7 de octubre 2019: represión cegó la vida de cuatro personas 

Marco Oto, Edison Mosquera, Gabriel Angulo Bone y José Daniel Chaluisa: estos son los hombres que el mismo día y debido a las intervenciones de agentes estatales quedaron heridos gravemente. Los cuatro manifestantes murieron poco después. Sin embargo, a un año del paro nacional y del levantamiento indígena, los juicios se encuentran frenados. Una de las razones: los ministerios de Gobierno y de Defensa, responsables por la represión policial y militar, han proporcionado escasa información a las investigaciones.

17 de octubre de 2020, Quito. – A las cuatro horas de Quito, en medio de un cañaveral de azúcar, se encuentra la casa de doña Eloisa Chasiquiza, una mujer de 40 años que cuida a sus nueve hijos, trabaja la tierra y cría gallinas para continuar con su vida trastocada por la muerte de su esposo, José Daniel Chaluisa.

El domingo 6 de octubre del año anterior, José  Daniel se despidió de su esposa y sus hijos porque viajaba para Quito como lo hacía desde hace 25 años atrás. Él trabajaba como estibador en el mercado de San Roque, centro histórico de Quito, mientras Eloísa sembraba la tierra, criaba los pollos y cuyes, y cuidaba de la familia. Cada semana o quince días, José Daniel volvía a su casa ubicada en la comunidad Guantopolo, parroquia Zumbahua, provincia de Cotopaxi; pero luego de aquel domingo, no volvió. 

José Daniel, de 40 años y parte de la organización de estibadores, se sumó a las manifestaciones en contra del Decreto 883 anunciado por el presidente Lenín Moreno que eliminaba el subsidio al combustible. La tarde del 7 de octubre de 2019, los manifestantes paralizaron San Roque y la Policía los reprimió. José Daniel corrió hacia el puente de piedra de San Roque junto con otros manifestantes. En un vídeo que se hizo viral en las redes sociales, se observa que los protestantes corren hacia el puente, pero a la mitad del camino, una puerta cerrada impide que avancen. Los policías con sus motos arremeten contra ellos y vari@s manifestantes se suben a la puerta y continúan corriendo. En ese momento, dos personas yacen en el asfalto. El vídeo no registra la caída, pero según un testimonio recogido por Wilson Chaluisa, hijo mayor de José Daniel, “ese día, la Policía persiguió a los hombres y mujeres que participaron en el levantamiento, dice Wilson.  Unos policías fueron por el lado del mercado, mientras otros por el sector de El Tejar en motos. Le pegaron y luego [mi padre] se quedó guindado, pero vino la policía y le dio con el tolete y ya no se pudo sujetar”.  

 

Los dos hombres cayeron al piso tras la persecución policial.
Su caída se hizo viral mediante vídeos que circularon en las redes sociales
y cuyas imágenes muestran a dos cuerpos sobre el asfalto y a dos policías indiferentes marchándose en medio de los gritos de los vecinos.

 

Ocho metros aproximadamente hay entre el asfalto y el puente de cemento de San Roque donde se encontraba José Daniel y también Marco Oto, joven de 26 años y amante del punk. Los dos hombres cayeron al piso tras la persecución policial. Su caída se hizo viral mediante vídeos que circularon en las redes sociales y cuyas imágenes muestran a dos cuerpos sobre el asfalto y a dos policías indiferentes marchándose en medio de los gritos de los vecinos, que dicen: ¡Ayúdenles, señor Policía! José Daniel y Marco fueron ingresados al Hospital Carlos Andrade Marín. Los médicos dijeron: “que no hay cómo hacer nada, que ya solo está con vida artificial él [Marco] y que por el golpe que tiene no pueden hacer ellos ya nada”, dijo Cristhian Oto, hermano mayor de Marco en una entrevista realizada por el medio comunitario Wambra.

Mientras tanto, José Daniel continuaba luchando por su vida conectado a un respirador, pero todo su cuerpo estaba fracturado. La historia clínica del hospital señaló que tenía un cuadro de politraumatismos, fracturas y una luxación expuesta en el quinto metacarpiano de la mano izquierda. Tres días después, 9 de octubre de 2019, su cuerpo no aguantó. José murió producto de “un trauma craneoencefálico severo, contusión hemorrágica parietal y una fractura del arco costal izquierdo”, precisa el certificado de defunción. 

 

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La cifra exacta de cuántas personas fallecieron en el paro nacional aún no está clara; las carteras de Estado difieren entre sí y la sociedad civil también registra los datos. Según el Ministerio de Gobierno once personas fallecieron en el contexto de las protestas sociales. “Ninguna por armas de dotación de la Policía Nacional”, aseguró la ministra de esta cartera, María Paula Romo, el pasado 5 de octubre al conmemorarse un año del paro. En esta lista, la ministra no incluyó la muerte de Edgar Yucailla que, tras 17 días de estar internado en el Hospital Eugenio Espejo por la represión policial, murió.  Por su parte, la Defensoría del Pueblo ratificó su informe con once muertes, mientras que la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, conformada durante el paro nacional, registró nueve casos, pero en la Fiscalía General del Estado sólo se investigan siete: cuatro por homicidio y tres bajo el delito de muerte culposa. 

Además, la Fiscalía investiga 19 casos por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto servicio, es decir, que son 19 causas donde una o un funcionario público se extralimitó en la ejecución de un acto de servicio sin observar el uso progresivo o racional de la fuerza y, a consecuencia de ello, pudo causar lesión o incluso la muerte de una persona. La Fiscalía no detalló en su acceso de información, si las 19 causas que investigan son solo por lesiones o alguna extralimitación concluyó con la muerte de una persona. 

Para Abraham Aguirre, abogado del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH-GYE) y de una familia víctima, estos delitos cometidos por agentes del Estado lo inquietan porque, asegura, si éste es el responsable de tutelar los derechos de las personas, ¿cómo puede utilizar la misma institución para vulnerarlos?. “Es muy contradictorio que una institución como la Policía Nacional, que tiene constitucionalmente la misión de proteger a las personas, las vulnere, dice Aguirre. Debemos recordar que, cuando existen órdenes superiores que van en contra de normas constitucionales, los policía tiene que abstenerse de cumplirlas”, pero esto no sucede así.

 

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El mismo día que José Daniel Chaluisa y Marco Oto cayeron del puente tras ser acorralados por la policía, al menos dos personas más fueron heridas gravemente en el contexto de las protestas sociales. Eran las 23h30 cuando sonó el teléfono de la familia Mosquera Amagua y una voz, dijo: su hijo Edison está en estado grave y necesita la presencia de un familiar. Luis Mosquera, padre de Edison, acudió al hospital del IESS del Sur de Quito junto con su cuñado, pero apenas llegó, le comentaron que Edison debía ser trasladado por su gravedad al Hospital Carlos Andrade Marín. 

La mañana del 7 de octubre, Edison salió de su casa para realizar una chaucha en el Valle de Los Chillos, pero a su regreso se encontró con las manifestaciones en el sector de La Recoleta, Centro Histórico de Quito. Patricia, su hermana mayor, cree que Edison se sumó a las protestas porque al igual que ella estaba en contra de las medidas económicas y porque otros días apoyaron con agua y alimentos a las marchantes que llegaban a Quito. Edison estuvo protestando la noche del 7 de octubre cuando fue reprimido por la Policía Nacional y el Ejército ecuatoriano, una bala de goma le atravesó la cabeza y se insertó en la mitad de la masa cefálica, “entonces no podían extraerla porque, si la extirpaban, nos decían que se dañaba totalmente, perdería su movilidad y su habla”, recuerda su madre, Ema Amagua, quien lo acompañó durante los siete días que agonizó. 

El 13 de octubre, a las 13h40, en toque de queda y a puertas de iniciar el diálogo nacional entre el movimiento indígena y el gobierno, Edison, de 29 años y padre de dos gemelos de cinco años, falleció. 

La otra persona herida gravemente en aquella noche fue el adolescente Gabriel Angulo Bone, de 15 años, que se encontraba a 410,8 km de la ciudad de Quito. Gabriel vivía en la ciudadela Martha Bucaram, en Durán, provincia de Guayas, donde también se desarrollaban las protestas sociales. Esa noche, el joven salió de su casa para ir a jugar, pero por curiosidad se movió para ver el ingreso del movimiento indígena que se avizoraba a llegar. Esa noche del 7 de octubre, su madre Gloria recuerda que caminó desde Guayaquil hasta Durán porque estaban cerrados los puentes por el paro. Cuando Gabriel salió, dijo: ‘Vieja, ya vengo. Me voy a la cancha un rato con los muchachos’. No regresó, recoge el diario El  Comercio.

Según el testimonio de una testiga recogido por el CDH-GYE que patrocina el caso, ese día:  “Gabriel se cayó en un hueco, el momento en que se cayó y se quedó sentado, vimos que los policías corrieron más adelante que nosotros. Nos quedamos plantados casi cerca del chico. Entonces, un policía se plantó, no se bajó de la moto, lo apuntó, le dijo ‘muérete’ y lo disparó. El impacto fue en el pecho, casi a lado del corazón, ahí tenía la quemadura de esa bomba lacrimógena y los policías no quisieron ayudarnos, había un patrullero ahí. Estaba solo, simplemente estaba sentado”. Gabriel murió a la 01h00 del 8 de octubre por una hemorragia aguda interna y laceración del corazón debido a un trauma cerrado del tórax producto de un impacto de una bomba lacrimógena lanzada por una arma de un policía motorizado.  

 

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La muerte de Marco Oto, Edison Mosquera, José Daniel Chaluisa y Gabriel Angulo Bone son investigados por el presunto delito de homicidio. Las tres primeras en la Fiscalía de la Comisión de la Verdad de la Dirección de Derechos Humanos, encargada de investigar los casos donde se señala al Estado como presunto responsable de violentar los derechos. La investigación sobre la muerte de Gabriel, en cambio,  la conoce la Fiscalía Tercera de Personas y Garantías de Guayas. 

Un año después del paro nacional, los cuatro casos continúan en indagación previa. Para Roberto Navas Sánchez, asesor jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y abogado de la familia Chaluisa, la Fiscalía no tiene clara la línea de investigación en el caso Chaluisa, un año después de los hechos. Esto pese a las diligencias realizadas. Además, explica que ha solicitado los registros de nómina del personal policial y militar presente en la zona el día en que sucedieron los hechos y sus peritajes. Sin embargo, no ha tenido una respuesta efectiva. “La información recabada es pobre –dice Navas- y eso no ha permitido individualizar a los elementos del Estado, en especial a los motorizados que se encontraban en el lugar de los hechos”. 

 

“Son policías que investigan a los mismos policías,
cuando realmente debería existir un cuerpo netamente independiente
del poder Ejecutivo y que dependa de la Función Judicial”.

Abraham Aguirre
abogado de la familia de Gabriel Angulo Bone

 

Igual suerte corre la investigación sobre la muerte de Edison Mosquera. La abogada del caso, Luisa María Villacís y asesora jurídica de Inredh, señala que tanto el Ministerio de Gobierno como de Defensa no han entregado la información solicitada para la investigación como son la nómina, las rutas y horarios de quienes laboraron ese día. “La Unidad del Mantenimiento del Orden y el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional remiten información sobre el personal que laboró durante las manifestaciones; sin embargo, no se incluyen los horarios y rutas, lo que dificulta identificar quiénes específicamente estuvieron presentes el 7 de octubre en el Centro Histórico”.  

Abraham Aguirre, abogado del CDH-GYE y de la familia Gabriel Angulo Bone, explica que una de las razones por lo que las investigaciones no avanzan es porque “son policías que investigan a los mismos policías, cuando realmente debería existir un cuerpo netamente independiente del poder Ejecutivo y que dependa de la Función Judicial”, así como lo recomiendan los organismos internacionales como Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 

Otra de las razones es que, según el informe actualizado de la Alianza por los Derechos Humanos, desde el Estado se ha instaurado un discurso gubernamental de negar su responsabilidad sobre los hechos ocurridos durante el paro nacional y se ha construido la tesis del enemigo interno al que hay que neutralizar y combatir. “Cuando son los agentes del Estado quienes están involucrados en los hechos, las investigaciones siguen sin producir resultados, demostrando una falta de debida diligencia del Estado en llegar a la verdad y en reparar a las víctimas”, señala una de las conclusiones del Informe. 

A pesar de esto, Aguirre enfatiza que se debe seguir insistiendo en que las instituciones del Estado cumplan con su labor; por ejemplo, al Ministerio de Gobierno le han solicitado más de tres veces que la Policía tiene la obligación sin excepción alguna de tener su identificación así como lo establece el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. 

Este incumplimiento ha generado que se dilate el caso de Gabriel, pues los policías solo tenían chalecos sin sus nombres el día de su fallecimiento. Pese a este problema, explica que un año después han logrado segregar y limitar el universo de los policías que estuvieron esa noche. “Tenemos un listado de más o menos 15 a 20 servidores públicos policiales a los cuales el CDH-GYE ha solicitado la versión correspondiente, ya que ellos tenían las armas y las motos a su cargo el día del fallecimiento de Gabriel”. En las próximas semanas, Fiscalía recetará sus versiones. 

 

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Doña Eloisa, parada al lado de sus hijos, dice que la muerte de su esposo José Daniel cambió su vida y que ahora busca cómo garantizar que sus niños concluyan la escuela primaria y el colegio. Para llegar a la escuela, los niños debían caminar una hora, pero ahora tratan de ubicar la señal de Internet para conectarse a las clases virtuales. A su comunidad no llega Internet y tampoco tienen celulares buenos. Esta situación se ha empeorado con la pandemia, pues tampoco pueden salir a trabajar. Wilson, el hijo mayor de la familia Chaluisa, dice: “Cuando mi padre vivía, por lo menos nos traía un pan para nosotros. Con él estábamos bien tranquilos, aunque no teníamos muchas cosas, pero teníamos padre. Él nos daba de comer, nos mantenía. Mi madre cobra el bono y con eso nos está sacando adelante, pero no alcanza. Yo con mi hermano trabajamos en la caña, pero es poco, una caneca de trago cuesta entre 8 a 10 dólares”.

La familia Chaluisa Chasiquiza espera que el Estado los repare y garantice una vida digna para los pequeños niños que hasta ahora preguntan dónde está su padre, por qué no regresa. “Hace una semana, me preguntaron: ¿papi por qué no viene?  Y mi otro hijo se va llorando y dice: papi está muerto. Pero la guagua no cree y dice: ¿Por qué no llega, está trabajando?”, dice Eloisa mientras su voz se entrecorta y realiza una pausa. Ella dice que esta situación no puede mejorar en el tiempo, ya es un año y no puede hacer nada. “Necesito que me ayude el gobierno, que haya pronto justicia”.

Este mismo clamor de justicia tiene Patricia Mosquera, quien se encuentra a la cabeza del caso de Edison Mosquera. Ella dice que su  familia se siente sumamente destrozada, “no vemos que haya una verdadera justicia en este país, no hay una verdadera justicia para mí ni para muchas familias que estamos pasando por esta terrible situación”. También, advierte que esta demora no solo se debe a la pandemia, sino en sí al funcionamiento de la Fiscalía. “Las diligencias, desde un principio, estaban retrasándose; no es que por la pandemia se hayan quedado ahí, pero el hecho de que nos hayan cambiado prácticamente tres fiscales, dice mucho. Cambiar de un fiscal significa que éste deba retomar y volverse a empapar del tema y eso retrasa, así que no es solo culpa de la pandemia, la pandemia tiene algo que ver, se puede avanzar internamente, pero Fiscalía y otras personas no ayudan”.

 

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Texto: Mayra Caiza – La autora también colabora con la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)

Colaboración: Victoria Jaramillo

Foto principal: Eloisa Chasiquiza con siete de sus nueve hij@s, frente a su casa: ella quedó viuda después de que su marido José Daniel Chaluisa quería escapar de la represión estatal en Quito. (Elizabeth Ledesma/Inredh

Edición y producción: Vicky Novillo Rameix & Romano Paganini

Redes y Web: María Caridad Villacís & Victoria Jaramillo