“Al ministro René Ortiz han encargado que controle a sus panas”

Quito, 2 de julio de 2020 – Desde hace un mes se suspendió el juicio por la acción de protección y las medidas cautelares por el derrame petrolero ocurrido en la Amazonia del Ecuador principio de abril. La abogada Veronica Potes forma parte del equipo legal de los demandantes. Ella  fue entrevistada para profundizar sobre las implicaciones legales del caso, los limbos jurídicos allí presentes, la impunidad de los petroleros y la pertinencia de que el juicio sea transmitido en vivo.  

 

Véronica Potes*, en una rueda de prensa la semana pasada usted habló de que el juicio por el derrame de crudo y gasolina, que afectó principalmente los ríos Coca y Napo, se convirtió en un limbo jurídico. ¿A qué se refiere con esta declaración?

Mas preciso seria hablar de un limbo procesal. A ver: El derrame ocurrió en la noche del 7 de abril, pero las consecuencias negativas se sintieron inmediatamente. Las comunidades Kichwas como todas las comunidades amazónicas y la gente rural en general, a diferencia de los urbanos, se acuestan temprano y se levantan temprano. Entonces, en la mañana del siguiente día un niño de unas de las comunidades Kichwa, aledaños del río Coca, como todas las mañana se va al río para coger agua para la guayusa y para su higiene personal. El niño se mete esta madrugada al río y sale negro, bañado de petróleo. Lo que quiero demostrar con este ejemplo es que los efectos negativos de este derrame en las personas y comunidades eran casi inmediatos. 

 

Pero eso no tiene que ver con el proceso como tal.

Sí, porque esta versión contradice a la de los operadores petroleros y del gobierno, que afirman que su respuesta ese día fue inmediata. Si hubiese sido así, muchas de las cosas que desde entonces han pasado podían evitarse. Es impresionante la ignorancia profunda que revelan en lo que hacen y lo que dejan de hacer, sabiendo como es la vida que hay río abajo.

 

Comuneros y comunidades aledañas, junto a un equipo legal especializado en Derechos Humanos –del cual usted forma parte– pusieron una demanda fines de abril. Y a pesar de la urgencia del caso han pedido que se aplace la fecha para la primera audiencia. ¿Por qué?  

Porque las comunidades necesitan movilizarse, y eso no es nada fácil en el contexto del Covid. Primero hay que hacerle llegar la información del juicio y después hay que organizar toda la logística para que puedan llegar al Coca (Puerto Francisco de Orellana), lugar donde se va a desarrollar el juicio. El juez cede a este cambio y define la fecha para una semana después. Pero luego son la empresa OCP Ecuador (Oleoducto de Crudos Pesados) junto al Ministerio de Petróleo (Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables) quienes empiezan a exigir cambios. Y lo que quieren –a pesar de que el juez ya ha fijado una fecha, diciendo que esta fecha no se va a mover– es cambiar otra vez la fecha. El argumento del gobierno es no haber tenido suficiente tiempo para revisar el caso. Eso es bien extraño, porque si alguien no tiene dificultades de movilizarse por lo de la pandemia, es el gobierno. Y si hay un sector que le permitieron trabajar, a pesar del Covid, mientras el resto tenia que permanecer encerrado, era el petrolero. Fue una dilación tras otra.

¿A eso se refiere cuando habla del limbo jurídico?

Entre otras cosas, si, pero mas aun por el hecho de que el juicio esta suspendido. También por eso nosotros pedimos que el proceso sea transmitido públicamente.

 

¿Por qué? 

Por la importancia y la relevancia de lo acontecido. Hay una cuestión con los procesos judiciales que nosotros tenemos que desmitificar. Existe la idea –ya que nosotr@s abogad@s hablamos raro y decimos palabras extrañas– de que estos procesos pertenecen al ámbito privado de los abogados y de los jueces. ¡Y eso es mentira! Queríamos superar la opacidad que es muy característica del extractivismo en este país, y que siempre opera en su puro beneficio. Nosotros sostenemos que precisamente para que todo el mundo pueda ver la actitud del juez, los “argumentos“ de los abogados del gobierno, la forma de ellos que se suponen que son las autoridades de control de una actividad altamente peligrosa, ni siquiera hacen el esfuerzo de decir: Bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo de control y resulta que se ha cumplido.

 

“Nuestra lucha se enfrenta a la opacidad y protección ilegal
de las actividades extractivistas y de mega inversión.”

 

Lo único que hacen es ir a defender abiertamente a la petrolera, tanto la estatal –que, bueno, eso lo podría entender– pero también a la privada. Creo que este proceso tiene suficientes elementos para hacer publico que los reclamos no son gritos solamente de los ambientalistas, como nos suelen decir, o de gente que se oponen al desarrollo del país. Este proceso es para que vean que todo el sistema estatal –que en este caso incluye el sistema de justicia– cierran las filas a favor de la actividad petrolera, incluso en un caso altamente dañino como fue este derrame.

 

Durante el Paro de octubre 2019, las negociaciones entre l@s lideres indigenas y el gobierno central fueron transmitidas, pero en el caso del juicio actual, el juez les negó la petición de una transmisión, ¿es eso cierto? 

El juez no dio paso a nuestra petición, diciendo que había un tema de seguridad nacional involucrado, lo cual también es bastante cuestionable. En todo proceso se debe proteger la intimidad y privacidad de personas vulnerables, por ejemplo, en el caso de un menor de edad que fue violado. Hay norma legal para proteger la intimidad y privacidad cuando se justifica esa protección por encima de la publicidad de un juicio. Lo que no se puede hacer es decir que en todo juicio se aplica esa disposición. Por eso distingo del caso de una niña violada y este caso. Porque el derrame es un asunto de interés publico y no se entiende porque la ciudadanía no puede presenciarlo.

La primera audiencia se efectuó a fines de mayo, pero después de una semana se suspendió el juicio, hasta hoy. ¿Qué ha pasado?

El primero de junio el juez nos indicó que él y otras personas podrían estar contagiad@s con Covid y por lo tanto suspendía la audiencia. Eso es perfectamente entendible. Lo que no es entendible –y ahí vamos con el limbo– es que desde ese día estamos esperando o a que se reanude la audiencia o que el consejo de la judicatura nos ofrezca alguna salida. No podemos permanecer indefinidamente en espera, peor aún si se trata de un juicio de acción de protección que tiene que ser ágil.

 

¿Cuál es el protocolo en este caso?

No lo conozco a detalle, pero sí hay un protocolo correspondiente. ¿Qué tal si un juez resulta impedido por vida o que fallece durante un proceso? Claro que hay un procedimiento, pero en este caso no se cumple. Y el Consejo de la Judicatura, responsable en la gestión, solamente nos dijo que tenemos que seguir esperando. Se presentó un reclamo por la conducción del juicio. Reclamamos por las dilaciones y por la falta de respuesta a las medida cautelares: que las acojan o, por último, que las desechen, pero que indiquen las razones. Nosotros no estamos exigiendo a nadie que venga a trabajar enfermo, jamas lo haríamos. Pero la institución que tiene que resolver este tema es el Consejo de Judicatura y no lo hace. 

 

¿Tienen idea por qué no lo hace?

No lo sabemos. 

 

¿Cuál es la reacción de las comunidades afectadas frente a esta situación?

Es mixto. Hay dirigentes a las que han llamado para presionar a que abandonen el juicio. Ademas juega otro mecanismo de engancharlas a las personas al trabajo de remediación y de limpieza. Las comunidades suelen pedir que para los trabajos de remediación, al menos contratan a la gente local. Y está bien, pero eso no puede ser usado como un chantaje para que no mantengan el proceso legal y silencien un perjuicio enorme a las comunidades y al ambiente.

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Acción de Protección con Medidas Cautelares

 

Ante el juez constitucional del cantón Orellana, se solicitaron como medidas cautelares en contra de la compañía OCP, la Empresa Pública PetroEcuador, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente:

1. La provisión de alimentos sanos y nutritivos suficientes para todos los pobladores afectados.
2. La implementación de un plan de salud para los miembros de las comunidades afectadas contemplando las afecciones inmediatas y mediatas.
3. Implementación de métodos de contención y mitigación del derrame técnicamente adecuados.
4. Transparentar toda la información respecto al derrame, sus causas, tamaño (númer de barriles), secuelas y consecuencias.

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¿Es decir que algunos habitantes de las comunidades limpian el petróleo que contamino sus propias aguas y territorios, y aceptan lo que les ofrecen las empresas debido a su situación socioeconómica?  

Exactamente. Hay un abuso de la situación de ellos. Si en las clases de Responsabilidad Social empresarial les dicen que esto es ético, no veo por donde lo pueden justificar. Más allá del comportamiento de las empresas, tampoco puedo entender que, conociendo cómo sucede esto, las autoridades de control del gobierno ecuatoriano sigan haciéndose la vista gorda y defiendan  abiertamente a las empresas y sus practicas en el juicio. Dicen que todo esta en regla y que se esta atendiendo como se debe atender. Insisto: si todo este proceso se hace publico, se puede cuestionar inmediatamente estas argumentaciones. Y la ciudadanía incluso cuestiona mas, porque los abogados tenemos la mala costumbre de pensar que con cumplir el reglamento basta. Pero no es así de simple.

 

¿Sino?

Entiendo que hayas cumplido con el reglamento que dice que debes tener un plan de contención, pero no puedes pretender decir que con eso se soluciona el daño que causaste. En materia de derechos humanos los Estados están obligados a tomar todas las medidas administrativas, legislativas y las que sean necesarias para que se cumpla plenamente de un derecho. No me pueden decir que porque hay un reglamento y plan de contención aprobados ya han cumplido con mi derecho. Eso implica que cumpliste con un procedimiento burocrático. Si la medida no es efectiva para que se garantice el derecho al agua, esa medida, esa ley o reglamento no sirve como defensa válida en derechos. Tiene que ser efectivo, no solamente existir en papel. Es la diferencia entre lo legal y lo admisible como defensa en un juicio por incumplimiento de derechos humanos. 

¿Se ha cumplido algún protocolo de atención de parte de las empresas tras el derrame en el marco de la pandemia?

Si es que las actividades petroleras van a ser autorizadas para seguir funcionando en el contexto de la emergencia sanitaria, no pueden funcionar con los mismos protocolos y planes porque se establecieron para operar en condiciones regulares. Los representantes de la petrolera admitieron en el juicio que no pudieron reaccionar inmediatamente por las condiciones: era de noche y el coronavirus. Cualquiera puede poner al Covid-19 como excusa: no podemos cruzar entre provincias, hay restricción en la movilización. Pero en ese marco, si esas restricciones iban a justificar la falta de acción inmediata ante un derrame, se debieron restringir las actividades petroleras, como otras. Eso no pasó: Les permitieron seguir operando con una probabilidad altísima de derrame, anunciado el 2 de febrero con la caída de la cascada de San Rafael. Sería lamentable que un juez acepte eso, las dificultades impuestas por el Covid-19- como una justificación.

 

¿Ha habido un proceso de remediación?

El proceso de remedición no se hace con consulta de las comunidades, tampoco responde a la necesidad de las comunidades. Si les preguntaran al menos cuál es el patrón de uso del río para consumo y recolección de agua y para alimentación, si supieran que cada familia recoge al menos 17 pescados a la semana, tendrían que ofrecerlos equivalentes mientras remedian el derrame. Con sorna, el ministro del Petróleo, René Ortiz, dice que “le están sacando brillo a las piedras”. Eso que le resulta chistoso, le puedes sacar brillo a las piedras, pero no significa que limpiaste el agua. 

 

Mientras se lleva adelante el juicio, ¿cómo han respondido otras instancias del Estado? ¿Ha asistido el Ministerio de Salud para valorar la salud de los pobladores afectados por el derrame de petróleo? 

Para hacer un análisis del estado de salud de personas expuestas a un derrame de petróleo, el Ministerio de Salud llevó paracetamol, mascarillas y antiparasitarios. Eso es inaceptable. Un derrame de petróleo trae efectos inmediatos y mediatos: problemas en la dermis ahora y cáncer a largo plazo. ¿Cuál debería ser el protocolo en personas afectadas por un derrame de petróleo? Atender efectivamente lo inmediato y hacer un seguimiento a largo plazo. Nada de eso está hecho. 

 

Las organizaciones de Derechos Humanos hace décadas llevan adelante una pelea con el Estado por la afectación de las actividades extractivistas. Esto no ha variado.  

Nuestra lucha se enfrenta a la opacidad y protección ilegal de las actividades extractivistas y de mega inversión. A los jueces que tienen poco conocimiento de protección real de Derechos Humanos. A las presiones políticas del Gobierno, que no se ven, pero son evidentes. Al Ministerio del Petróleo que se convierte en un actor político muy fuerte, que tienen una capacidad de presión y de encubrimiento de las actividades dañosas. El actual ministro, René Ortiz (ex secretario de la OPEP y ex ministro del gobierno de Jamil Mahuad), es el ex presidente de la Cámara de Petroleros del Ecuador. A él le han encargado que controle a sus panas.

¿Cuántas victorias se pueden contar? 

Los logros en derecho son excepcionales. Ganamos un caso en Río Blanco (Azuay), aunque la policía resguarda unas instalaciones que ya no deberían estar ahí. En ese territorio tenemos a la comunidad en constante enfrentamiento con los gendarmes. Las fuerzas del orden no se han puesto del lado de quien ganó el juicio. Tenemos dos juicios ganados, el caso de Sinangoe (cabecera del río Aguarico) contra concesiones mineras; el caso de las comunidades waorani (Pastaza) con respecto a la ronda petrolera del suroriente. En este último caso, ganamos porque no estaban interesados en explotar. Los logros son pocos, son importantes, pero no marcan una tendencia que permita concluir en que los derechos se respetan en el Ecuador. También son logros legales-procesales y los efectos a veces tienen una distancia muy enorme. 

 

La argumentación del Estado es que los ingresos fiscales dependen de ese petróleo. 

Sí, y a nosotros nos piden que les demos las alternativas. Yo no estoy obligada a dar una alternativa. Me dicen que con ese petróleo cubren los gastos del país, pues no están cubriendo los míos, los de esas comunidades, cuando nos hacen daño. 

 

En el caso de este nuevo derrame y las largas que está dando el sistema de justicia, ¿cuánto tiempo más pueden esperar? 

Al Consejo de la Judicatura ya no le podemos pedir más y no hemos tenido respuesta. Le hemos emplazado y solicitado que como vigilante de los procesos en medio de la emergencia sanitaria, diga algo. Las acciones de protección no pueden esperar eternamente por el Covid. Otra de las vías posibles es el sistema internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a partir de este limbo en el que estamos. Es un caso tan evidente de negligencia profunda del Estado. Es lamentable que no haya un juez que nos diga que tenemos o no la razón. 

 

¿Que importancia ve en el juicio actual? 

Este podría ser un juicio emblemático y le podría poner orden a las actividades extractivas. A través de este caso estamos demostrando que no están listos para asumir los riesgos a los que exponen a la población. Mitades de junio las comunidades encontraron nuevas manchas de petróleo. Las empresas dicen que son remanentes del 7 de abril, pero nosotros creemos que son nuevos derrames que no los quieren reconocer. El 2 de mayo y el 7 de mayo empezó, nuevamente, el transporte de crudo por el SOTE y el OCP, respectivamente. En esa zona donde confluyen los tres oleoductos, la presa de contención, la gran hidroeléctrica, la carretera y las comunidades, en esa área se ha cambiado el curso de los tubos de transporte de crudo. No sabemos quién validó y aprobó esos estudios, pero el 2 de mayo ya estaban movidas las tuberías más de un kilómetro y empezaron a bombear. Además reconocen el daño al ojímetro. Dicen que fueron unos 4 mil barriles de crudo derramados, después se conoció que fueron 15.800 barriles. Así funciona la información que ellos dan. Pero o que necesitamos es información verificada. Nuestro objetivo es precautelar los derechos de las personas afectadas. La posibilidad de nuevos derrames sigue ahí. La posibilidad de mejorar los reglamentos y los sistemas de control están en manos de ese juez, podría incidir de manera positiva y mejorar el control de actividades peligrosas. 

 

*Veronica Potes es abogada independiente y profesora en la Universidad Central del Ecuador. Colabora en diferentes colectivos, entre otros Yasunidos y la Alianza de Derechos Humanos, compuesto por varias organizaciones nacionales e internacionales. Además realizó durante cinco años un trabajo de investigación en comunidades achuar a lo largo de la Amazonia.

 

Texto: Ela Zambrano y Romano Paganini

Colaboración: Emilio Bermeo

Foto principal: Llevar la conciencia sobre los hechos a la ciudad: imágenes de niñ@s con sarpullidos en la piel o animales muertos, debido al derrame petrolero. Integrantes del grupo ambiental Extinction Rebellion Ecuador colgaron el domingo pasado fotos a las ventanas y paredes de la sede principal de la petrolera estatal Petroecuador en Quito. (Ivan Castaneira)

Redes: Ricardo Tobar y Victoria Jaramillo

 

+ + + Trabajo colaborativo entre La Línea de Fuego, Acapana, Radio Periférik y mutantia.ch + + +