Este lunes el sindicalista bananero Jorge Acosta se tiene que defender frente a una Unidad Judicial Penal. Es un capítulo más dentro de la persecución y el hostigamiento en el sector bananero del Ecuador. Nuestro mapa ilustra algunos de los conflictos laborales de los últimos años y comprueba que quienes tratan de defender sus derechos, corren varios riesgos.    

15 de febrero de 2020, Quito. – El encarcelamiento temporal de Jorge Acosta, coordinador de Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas Bananeros y Campesinos (ASTAC) una semana atrás, alarmó a docenas de personas y organizaciones, tanto dentro como fuera del país. La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) de la provincia de Los Ríos habló de la detención ilegal y fraudulenta de Acosta y la Defensoría del Pueblo consideró que la situación pone en riesgo su derecho a la libertad e integridad. Desde Europa se manifestaron ONG’s de Noruega y de Suiza. Y Oxfam-Alemania, hace unos días, escribió una carta, donde determina que la demanda contra el sindicalista bananero “parece como un pretexto para sancionar un defensor de derechos humanos de los trabajadores bananeros”. La organización incluso pidió a sus aliados reenviar el comunicado a la fiscal Diana Salazar, a la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y a Freddy Carrión de la Defensoría del Pueblo. “Hemos notado”, sigue Oxfam, “que en muchos casos durante los últimos años no hubo justicia para las víctimas de conflictos laborales en plantaciones bananeras”.

La misma impresión parece tener el colegio de abogados de Estados Unidos. Para el proceso que se lleva a cabo este lunes a la tarde ante la jueza Gabriela Sornoza Barreiro en Babahoyo, la institución envió un veedor a Ecuador. Según Jorge Acosta, el abogado viene para ver el comportamiento de la justicia en el país.

Sospecha que sean los mismos demandantes 

El detonante de la situación actual fue el pedido de Jorge Acosta a la Unidad Judicial de Babahoyo, de proporcionar una copia de la acción de protección, presentada el año pasado por trabajadores bananeros. Es un papel necesario para llevar a cabo la demanda de los 46 trabajadores, que después de haber intentado formar un sindicato en la Hacienda La Julia de la empresa Calajusa -el dueño es el empresario Álvaro Noboa- fueron despedidos. “Además, la acción de protección es un documento público y el juez lo tendría que facilitar”, dice Leonardo Jiménez Vergara, abogado y representante legal de ASTAC. Pero este 7 de febrero de 2020 nadie quería dárselo a Acosta, que además es miembro de la CNA de la Provincia Los Ríos.

Después de que el juez salió de su despacho, Acosta le mencionó un escrito de un integrante de la CNA, que ya haya solicitado dicha información. Al oír eso -según ASTAC- se alteró y ordenó la detención de Acosta. En ese momento, el sindicalista saca su celular y empieza a documentar los hechos con la cámara. Es por esto que ahora está acusado por violación a la intimidad. “Jorge trato de documentar el abuso de poder de parte del juez”, dice el abogado Jiménez Vergara e indica el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Allí se detalla lo que significa intimación y dice, entre otras cosas: “No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley”.

La demanda contra Jorge Acosta es la segunda en menos de un año, en abril 2019 recibió una notificación por parte de la Fiscalía de Guayas, ante la denuncia de presunto delito de “Pánico Económico”. Le acusaron de perjudicar al mercado bananero del Ecuador y que recibe dinero de otras industrias bananeros en la región. “Dicen, que yo, por mi trabajo como defensor de los derechos de los trabajadores, beneficio a la competencia en otros países”, declara Jorge Acosta.

Llamativo: en los dos juicios hay pedidos de información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre la situación de Jorge Acosta, “algo que no tiene nada que ver con los casos en sí”, como dice su abogado Jiménez Vergara. “Por eso pensamos que teniendo los mismos absurdos pedidos que detrás de estos dos juicios esta la misma persona o un mismo grupo de personas”. 

 

Los empresarios impugnan organización laboral 

Los dos juicios en contra de Jorge Acosta y las diferentes amenazas que sufrió –en 2018 incluso una amenaza de muerte– vislumbra la problemática en el sector o mejor dicho las problemáticas porque son varias las situaciones adversas que enfrentan l@s trabajadores en los monocultivos de las principales provincias productivas como son Los Ríos, Guayas y El Oro. No es solo el riesgo de constituir un sindicato. El labor en si es un riesgo constante, sin ningunas garantías. Un ejemplo es el accidente de tránsito a principio del año en Valencia, provincia de Los Ríos, donde dos trabajadores bananeros murieron en camino hacia su labor.

Solo en los últimos dos años perdieron al menos 150 trabajadores por haber intentado organizarse.

La mujer recién ha cumplido 18 años, el varón tenía 17, pero venía trabajando desde hace cuatro años en las bananeras. Los dos menores, que según ASTAC trabajaron por la empresa Cobanafin S.A., no estaban afiliados al IESS. Otro ejemplo es la exposición a agroquímicos como el Paraquat o el Mancoceb, que en otros países hace años están prohibidos. O las fumigaciones aéreas, muchas veces aplicados, sin que el patrón avise previamente a l@s trabajadores para que salgan de las plantaciones. Además del trabajo duro que realizan los que enfundan los racimos, los que apuntalan a las plantas, los que cargan los racimos hasta las estaciones de lavado, se vuelve a fumigar y se empaca el banano: ellos no pueden vivir con el sueldo que cobran, muchas veces por abajo de $ 20 dólares americanos diarios.

“La mayor parte de ellos no logran cubrir un salario mínimo”, escribió el Instituto de Estudios Ecuatoriano (IEE) en su informe el año pasado junto a la Fundación Friedrich Ebert de Alemania. Se destaca también “la acción violenta y sistemática de las empresas para evitar la organización de los trabajadores”. El 80 por ciento de las personas que fueron entrevistadas por el IEE, dicen que no hay forma de organización laboral dentro de la empresa y solo 4 por ciento afirmaron que las fincas permiten organizarse en sindicatos o pertenecer a organizaciones de trabajadores.

Solo en los últimos dos años perdieron al menos 150 trabajadores por haber intentado organizarse. Un dato que ASTAC presentó el año pasado en una carta a la Organización Internacional de Trabajo. El “vacío sindical” como lo formula el IEE es real y eso en uno de los sectores económicos donde más personas trabajan; 200.000 personas en Ecuador dependen directamente de la industria del banano, 2 millones indirectamente, pero por falta de registro dentro del Ministerio del Trabajo no se conoce el número exacto de los sindicatos agrarios en el país, así alude el IEE.  ASTAC, que se constituyó en el año 2009 con 66 trabajadores, sigue sin reconocimiento legal -a pesar que hoy en día cuenta con alrededor de 1.400 miembros.  

Mapa: Victoria Jaramillo

Texto: Romano Paganini