Ecuador construye al enemigo interno hasta hoy

Líder Efrén Jiménez fue detenido y torturado junto a sus cuatro hermanos por militares en 1998. Su historia es parte del  Informe de la Comisión de la Verdad que registra 119 casos de graves violaciones de derechos humanos, ocurridos en Ecuador entre 1984 y 2008. Treinta años después, las prácticas de tortura -como se demostró durante el Paro Nacional- siguen vigentes en las filas de los agentes estatales.

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4 de diciembre de 2019, Nueva Loja, Ecuador. – A ocho horas de la ciudad de Quito vive Líder Efrén Jiménez junto a sus hermanos Oliver, Raúl y Miguel. Ellos con sus padres llegaron a la provincia de Sucumbíos en la década de los 90 para comprar una hacienda. Se decidieron en  la Cooperativa Voluntad de Dios y empezaron a trabajarla.

Sembraron café,  aserraban y vendían madera en Quito, Loja y Huaquillas. Pero un día la jornada cambió. El 12 de octubre de 1998 Líder Efrén (28 años en ese entonces), José Raúl (27), Miguel Ángel (25), Manuel Antonio (23) y Anter Oliver Jiménez Jiménez (18) fueron detenidos por miembros del Ejército Ecuatoriano. 

Los  trasladaron a un recinto y los subieron a un  helicóptero hacia el Batallón 56 Tungurahua, de la provincia amazónica. Los golpearon y los vendaron. “Yo ya no sabía de la vida de mis hermanos – dice Líder”. Me pusieron en una bodega de gas y en la tarde me sacaron dos veces supuestamente a investigación, me hacían ahogamientos con agua y gas.  Luego empecé a escuchar los gritos de mis hermanos. Fue el peor día de mi vida, me pisaban, me pateaban, me ponían fundas de gas, hacían la voz de mi madre y decían que la iban a matar si no me declaraba culpable. Luego  me echaron un balde de agua, pegué un brinco al aire y no recuerdo más, me habían metido corriente eléctrica y procedieron a sacarme el cuero de los glúteos, es un dolor, una ardor insoportable que sientes que se te va la vida. Me hicieron escuchar grabaciones de mis hermanos donde supuestamente ya habían declarado y yo era el único que no lo hacía, entonces les dije, yo acepto todo lo que quieran, pero dejen a mis hermanos en paz, que se vayan a su casa“.

Los militares cumplieron y los hermanos Jiménez fueron liberados, pero no todos. Líder, el hermano mayor junto a Miguel, quien era menor, se quedaron retenidos. Los agentes estatales los golpearon tanto, al punto que Líder empezó a convulsionar mientras tenía fiebre. Dos días después, los militares les devolvieron su libertad.  Los arrojaron en la autopista del kilómetro 17, de la vía a Quito, con un billete de 10 mil sucres.

Líder, que ahora tiene 48 años, recuerda que los militares los acusaron de ser “guerrilleros, secuestradores, asaltantes de autos”. Sin embargo el Estado nunca  pudo probar esta acusación ni presentó la denuncia, pero el rumor se regó por la provincia y los vecinos de los hermanos Jiménez les dieron la espalda, los clientes fueron amenazados y la siembra se perdió.

 

Los militares entraron durante la noche

Juanita Alarcón, de 43 años, también perdió la siembra, el ganado y la mitad de su vida por causa de los militares. Ella, sentada cerca del río Aguarico, en la provincia de Sucumbíos,  relata cómo el 5 de junio de 1987, once años antes de la detención de los hermanos Jiménez, un grupo de militares ingresaron a su casa en horas de la noche. 

“Tenía 11 años, habíamos merendado y mi padre estaba en pos de ir a dormir. Aparecieron muchos militares y empezaron a entrar a la casa, yo empecé a escurrirme por la cama, esos señores no me vieron y se llevaron a mi papá. Mi madrastra estaba con mis dos hermanas y decía ‘por qué se lo llevaban’. Luego los militares volvieron a la casa por nosotras, y nos metimos por el río. Ellos nos siguieron y nos dispararon, pero como nos metimos al agua, no nos pudieron seguir el rastro”.

Juanita logró huir, pero los militares tenían a su padre, don Juan Alarcón. “Eran 15 militares armados – dice don Juan-. El teniente me dijo: tienen 5 minutos para que me entreguen el fusil o sino muere. Me hicieron arrodillar, me amarraron con un palo y empezaron a pegarme. Me daban con el machete. Me pelaron la mano”. 

Durante tres días Juan pasó bajo custodia  militar. Lo acusaban del robo del fusil FAL Nº 18857 que se extravió del interior de las instalaciones  del Batallón 56 de las Fuerzas Armadas. Su hijo pequeño de 8 años también corrió la misma suerte. Fue golpeado, sumergido en el río y rasgado en el pecho por los militares.

Tres días después, los miembros del Ejército abandonaron la casa de la familia Alarcón. El fusil había sido localizado en el mismo Batallón.  

 

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Las dos causas están en el Informe de la Comisión de la Verdad que registra 119 casos y 456 víctimas por el delito de abuso sexual, atentado contra la vida, detención ilegal, tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial ocurrida durante el período de 1984-2008. 

El Informe señaló que “las violaciones de derechos humanos no fueron hechos aislados y esporádicos, cometidos por unos cuantos elementos policiales y militares, sino que formaron parte de una política de Estado de carácter sistemático y permanente durante el gobierno del León Febres Cordero” y que su estructura se mantuvo durante algunos gobiernos más. 

Tres décadas después los casos no han logrado pasar la primera fase y se encuentran en investigación previa en la ex Dirección de la Comisión de la Verdad ahora Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado que fue creada en el 2013 para la investigación y la judialización de los casos registrados en el Informe. Sin embrago seis años después esta entidad no solo investiga los casos del Informe, sino también otros 105 casos más, es decir, 224 causas son indagados por siete fiscales: seis en Pichincha y uno en Azuay.

Para Michelle Erazo, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la insuficiencia de personal y recursos económicos, la falta de procesos de formación continua a los agentes estatales y la inobservancia de estándares de debida diligencia, han generado que sólo 11 de los 119 casos hayan sido judicializados y sólo dos tengan sentencia firme, es decir, menos del 2% de casos documentados en el Informe.

 

A la audiencia temática en Washington, EE.UU solo informó sobre la situación
el subsecretario de Derechos Humanos. Ni la Fiscalía encargada de la investigación
ni la Defensoría del Pueblo, responsable de la reparación inmaterial,
acudieron a la sesión. 

 

Clara Merino, presidenta del Comité de Víctimas de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos en el Ecuador, dice que uno de los problemas para la falta de judialización es que la información sigue siendo reservada. Son poco los archivos que han sido allanados, mientras tanto algunos de los agentes estatales e incluso presidentes de Gobierno han fallecido. Otros se han jubilado y algunos se mantienen en las instituciones, es difícil procesarlos porque son muy fuertes todavía en la política y en el país.

En la audiencia temática solo informó sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe, Pablo Morales, subsecretario de Derechos Humanos. Ni la Fiscalía encargada de la investigación ni la Defensoría del Pueblo, responsable de la reparación inmaterial, acudieron a la sesión. Morales dijo a los comisionados que se han suscrito 113 acuerdos de reparación material, es decir 341 víctimas de 79 casos aceptaron las ofertas del Estado. También comentó de las charlas en colegios sobre el Informe de la Comisión y la colocación de cuatro placas de la memoria en Sucumbíos, Guayas y Manabí.

 

“¿Cuál es el plan del Estado en relación al derecho a la justicia?”

Está realidad preocupa a Flavia Piovesan, comisionada de la CIDH, que tras escuchar la intervención la sociedad civil y del Estado preguntó: “¿Cuál es el plan del Estado en relación al derecho a la justicia? Los números son preocupantes. Mi sugerencia es priorizar o crear un plan para garantizar el derecho a justicia de las víctimas”.

Otro comisionado quería saber del representante del Estado ecuatoriano sobre la desclasificación de la información y dijo que este proceso es necesario para que avancen las investigaciones. Aseguró que el periodo de reserva es 20 a 25 años y que ya culminó. El Estado ecuatoriano debería desclasificarlos, enfatizó. Además mostró su preocupación por la falta de coincidencia entre la información de la sociedad civil y Estado.

Líder y sus hermanos suscribieron a algunos de estos acuerdos. Veinte mil dólares por la tortura y la detención ilegal fue la propuesta de la Secretaría de Derechos Humanos, esto con la condición de que desistan de la demanda presentada ante la CIDH en agosto de 2003. “El Estado ecuatoriano reconoció la violación de derechos humanos (DD.HH) – dice Miguel Jiménez, último de los cinco hermanos -. No era una negociación, decían el Estado ecuatoriano te va a indemnizar con 20 mil dólares por detención ilegal y tortura, lo tomas o lo dejas porque no hay otra forma más”.

Los cinco hermanos Jiménez tras una profunda discusión de ocho meses y sin ver respuesta a los 20 años de exigencia de justicia, decidieron aceptar la indemnización como parte de la reparación integral. La Secretaria les presentó un documento, firmaron y se desistió de la denuncia internacional.  

“Al menos quiero un poco de justicia”, dice Líder con su mirada triste. Él comenta que no quería firmar el acuerdo, pero había presión. “Muchos funcionarios nos llamaron, inclusive le convencieron a mi hermanos de que si yo no cogía, no había ni para ellos, que nos íbamos a quedar sin nada. Hasta que un día decidí entregar los papeles porque ya no soportaba. Al cumplirse 20 años nos dieron los 20 mil dólares. Lo más triste es que inclusive hayamos sigamos siendo perseguidos, re victimizados y nadie haga nada”.

 

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Para Juan Pablo Albán, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito y experto en derechos humanos, la impunidad garantiza la repetición de estas conductas, y la única forma de prevenir su reiteración es no permitir que queden impunes. Esta falsa tolerancia, según Albán, no solo se refleja en la falta de investigación, sino también en la no sanción y felicitación a este tipo de conductas. El abogado se refiere tanto al pasado como a los acontecimientos de las ultimas semanas. Porque las conductas violentas por parte del Estado siguen hasta hoy en día.

Durante el Paro Nacional de octubre, organizaciones de DD.HH denunciaron desapariciones forzadas por horas y prácticas de tortura, tratos crueles e inhumanos en manos de miembros de la Policía Nacional.

 

La policia asfixio manifestante

El 9 de octubre, un dirigente indígena de 28 años fue detenido por miembros de la Policía cerca de las 15:30, en el sector de La Basílica, centro histórico de Quito. Fue llevado a Carondelet junto a otras 47 personas detenidas. Ahí fue golpeado y obligado a permanecer esposado y de rodillas frente a la pared. En la noche fue trasladado a otro lugar y lo separan del grupo por su condición de dirigente.

“Me esposaron nuevamente, me hicieron salir de ese garaje y subir a una patrulla con cuatro policías. En el carro me ponen una funda en la cabeza para que no pueda ver a donde me trasladan, me preguntaron de dónde venía, a qué pertenezco, quién estaba organizando la huelga, quién está encabezando el Paro Nacional, quién es el representante, quiénes son los dirigentes, cómo sacaron a la gente de la comunidad para acá, todo eso. Ellos me amenazaron, me decían: nosotros te vamos a dejar matando en el puente.

 

“El discurso del enemigo interno condujo al momento más dramático y más trágico en la historia nacional en cuanto agraves vulneraciones de derechos humanos“

Juan Pablo Albán, jurista de la Universidad San Francisco, Quito

 

Luego me hicieron bajar de la patrulla, me quitaron la funda, era un puente. No conozco ese lugar, en ese momento yo me sentía desesperado de lo que podía pasar, dentro del puente era bien oscuro, me quitaron los cordones de los zapatos del lado derecho con eso me empezaron asfixiar, me golpearon en el cuerpo, en toda parte. Ahí me dicen: todas las preguntas que te hice me respondes o qué quieres pasar. Yo no respondía absolutamente nada.  Solo me quedé callado y otra vez me intentaron asfixiar más duro y me sentía bien agotado, me sentía que no podía respirar, me decían quieres vivir o quieres morir”.

Seis horas pasó bajo custodia policial y fue liberado cerca de las 21:30, en el parque de El Ejido. Fue recogido por las brigadas médicas. El dirigente recibió un impacto en su pierna por intentar no responder las preguntas. El desconoce el objeto que le impactó pero su celular se rompió y eso le genero un hematoma en la pierna.

 

“Apenas alzábamos un poco la cabeza, nos pateaban”

Una situación similar vivieron dos hermanos que brindaban ayuda humanitaria el 12 de octubre, durante el toque de queda. “Alrededor de las 5 y 30 de la tarde nos acercamos a mi carro, una cuadra abajo de la Universidad Católica, porque ya había empezado la represión por parte de la Policía Nacional cerca de la zona e íbamos a retirarlo”, cuenta uno de ellos. “Estábamos sentados con el carro apagado, cuando un grupo de policías en moto se acercó, nos rodeó y comenzó a romper los vidrios de nuestro carro. Uno de ellos me apuntó con un escopeta a la cara, amenazándome con disparar si no bajaba del carro. A mi hermano y a mí nos sacaron a rastras del carro y comenzaron a golpearnos en el suelo y a patearnos entre varios policías. Apenas alzábamos un poco la cabeza, nos pateaban y nos gritaban que no intentemos ver. Luego de darnos una golpiza en la cabeza, espalda y extremidades nos subieron a una patrulla y nos tuvieron dando vueltas por Quito por aproximadamente 2 horas. Nunca nos hicieron una detención legal. No quedó registrado en ningún documento”. 

Estos testimonios fueron presentados a la CIDH que realizó su visita in loco para verificar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. Se espera que el informe sea publicado la próxima semana.

 

Las declaraciones de las Fuerzas Armadas respecto al terrorismo

Para Juan Pablo Albán, el catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, lo ocurrido en el Paro Nacional es preocupante porque se está construyendo un discurso del enemigo interno, así como ocurrió en las décadas anteriores.

El discurso del enemigo público es „un discurso que está regresando. Hemos escuchado estás últimas semanas a consecuencias de las movilizaciones a altos oficiales de las Fuerzas Armadas hablar de terrorismo de insurgencia y de la necesidad de combatirlo y eso es muy peligroso. Porque ese discurso del enemigo condujo al momento más dramático y más trágico en la historia nacional en cuanto agraves vulneraciones de derechos humanos“.

Para contrarrestar esta situación, el jurista asegura que es necesario que haya una voluntad política para impulsar los casos de graves violaciones de derechos humanos, no basta con el trabajo técnico de la Dirección, sino hay la voluntad política de la fiscal Diana Salazar. “Si nos duele tanto la corrupción mucho más debería indignarnos que los funcionarios no cumplan con sus deberes del respeto de los derechos humanos de los ciudadanos”.

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Texto: Mayra Caiza – La autora es periodista y comunicadora de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

Foto principal: Alberto Alarcón junto a su familia fue torturado por miembros del Ejército cuando era niño. Los archivos de su caso que fueron recolectados por la Comisión de la Verdad se encuentra en el Sistema Nacional del Archivo, en la ciudad de Quito. – Todas las fotos en este articulo fueron hechos por miembros de Inredh.