El silencio de las instituciones

Recibir información de organismos públicos relacionada con el 29-O es difícil. A tal nivel, que el Ayuntamiento de Catarroja y el Instituto de Medicina Legal esquivan preguntas críticas. Eso pone en jaque los principios de un Estado de Derecho y siembra incertidumbre en la población, no solo entre la población de la Zona Cero.  

 

“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.”

Constitución de España, artículo 15

 

Octubre 2025. – Es obvio que tras una catástrofe del calibre de la riada del 29 de octubre los organismos públicos necesiten un momento para ubicarse. Aunque estemos viviendo en tiempos de catástrofes múltiples en diferentes niveles y en diferentes partes del mundo, el tiempo de reacción de los cuerpos de seguridad y rescate muchas veces difiere de la expectativa que tienen las personas afectadas. 

En el caso de las inundaciones de Valencia hablamos de un caso excepcional.

El agua afectó una superficie de 530 kilómetros cuadrados con 80 municipios y más de 800.000 habitantes. Además de la infraestructura como los 1.522 kilómetros de autopista, 99 kilómetros de línea de tren, 26 puentes, 123 plantas de tratamiento de agua y docenas de campos de producción agrícola y también ganadera.

Las inundaciones de ese día fueron una de las catástrofes  más impactantes de los últimos cien años en toda Europa. Sin embargo, los cuerpos especializados -léase ejército, bomberos, unidades de emergencia-, están preparados para afrontar estas y otras situaciones de crisis. 

Por eso, –igual como con las personas fallecidas– quedan muchas denuncias, dudas y sobre todo preguntas: 

• ¿Porque había miles de efectivos de la policía nacional esperando durante días en la ciudad de Valencia para poder entrar a la zona cero?
• ¿Por qué no se activó a los bomberos de diferentes cuerpos alrededor de la ciudad, a pesar que estaban listos para entrar a la Zona Cero, incluyendo seis helicópteros de los bomberos forestales? Lo mismo vale preguntar por las tropas que estaban esperando en la base militar de Bétera. 
• ¿Por qué militares de toda España recibieron mensajes de sus superiores de no ir por cuenta propia a la zona de catástrofe, y de mantenerse en casa a disposición?
• ¿Por qué el gobierno central rechazó la ayuda de bomberos de Francia, mientras docenas de familiares, metidos hasta la cadera en el fango, tenían que buscar los cuerpos de sus queridos por cuenta propia?

Toda esa inacción en las primeras 100 a 150 horas posteriores a la riada costó vidas y aumentó la desconfianza de la población de todo el país. El abandono por las instituciones públicas fue palpable. Como si quisieran ver de qué manera reaccionaba el pueblo, solo, frente a semejante catástrofe. 

La negligencia se hace aún más palpable, sabiendo que en la noche del 29 al 30 de octubre de 2024 helicópteros y otras aeronaves -probablemente drones- sobrevolaron la Zona Cero. Eso quiere decir que los gobiernos, tanto el de la Comunidad Valenciana como el gobierno Central, pocas horas después de la riada conocían las dimensiones de la tragedia.

Podían haber activado todos sus recursos para ir al rescate de la población. Se podía haber salvado a mucha gente. Y no solo se hubiese podido dar apoyo material y emocional a la población, sino cumplir con el deber de proteger a la población, tal como manda la Constitución de España. Ni el Gobierno Nacional ni el Gobierno de la Comunidad Valenciana activaron el Nivel 3 de Emergencia. Eso hubiera permitido actuaciones más rápidas y contundentes.

Pero no se hizo. 

Como periodista tengo que admitir que no he recibido la información necesaria para cumplir con mi tarea de informar y difundir.

A lo largo de los últimos doce meses me he encontrado con trabas por parte de diferentes instituciones -tanto públicas como privadas- para poder contrastar datos y testimonios recogidos de primera mano en la Zona Cero. Parece que en la Comunidad Valenciana, esa forma de disimular, opacar o incluso ocultar es un procedimiento sistemático, también o especialmente en momentos de máxima tensión. 

Eso me confirmó en febrero de 2025 una funcionaria cercana a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana. Me contó que pocos días después de la catástrofe, consultores cercanos a Mazón y críticos con su gestión, fueron apartados de la presidencia. “No hay un interés real en que se sepa lo que ha pasado.”

Desde mutantia.ch podemos afirmar lo mismo sobre los funerarios de Alcocer Prats, Vadis y Mémora, todos implicados en la incineración o el entierro de víctimas de la riada. Ninguna de las empresas respondió a nuestra solicitud de entrevista a mediados de marzo de 2025.

Más compleja fue la comunicación con el Ayuntamiento de Catarroja y el Instituto de Medicina Legal Valenciana (IML). En el caso de Catarroja intentamos desde el 20 de diciembre de 2024 conseguir una cita. En ese entonces todavía regía el caos, y por  tanto recién el 26 de marzo de 2025 volvimos  a insistir. Después de un largo “ida y vuelta”, incluyendo la suspensión de un pleno, decidimos mandar un listado de 16 preguntas, pidiendo que nos respondieran por escrito. Insistimos el 29 de agosto de 2025.  La respuesta, un día después: “Es la primera vez que nos pasa las preguntas.”

A partir de ahí el intercambio se transforma en un proceso kafkiano. El 9 de septiembre de 2025, finalmente, el Ayuntamiento manda las respuestas, pero sólo a la mitad de las preguntas. Preguntando por la razón de no haber respondido las otras, dicen primero que les faltaba el tiempo; pero cuando preguntamos por el tiempo que necesitaban, respondieron:

 

“No es cuestión de tiempo. Es que estamos en fiestas, y con la reconstrucción, y no podemos en estos momentos. Esperamos que pueda entenderlo y que le sirva el esfuerzo que hemos hecho.”

Ayuntamiento de Catarroja,
10 de septiembre de 2025 

 

Parecido fue el proceso con el IML. Después de varias idas y vueltas el 14 de mayo de 2025 el IML nos pide que hagamos -en contra de nuestra solicitud- la entrevista por escrito. Es una petición legítima, pero cambia totalmente la dinámica. 

Entonces me asesoré con una amiga periodista que está familiarizada con gestiones en el ámbito de Medicina Legal. Armamos un listado de 23 preguntas y lo mandamos el 6 de junio de 2025. Pero el IML, que en ese momento pasaba por un cambio en la dirección, no respondió hasta que volvimos a insistir a finales de agosto.

Finalmente responden, pero no a las preguntas que mandamos en junio, sino a temas generales que planteamos cuando solicitamos entrevista presencial con un forense. Enviaron 6 respuestas de un total de 23 preguntas. Indagando por qué ignoraron nuestras preguntas, contestaron: 

 

“Desde el IML se han respondido las preguntas que formuló sobre el tema en su primer correo electrónico, que fueron enviadas al instituto. Como ya le comentamos, en el transcurso de esta petición hubo un cambio en la dirección. Éstas son todas las que se han podido responder e incluyen información detallada. Disculpe las molestias. Esperamos que la información aportada le sea de utilidad.”

Instituto de Medicina Legal,
24 de septiembre de 2025

 

Cuando les recordamos cómo había sido el proceso de comunicación, y que no estaban respondiendo a la petición de junio, simplemente no contestaron.

Como buscamos la mayor transparencia en relación con la riada del 29O, decidimos publicar todo el intercambio que hemos tenido por correo electrónico, tanto con el Ayuntamiento de Catarroja como con el  Instituto de Medicina Legal.

Mientras se sigue teniendo poca claridad sobre el número de personas fallecidas, también el comportamiento del gobierno Central parece kafkiano. Por un lado, 48 horas después de la catástrofe, se establece el Centro de Integración de Datos -un organismo estatal- como única fuente confiable en relación a los fallecidos por la riada.

Por otro lado, semanas después, el gobierno del PSOE se esfuma cuando se trata de definir cifras exactas sobre las víctimas de la catástrofe, pasándole la responsabilidad al gobierno regional valenciano del PP. Para completar la falta de transparencia se publicó en aquellas semanas las ayudas estatales que recibieron 41 familiares de víctimas, pero en la columna de solicitudes de familiares de víctimas solo dice “N.D”: no disponible. 

Confusiones había también en los ayuntamientos, incluso meses después de la riada. Un ejemplo es Paiporta, donde la alcaldesa, el 30 de octubre de 2024 denunció, en medio del caos imperante, que se había registrado 70 víctimas sólo en su municipio; varias de ellas -eso se supo semanas después -no eran de Paiporta sino que fueron  arrastradas por el agua desde municipios agua más arriba. Luego se hablaba de 46 víctimas, hasta que a mediados de marzo de 2025 el Juzgado de Torrent, al cual pertenece Paiporta, elevó el número a 56 víctimas. 

 

Si las y los responsables por las dimensiones de la catástrofe y la falta de socorro siguen en sus puestos como es el caso del 29-O -tanto funcionarios como políticos, tanto a nivel regional como nacional-, la resistencia por parte de la población se convierte en un deber. 

 

Por último están los certificados de defunción, emitidos por los forenses que participaron en estos registros. Familiares de las víctimas han denunciado múltiples certificados alterados, tanto en la fecha de defunción como en la causa de la muerte. Y también se sabe que hay personas que murieron dentro de su vehículo y figuran como víctimas de “accidente de tráfico”.

Sólo a nosotros, mutantia.ch, nos constan cuatro certificados modificados.

• Felipe García, Catarroja – Padre de Meri Villanueva, Presidenta de la Asociación de Víctimas Unión del Pueblo 29, figura con fecha de defunción el 30 de octubre de 2024 a las 00:00.  
• Sara y su padre Miguel, Benetússer – En su certificado de defunción figuran los datos “00:00 horas del 29 de octubre”*, quiere decir: la madrugada de este fatídico día. 
• Rubén Lima, la Torre – Falleció entre las 20.30 y 21 horas en un garaje de la Torre. Su familia recibió el certificado con fecha del 29 de octubre de 2024 a las 10h de la mañana. 

Al día de hoy, varias familias luchan para que los registros civiles hagan ese cambio importante en los certificados de defunción. Porque en las estadísticas no aparece que estas personas hayan fallecido a consecuencia de la riada. 

Que las instituciones necesiten un momento para ubicarse tras una riada como la de Valencia es comprensible. También es comprensible que la población, en las semanas y meses después, necesite respuestas claras y fidedignas. Si no las recibe, las instituciones pierden credibilidad. Y si las y los responsables por las dimensiones de la catástrofe y la falta de socorro siguen en sus puestos como es el caso del 29-O -tanto funcionarios como políticos, tanto a nivel regional como nacional-, la resistencia por parte de la población se convierte en un deber. 

*Por la insistencia de la familia el registro civil correspondiente rectificó la información en diciembre de 2024.

 

Texto: Romano Paganini

Foto principal: Caos adentro, caos afuera – también meses después de la riada: una casa a  orillas del barranco del Poyo a la altura de Paiporta, 29 de mayo de 2025. (Romano Paganini)

Edición y producción: Gabriela Novoa & Romano Paganini

Redes Digitales: Belen Mendoza & Marcos Marquez