El virus está destapando las desigualdades

La falta de recursos, la mala nutrición y el bajo acceso al sistema de salud pone en riesgo a los grupos empobrecidos del Ecuador, no solamente son más propensos a contagiarse de COVID-19, sino que su índice de mortalidad es mucho más alto. La emergencia sanitaria por la que atraviesa el país incrementará las desigualdades socioeconómicas.

30 de marzo de 2020, Quito. – Al séptimo día de cuarentena obligatoria por el COVID-19 en Ecuador, Carlos Castellanos recibió la llamada de un comerciante minorista que lleva varios días sin salir a trabajar y, por esa razón, tanto sus provisiones como su dinero se agotaron. Castellanos es el presidente de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae) que a partir de la cuarentena recibe cada día alrededor de 20 llamadas, en las que trabajadores y comerciantes buscan su ayuda para sobrellevar esta crisis. 

Se habla de dos factores de riesgo respecto al COVID-19: la edad y las enfermedades preexistentes. Sin embargo, los grupos empobrecidos están más expuestos. En muchos casos, al no tener una nutrición adecuada, su sistema inmune se ve debilitado. Además, su probabilidad de tener enfermedades preexistentes es más alta, por lo que se puede hablar de la condición socioeconómica como un tercer factor de riesgo. Su sistema inmune, en muchos casos debilitado, no tiene suficientes recursos para combatir el virus. “El discurso del Estado dice ‘quédate en casa’, pero dentro de estos hogares hay otro discurso, que dice ‘si no me mata el Coronavirus, me van a matar el hambre y la necesidad’”, afirma Castellanos. “Una familia de 4 personas mantiene sus hogares con 8 o 9 dólares al día. En este momento, al no poder salir a trabajar, no tienen ningún recurso económico”.

En efecto, los ciudadanos que compran en supermercados y pueden permanecer en casa tienen una gran ventaja sobre aquellos que se ven obligados a salir y enfrentar la crisis para ganarse la vida o quienes no tienen un hogar donde quedarse, ni una fuente de ingresos. 

Más del 60 por ciento de la población económicamente activa del Ecuador—alrededor de 5 millones de personas—vive en el desempleo o no tiene un empleo adecuado, lo cual los deja en un estado de vulnerabilidad. Según investigaciones sobre otras epidemias, las condiciones de pobreza pueden exacerbar la tasa de contagio debido a la falta de prevención, protección y nutrición. 

De acuerdo al economista Alberto Acosta, esto desnuda la realidad de la injusticia social e incluso puede conducir a un aumento de la pobreza. “Los problemas que sufren y que abordan estos grupos marginados y desprotegidos se agudizan con la pandemia y también con las medidas [de distanciamiento social] adoptadas por el gobierno”, advierte el ex-presidente de la Asamblea Constituyente y ex-candidato a la Presidencia de la República. “No digo que las medidas no sean necesarias, pero sí hay que pensar en cómo atender a esa gente que no puede acogerse a estas medidas, que ya plantean de plano una suerte de inequidad de clase”.

 

Economia debilitada 

Los niveles de pobreza en la región son altos y crecerán debido a la pandemia. Es evidente que mucha gente no tiene los recursos que le permitirían permanecer en cuarentena. En ese marco, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, destacó que el COVID-19 pone en riesgo un bien público global esencial, la salud humana, e impactará a una ya debilitada economía mundial. 

La alta funcionaria de las Naciones Unidas explicó que la Cepal “estima una contracción de -1,8% del producto interno bruto regional, lo que podría llevar a que el desempleo en la región suba en diez puntos porcentuales. Esto llevaría a que, de un total de 620 millones de habitantes, el número de pobres en la región suba de 185 a 220 millones de personas; en tanto que las personas en pobreza extrema podrían aumentar de 67,4 a 90 millones”. Lo que demuestra que estamos frente a una grave crisis humanitaria que afectará a toda la región, en especial si se considera que el COVID-19 es más letal en la medida en que disminuye el nivel socioeconómico de los contagiados.

Antes de que el COVID-19 apareciera, se veía ya en el horizonte una recesión internacional. Los ritmos de crecimiento chino, explica Alberto Acosta, “empezaron a llegar ya a un límite insostenible para lo que había sido, hasta hacía pocos años, el auge de esta economía tan grande”. 

Desde inicios del 2020, una guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita ha provocado la mayor caída del precio del crudo en 30 años, lo cual es un grave golpe para la economía ecuatoriana, que en gran medida depende de la comercialización internacional de crudo. Ese es el escenario donde aparece el COVID-19, acelerando la llegada de una recesión global, provocando que el precio del petróleo descienda aún más y agudizando el impacto cada vez más para la débil economía ecuatoriana. 

Para paliar el impacto económico de la emergencia sanitaria, el presidente ecuatoriano ordenó acompañar las medidas de restricción de movilidad con medidas de austeridad. Asimismo, el gobierno debía cumplir con el pago de una serie de bonos con fecha de vencimiento 24 de marzo de 2020, por lo que se encontraba ante una delicada disyuntiva: cumplir con sus acreedores internacionales o destinar el recurso a la salud y alimentación de la ciudadanía para salvar vidas.

 

Para Ecuador los prestamistas tienen prioridad

En un intento por abarcarlo todo, el Ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció el mismo día en que expiraban los bonos, que el país desembolsó 324 millones por el interés y el capital de los bonos 2020, mientras que para el resto de bonos solamente se cubrió el capital. Esto permitiría al Estado, según afirmó el ministro, “no vulnerar las fuentes de financiamiento futuro”. En otras palabras, el Ecuador ha priorizado a sus acreedores sobre las vidas de sus ciudadanos, al decidir dejar de ahorrar 324 millones de dólares que estaban disponibles para la emergencia sanitaria. 

El argumento del ministro es que al cuidar la relación con los prestamistas, podríamos acceder a $2.000 millones adicionales, provenientes de distintos organismos multilaterales con los que el Estado mantiene diálogo. Más específicamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). “Si el Ecuador tiene que afrontar una crisis de esta magnitud sin acceso a fuentes de financiamiento internacional esto será prácticamente imposible”, dijo. 

 

“Los sectores populares no han recibido del Estado más que discursos.
El problema social y económico que se avecina es muy grave”.

Carlos Castellanos, Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos

 

De acuerdo a esta lógica, no cancelar la deuda nos cerraría la puerta hacia nuevos préstamos. Ante un panorama similar, la respuesta de Argentina, que también se encuentra en una posición económica complicada, ha sido distinta. Al optar por no pagar una deuda externa “impagable”, el país puede destinar directamente los fondos que puede conservar para a la emergencia sanitaria que tiene en casa. 

Mientras los dueños de los bonos de la deuda ecuatoriana se enriquecen y el riesgo país se mantiene al alza pese al pago de la deuda, el presidente Moreno decretó el 27 de marzo la entrega de un bono de $60 que será desembolsado dos veces, en los meses de abril y mayo. 

El anuncio del primer mandatario implica, según Carlos Castellanos, que estas dos semanas o más, desde que empezó la cuarentena, miles de personas tendrán que pasar hambre. “Es bien complicado recibir tantas llamadas desesperadas y no poder hacer mucho. Los sectores populares no han recibido del Estado más que discursos”, expresa el dirigente. “El problema social y económico que se avecina es muy grave”.

Parte fundamental de este problema es el acceso a la salud, que en teoría es un derecho constitucional e internacional que debe ser garantizado por el Estado sin discriminación alguna. Lamentablemente, el sistema de salud del Ecuador como el de muchos otros países, no tiene la capacidad para enfrentar una crisis sanitaria como la que atravesamos. A los pocos días de emergencia, los resultados se empezaron a evidenciar: trabajadores de la salud denuncian que no cuentan con recursos básicos para prevenir el contagio de COVID-19 en el trabajo. No tienen mascarillas, alcohol e incluso jabón.

No es una sorpresa que el conteo de contagiados y fallecidos haya incrementado con mayor velocidad en Ecuador que en otros países de la región. Para explicar esta situación, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que no solamente hay que fijarse en la política pública y el sistema de salud, sino también la respuesta de la población. “Creo que es difícil comparar la disciplina que tiene la población en China, en Singapur, en Corea del Sur, la forma en que esa población se relaciona con sus gobiernos y lo que pasa en los gobiernos de América Latina”, expresó en una entrevista para la cadena CNN.  Cuando el periodista le dio a la ministra la oportunidad de explicar, que el gobierno ecuatoriano no está acusando a la ciudadanía por la propagación del virus, Romo reiteró que se tomaron las medidas de distanciamiento social, pero no aclaró la pregunta del comunicador ni supo explicar por qué Ecuador no ha podido frenar los contagios de COVID-19.

 

“Los ecuatorianos somos la principal comunidad migrante [latinoamericana] en España. Y muchos de los familiares de esas personas (emigradas) ingresan constantemente al país, especialmente a principio de año”.

Esteban Ortiz, epidemiólogo e investigador

 

Quien sí ha propuesto una teoría para explicar el tema es el epidemiólogo e investigador Esteban Ortiz, al explicar que la cifra puede estar relacionada con el importante vínculo entre Ecuador y España debido a los migrantes. «Los ecuatorianos somos la principal comunidad migrante [latinoamericana] en España. Y muchos de los familiares de esas personas (emigradas) ingresan constantemente al país, especialmente a principio de año», anotó Ortiz. De hecho, la paciente 0 en Ecuador ingresó desde ese país europeo y “estuvo varios días en la casa de sus familiares, asistiendo a reuniones sociales, donde infectó a otras personas […] no hubo un buen control después de su arribo», agregó el especialista para la BBC.

Mientras el gobierno continúa en su intento por contener esta crisis, el pueblo vive en medio de un estado de excepción y un toque de queda, cada vez más restrictivo. La única certeza para los ecuatorianos es que la cifra real de contagios es mucho más elevada que la oficial, así lo explica este patrón estadístico empleado por el Centro para Modelado Matemático de Enfermedades Infecciosas de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, que permite estimar que la mayoría de países tendría menos del 10 por ciento de sus casos reales reflejados en las cifras oficiales. Esta cifra puede ser más alta para Ecuador, puesto que no hay una práctica eficiente para procesar pruebas de COVID. 

La mercantilización de la salud

Como en otras partes del mundo, el sistema de salud ecuatoriano atraviesa por un creciente proceso de mercantilización. De acuerdo con Alberto Acosta, las políticas de los últimos dos gobiernos han debilitado la capacidad de proveer un servicio de salud pública desde el Estado. “Ya desde tiempo atrás y cada vez más aceleradamente se fue comercializando la salud. Dejó de ser un derecho para transformarse en una mercancía. Y en este escenario, cuando aparece la emergencia del coronavirus, nos encontramos desguarnecidos en el Ecuador y en muchos países del planeta”, afirma el economista. Por lo tanto, la salud pública es el único camino para que los ciudadanos empobrecidos de todo el país puedan contar con un tratamiento adecuado en caso de estar infectados de COVID-19.

En ese sentido, el pasado 24 de marzo, se manifestó la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) para recordar al Estado ecuatoriano que respetar el derecho a la salud implica garantizar “condiciones sanitarias adecuadas: que los sectores más vulnerables y marginados de la población tengan acceso físico a los establecimientos, a los tratamientos, a la información sobre salud; a contar con personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario, aprobados y en buen estado, agua limpia potable, entre otros requerimientos mínimos”.  La recomendación de la organización de derechos humanos hace eco a la Constitución del Ecuador  y a las obligaciones básicas respecto al derecho a la salud descritas por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC), al que Ecuador suscribe.

Estamos viviendo un punto crítico en la historia moderna, en el que las insuficiencias del sistema, sus injusticias y desigualdades se ponen en evidencia, así lo explica Alberto Acosta. Tenemos ante nuestros ojos las razones por las que el mundo necesita replantear sus sistemas de salud, pero también sus sistemas de producción y distribución de la riqueza. Esta catástrofe solamente sería el inicio de una catástrofe más grande si los líderes de Estados y corporaciones optan por retomar viejas lógicas una vez que termine.  Si la humanidad está al frente de una desintegración parcial del status quo ¿por qué reconstruirlo? La palabra crisis, afirma Alberto Acosta, en chino, “tiene dos kanjis, dos signos. El uno es el problema y el otro es la oportunidad. Siempre en las crisis hay problemas y oportunidades, este momento es una oportunidad para replantearnos lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo”. 

 

“La normalidad es el problema” 

La pandemia actual certifica que el camino de las sociedades conduce a enraizar las desigualdades y carcomer los ecosistemas del planeta. Millones de personas empobrecidas en el Ecuador y el mundo se encuentran a la deriva y así se encontrarán por años. Hemos llegado al punto en que la injusta distribución de la riqueza pone en peligro el bienestar de la mayoría de humanos, cobrando la vida de muchos de ellos, que de tener una adecuada alimentación y cuidados médicos garantizados, quizás se podrían haber salvado. 

Respecto a lo que se puede esperar a mediano y largo plazo, el economista Alberto Acosta sostiene que “la evolución dependerá de cómo salimos de la crisis. Con más autoritarismo y más neoliberalismo o con más democracia y un replanteamiento del modelo existente. Si logramos entender que la normalidad es el problema o si creemos que la normalidad tiene que volver. Eso determinará cuál es el futuro”. 

 

Texto: Emilio Bermeo 

Foto principal: Sobreviviendo como se puede: calles de Quito, marzo 2020. (Alejandro Ramírez Anderson) 

Colaboración: Romano Paganini, Mayra Caiza

+ + + Trabajo colaborativo entre La Linea de Fuego, Acapana,
Radio Periférik y mutantia.ch + + +