas golpeaban y violaban a las mujeres. “Entonces, si ellos tenían este derecho ¿qué derechos tenían los maridos en casa? Que el hombre pegue a la mujer se veía como algo normal”.
Madre, abuela y educadora, Blanca Chancoso es una de las más de cincuenta mujeres indígenas de todo Ecuador que se reúnen cada tres meses para discutir temas urgentes. Quisieran verse más y debatir amenazas actuales, como la industria minera o las otras violencias dentro de sus comunidades, pero no pueden por los costos del viaje y los tiempos en casa. “Tenemos que cocinar, limpiar, planchar, cuidar la chacra, los animales, los niños y hacer todas las cosas que el hombre no hace. Por eso no tenemos tiempo para hacer política”.
Y no son las únicas. Según cifras de la ONU del año 2017, ni un cuarto de los parlamentarios a nivel mundial está representado por mujeres. En los cargos ministeriales son menos del veinte por ciento. Además, se ven expuestas a violencias en el trabajo, en las escuelas y universidades, en el gimnasio, en la calle, pero sobre todo entre sus propios familiares: padres, hermanos, primos o tíos.
Sin embargo, el término “feminista indígena” no le cabe a Blanca Chancoso pues “crea difusiones”, dice. “Nosotros en las comunidades también sufrimos violencia de género, pero no tenemos una competencia con el hombre como suele ser el caso en las ciudades. Nuestra lucha en el campo se centra en la defensa del agua, de la tierra y de los colectivos”.
Es una lucha que se extiende a páramos y bosques, ríos y lagunas, campos y manglares, o sea, en la base de la vida de kari (hombre) y warmi (mujer), no importa donde vivan. La lucha de las mujeres es por equidad y justicia, no importan los matices. Y, por lo tanto, hablar de feminismo en las comunidades indígenas implica una consideración de todos los cuerpos y territorios.
Texto: Marizu Robledo & Romano Paganini
Foto principal: Dogmas más fuertes que derechos: mujeres durante una performance a mediados de septiembre de 2019 en la Plaza Grande de Quito, poco después de que la Asamblea Nacional decidió negar la despenalización del aborto en caso de violación. Todas las imagenes en esta nota pertenecen al Colectivo de mujeres Surkuna de Quito, Ecuador.