„Los gobiernos quieren aprovechar el silencio del pueblo“

En medio de la pandemia mundial la Asamblea aprueba una ley que promueve la presión económica hacia los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana. El director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Luis Ángel Saavedra, comenta sobre la inconstitucionalidad de ciertas leyes, la auto-censura del pueblo y la posibilidad de un estallido social similar al de octubre del año pasado.

17 de mayo de 2020, Quito. – L@s manifestantes fueron pocos, pero la represión de la Fuerza Pública fue grande: así ocurrió el jueves pasado en Guayaquil, cuando alrededor de 40 personas marcharon por las calles de la ciudad costera en contra de los recortes presupuestarios, la falta de medidas y protocolos para el levantamiento e identificación de cadáveres, y la ausencia de dinero para la salud. La policía no solamente agredió a las y los manifestantes sino también a periodistas que cubrían la manifestación y a representantes de Derechos Humanos. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) fue detenido Paul Murillo, quien es parte de la CDH, por haber intentado evitar que la policía golpee a un manifestante. Junto a otras personas Murillo pasó la noche en una Unidad de Policía Comunitaria, “sin haber recibido explicaciones claras o razonables por la cual se le han formulado los cargos de la detención“, como escribe el CDH. „Por la detención arbitraria y el maltrato vamos, la semana que viene, a colocar estos hechos en manos de la fiscalía“, dice Billy Navarrete, secretario general del CDH. 

Mientras la población -no solo en la ciudad costera- se levanta para denunciar los recortes que les afectan profundamente en su día a día, la única respuesta de parte del Estado parece ser la represión con el aval del Código Orgánico Integral Penal (COIP), datado del 2014. „Tenemos una serie de leyes que restringen a la protesta social“, dice Luis Ángel Saavedra, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH). „Por lo tanto la protesta social siempre va a ser ilegal. Es una ley que se ha hecho precisamente para su control. Por lo tanto estamos a un pequeño paso de la represión violenta“.

 

Luis Saavedra, ¿le sorprendió ver la represión en las calles de Guayaquil el jueves pasado?

No me sorprendió, porque la historia nos confirma que los Derechos Humanos, al igual que los derechos de los pueblos o de la naturaleza, son conquistas a través de protestas en las calles y no una idea generada por un par de intelectuales. El pueblo es quien presiona a los gobiernos para que incorporen o diseñen leyes, acuerdos, mandatos y convenciones que garanticen esos derechos. Igual, hay que diferenciar entre legalidad y legitimidad.

 

¿En qué sentido?

Legalidad tiene que ver con una dimensión judicial; en cambio, legitimidad es un derecho que le asiste a una sociedad para actuar de determinada manera en base a un pacto social ético. El tema es que la legitimidad muchas veces está reñida con la legalidad. Los sistemas de poder político o económico tratan de adecuar las leyes que a ellos les beneficia como élites. Las leyes no necesariamente benefician a la mayoría de la población o garantizan sus derechos. Los marcos legales más bien están encaminados a controlar a la población, especialmente a las clases populares que en determinado momento pueden levantarse, protestar y exigir.

 

¿Tal como ocurrió en Guayaquil?

Así es. Hay que tomar en cuenta el escenario que estamos viviendo: tenemos un decreto que limita la libertad de asociación y la libertad de movilidad. Pero la protesta -más allá de su legalidad- se torna legítima cuando hay un objetivo legítimo de por medio. Y la reducción del presupuesto de la educación y de la salud o las medidas económicas que se quieren llevar adelante y que principalmente golpearán a la población más pobre, dan legitimidad a la protesta.

¿A qué se debe que la legitimidad de la protesta esté reñida por la legalidad?

Si nosotros vemos el Código Orgánico Integral Penal (COIP) tenemos una serie de artículos que restringen la protesta social. La ocupación de las calles, por ejemplo, está penada. Hay una sanción por paralizar los servicios del espacio público, como los medios de transporte. Por lo tanto, la protesta social siempre será ilegal; hay una ley que se ha hecho precisamente para controlarla. Estamos a un pequeño paso de la represión violenta y las autoridades intentan legitimarla a través del COIP.

 

Pero por encima del COIP está la Constitución que en su artículo 98 garantiza el derecho a la resistencia. 

De acuerdo. Por eso también las protestas sociales de las últimas semanas, tanto en Guayaquil como en Quito, son legítimas, pues están dentro del marco de la Constitución. Lógicamente intentamos que estas manifestaciones sean pacíficas, que no agredan a la propiedad privada ni a la propiedad pública. Pero tomarse las calles es la única forma de protestar. Uno no puede mandar una carta y esperar que esa carta cambie la realidad. La realidad cambia por presión popular, y la presión popular se da en la calle.

 

Entonces, ¿el COIP está en contra de lo que dice la Constitución?  

Efectivamente, los artículos del COIP, que están hechos para controlar la protesta social y mantener el Estatus Quo de las clases políticas y económicas dominantes, son anti-constitucionales. Están en contra del espíritu de la Constitución, máxima jerarquía en un Estado democrático.

 

¿Y cómo es posible que existan leyes que son inconstitucionales? 

Por la fuerza que tiene el poder. Para l@s que tienen el poder no hay ley que les pueda impedir realizar actos de represión. Y estas leyes son hechas en la Asamblea. Supuestamente l@s asambleístas son representantes de la sociedad. Pero si hacemos un análisis de las elecciones, sabemos que l@s asambleístas que más dinero tienen para hacer su campaña publicitaria son quienes ganan. Entonces, las elecciones se definen en función de la publicidad, no en función de las ideologías. L@s actor@s polític@s y económic@s, a través del marketing, logran captar y vender una imagen central: que ell@s son l@s representantes de toda la sociedad, cuando en realidad son l@s representantes de grupos económicos, políticos y financieros. Por lo tanto, las leyes que se generan en la Asamblea protegen a esas élites, de ahí el surgimiento del COIP: un código que no está pensado para proteger a la sociedad en general sino a las mismas élites. Por ejemplo, en caso de un secuestro, establece sanciones muy grandes porque las élites son vulnerables a secuestros. Pero no cuenta con artículos que protejan a los territorios de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque estos territorios están pensados para las élites y su visión depredadora. 

 

Pero si hablamos en términos jurídicos, ¿hay suficientes argumentos para defender las protestas en Guayaquil a través de lo que dice la Constitución?

Argumentos jurídicos y constitucionales hay suficientes, el problema está en el poder y en quienes lo ejercen. Un juez no se atreve a enfrentar a estos poderes porque sabe que pierde su puesto. Sabe que se queda sin un sueldo del que depende él, su familia y sus hijos; entonces, para protegerlo, se convierte en un vasallo de las élites. La justicia no es una justicia independiente que actúa por sí misma, sino en función de los que la mantienen. Y los que generan los recursos para la justicia son el gobierno y la Asamblea, es decir, las élites: solo queda el sometimiento. Por eso, por más argumentos legales y éticos que tengan las organizaciones de derechos humanos o l@s abogad@s que defienden a los manifestantes presos, tendrán las de perder. La liberación de personas que fueron apresadas durante protestas sociales fue fruto de negociaciones políticas, no de un proceso judicial. Por eso, cuando los actores de una protesta social se sientan a conversar con las élites del gobierno, lo primero que piden es liberar a los presos porque saben que no van a ganar esta demanda si acuden al sistema judicial.

Volvemos a la coyuntura actual y a los plantones anunciados por el Frente Unitario de Trabajadores para este lunes.  ¿Son legítimos, pero ilegales?

Ilegales en términos del COIP, sí. Pero no nos olvidemos de la Corte Constitucional que dictaminó que no se pueden hacer recortes presupuestarios en el marco de la emergencia; es decir, el gobierno no puede tomar la Emergencia Sanitaria como un argumento para realizar recortes a la salud y a la educación. Si hay un dictamen de la Corte Constitucional que establece que el gobierno está actuando mal, las protestas para rechazar estas medidas se convierten en constitucionales. 

 

O sea, ¿no solamente serán protestas en contra de los recortes sino en defensa de la misma Constitución?

Toda protesta social que tiene como objetivo de defender un derecho es una protesta a favor de la democracia. No es una protesta para desestabilizar al gobierno, como se lo quiere presentar. Recordemos lo que pasó en octubre del año pasado: fue una protesta de indignación popular, pero por defensa a sus derechos. Octubre no tenía la intención de ningún derrocamiento, pero se hizo circular esta versión para legitimar la represión por parte del gobierno. La protesta social generalmente busca que el gobierno revea decisiones que vulneran sus derechos, no para desestabilizar. En realidad, es el gobierno mismo el que está desestabilizándose al tomar medidas inconstitucionales y antipopulares, porque golpea a la población más pobre. Por eso, la población tiene el legítimo derecho de protestar y tomarse las calles en defensa -irónicamente- del mismo estado de derechos.

 

Y este Estado recurre a su última medida: la violencia a través de la fuerza pública, como ocurrió con las protestas en octubre. 

Esta es una manera que tiene el poder -y no solo el gobierno- para defender sus privilegios: controlar, reprimir y enjuiciar a la protesta. La otra es a través de sus representantes, tanto en el gobierno como en la Asamblea. Así, la Asamblea tomó el viernes la decisión de eliminar las contribuciones a la emergencia por parte de las empresas, pero liberalizó los contratos laborales. ¿A quién representan, entonces?

 

Estas decisiones, en combinación con la incertidumbre de lo que va a pasar mañana, la presión económica y ahora la extensión de la cuarentena hasta fines de junio, está generando mucha indignación en la población. ¿Quién está provocando esta situación? 

Es la misma pregunta que nosotros nos hacemos. 

 

¿Y?

Estamos en época de Covid-19 donde las empresas deberían ser mucho más solidarias. Pero si tenemos un gobierno que las perdona por no pagar impuestos -como ha sucedido dos veces en este gobierno y dos en el anterior- y a la vez empobrece a la población, ¿quién ejerce más violencia? ¡El mismo gobierno, pues está generando una violencia estructural! Y la reacción de la gente será una reacción violenta en función de la violencia con la que está actuando el gobierno.

Durante las protestas en contra de los recortes en educación en Quito se intentaba, entre  l@s manifestantes, mantener el distanciamiento social. ¿Cree posible que mañana se mantenga esta medida?

Creo que todavía es posible, sí. Pero si no se cumple y si la indignación de las personas se convierte en una protesta masiva que violenta los principios de bioseguridad, pues no podremos cuestionarla y judicializarla. 

 

¿Por?

Porque si a un pueblo se lo va presionando y presionando, llega un momento en que no se puede controlar su reacción, por más leyes que hayan. Recordémonos de octubre, cuando la gente salió para defender un objetivo legítimo como es la protesta frente a un recorte fuerte de un día a otro: los heridos, las personas que perdieron un ojo, los muertos. Octubre no está cerrado.    

 

¿En qué sentido?

En el sentido del dolor, de las secuelas, de la agresión que sufrió la población. La gente tiene un recuerdo respecto a la injusticia que se cometió en octubre. ¡No está para nada cerrado! Más bien, el gobierno optó por negar la represión policial y los muertos, optó por endosar a la población y la situación de violencia. Hay emociones que pueden salir a flote en cualquier momento. Y si además de un gobierno que está presionando y presionando tenemos un recuerdo que no está cerrado, este se puede convertir en un dispositivo de violencia. Y ahí podemos tener otra vez situaciones extremas como las que vivimos en octubre con confrontaciones violentas. 

 

Un proverbio dice de que l@s que duermen en la democracia se despiertan en la dictadura. Hablando en términos globales y viendo también los acontecimientos en otros países de la región y del planeta, ¿tenemos que estar atentos frente a posibles amenazas a los supuestos Estados de Derecho como los que conocemos?    

Si bien es cierto que los sistemas democráticos nacieron con la idea de que la democracia debe responder al interés general, estos sistemas poco a poco se han convertido en democracias que representan en primera instancia intereses particulares. Los sistemas que vemos hoy en día -también acá en Ecuador- no representan a la gente. Y eso se proclama cambiar a través de las distintas manifestaciones, revueltas y rebeliones que se dan actualmente en el mundo. Además, ahora con la pandemia los gobiernos están intentando consolidar el poder económico en manos de los que ya tienen mucho: algo que no solamente ocurre acá. ¡Esto es lo que hay que cuidar! Que no nos vuelvan a estafar durante la pandemia: a pretexto de la solidaridad, de que no tenemos dinero, de la crisis. Nos endosan todas las leyes que no podían endosarnos cuando no había pandemia. Porque sabían de la reacción popular. Y ahora creen que pueden hacerlo, porque la reacción popular está controlada por la represión y por el propio miedo de la población de contagiarse. A la gente que desea protestar le cuesta salir a las manifestaciones, pues se tiene miedo del contagio: nos auto-censuramos. Y este silencio es justo lo que quieren aprovechar los gobiernos.

 

Texto: Romano Paganini

Foto principal: El articulo 98 de la Constitución avala el derecho a la resistencia: manifestante frente a la Universidad Central en Quito. (mutantia.ch)

Colaboración: Marizu Robledo y Vicky Novillo Rameix

Redes: Victoria Jaramillo y Ricardo Tobar

 

+ + + Trabajo colaborativo entre La Línea de Fuego, Acapana, Radio Periférik y mutantia.ch + + +