Hay personas que no se pueden quedar en casa

Desde el lunes, el gobierno ecuatoriano impuso medidas obligatorias para restringir la movilidad de los ciudadanos. Pero hay familias que no se pueden quedar en casa, pues si no salen a la calle, no sobreviven. El COVID-19 es una crisis sanitaria sin precedentes, pero como toda crisis, afecta más a las personas que menos tienen: trabajadores informales, personas sin techo y migrantes. 

21 de marzo de 2020, Quito. – Pasaron menos de doce horas después de que el gobierno del Ecuador declaró el Estado de excepción y toque de queda, para que las calles de Quito estuviesen tan vacías como una mañana de primero de enero. La mayoría del pueblo obedece el veredicto del presidente Lenín Moreno y se ha quedado en casa a pesar de la presión económica y la incertidumbre causada por la pandemia de COVID-19. Las y los ciudadanos que tienen trabajo formal no saben si después, cuándo se normalice la situación sanitaria, van a recibir su sueldo completo, mientras que las personas que tienen un trabajo informal viven en la incertidumbre del mañana. 

En Quito se estima que existen aproximadamente 30 mil vendedores informales que a partir del martes 17 de marzo no cuentan con sus ingresos diarios, como lo hacían antes de la emergencia sanitaria. “No sé lo que me va a pasar después y no lo sabe nadie”, dice Amparito Portilla, la única vendedora ambulante, que se ve esta tarde frente al parque El Ejido, en el centro norte de la ciudad. Al lado de su kiosko cerrado colgó una soga con mascarillas de diferentes tipos y colores. “La Policía me dio el permiso, porque son cosas que ahora se necesita”, explica la vendedora al tiempo que se coloca un traje azul como el que usan los médicos en los quirófanos. Además de ser vendedora, doña Amparito se hace cargo de su hermana: le compra comida y medicina para su lumbalgia, “pero más de una semana no voy a poder sostener esta situación”, precisa.

Cada tanto pasan personas, muchos de ellos con mascarilla, algunos incluso con guantes. A doña Amparito le quedan cuatro cajas de 50 mascarillas. Compró las mascarillas la semana pasada y hoy es uno de los pocos lugares en la ciudad, donde todavía se puede vender. “Hemos recorrido cinco farmacias y ninguna tiene”, confirma un hombre mayor que pasaba por la esquina y ahora se cubre la boca y nariz con la mascarilla. Efectivamente, la mayoría de las farmacias de la ciudad no tienen mascarillas y algunas personas, de acuerdo a un farmacéutico del barrio de La Mariscal, se aprovechan de la situación y las venden hasta por $8 cada unidad. 

 

No comen mañana sino trabajan hoy

Como si Ecuador no tuviese suficientes problemas económicos, una semana después del primer caso de coronavirus en el país, registrado en Guayaquil, el presidente Lenín Moreno anunció nuevas medidas económicas: recorte presupuestario, aporte obligatorio del 4% y 8% de los salarios de los trabajadores del sector público, incremento del 0.75% en las retenciones en el impuesto a la renta, eliminación de algunas instituciones públicas y unificación de otras. Moreno, aseguró que estas medidas se tomaron para afrontar la crisis mundial que se vive por la pandemia del COVID-19. Las nuevas medidas generaron incertidumbre en el sector público, que cerró el año 2019 con cerca de 25 mil despidos que se suman a las 3,8 millones de personas que se encuentran oficialmente sin empleo formal. 

Para Carlos Castellanos, presidente de la Federación de Comerciantes Minoristas de Pichincha (Fedecomip), que cuenta con al menos 3.500 trabajadores informales en Quito, el desempleo en el país no es el único problema, sino también el empleo no adecuado. Esto tiene repercusiones en la emergencia sanitaria por la que el mundo atraviesa. “Somos aproximadamente 17.4 millones de ecuatorianos y de ellos 4.3% son pobres y extremadamente pobres”, explica Castellanos. “Gran parte de la población no come mañana cuando no puede trabajar hoy”.

Igual que muchas otras áreas de Quito en estos días, el Centro Histórico se encuentra desolado. Un hombre con mascarilla negra da de comer a las palomas en la Plaza San Francisco mientras un perro trata de cazar a una de las aves. Normalmente la plaza es un hormiguero de personas, hoy apenas se ve un puñado de ellas. Unas cuadras más abajo, camino hacia el sector de La Marín, un grupo de vendedores ambulantes ubicados en una esquina parecían estar listos para moverse en cualquier momento. “Estamos vendiendo poco”, dice unas de las mujeres, con varias bolsas de aguacates en la mano. Normalmente vende entre cincuenta y sesenta bolsas al día, hoy fueron apenas cuarenta. “Tengo que estar en la calle”, cuenta la madre de dos adolescentes. Su marido es albañil, y como muchos de sus colegas, trabaja sin contrato, es decir que si se suspende la construcción, como en la actual cuarentena, no recibe ingresos. “Y si yo no salgo a vender en la calle”, dice la mujer de 34 años, “no tenemos para comer”.

Unos minutos después pasan tres carros con agentes de la Agencia Metropolitana del Control del Municipio de Quito, flanqueados por motocicletas con hombres enmascarillados. “Pedimos que se quedan en casa”, señala una voz por un parlante, que hace eco en las calles angostas. Las y los vendedores ambulantes, acostumbrados a ser expulsados y maltratados por agentes del Municipio, se esconden en una calle de costado, esperando a que pase la patrulla. Sin embargo, centenas de agentes están en las calles y controlan para que no haya reuniones y cuando sí las hay, las diluyen. 

 

Los mercados son indispensables en el funcionamiento de la ciudad 

Mientras tanto en el Mercado Mayorista, al sur de la ciudad, el Municipio distribuyó 500 mascarillas, gel antiséptico, guantes, desinfectantes y colocó 10 lavabos de manos en las entradas peatonales del mercado. También los propios comerciantes minoristas han asumido con responsabilidad las medidas, precisa Carlos Castellanos. “Los mercados son los que proveen los alimentos de primera necesidad y se están arriesgando a este virus, entonces ellos también son parte de este proceso que están arrimando el hombro para salir de esta emergencia sanitaria”. 

Según Juan Pablo Burbano, secretario general de Seguridad y Riesgos del Municipio, desde el día lunes 16 de marzo, 2.800 servidores públicos han realizados más de 14 operativos de control en todo Quito. Además indica que no son únicamente controles de seguridad en las vías y en los 53 mercados populares que alberga la capital, sino también se realizan campañas de concientización, prevención y buenas prácticas de higiene para las personas que continúan trabajando, como los cargadores y las desgranadoras del mercado San Roque. Burbano coincide con Carlos Castellanos, de la Fedecomip, en que el 90% de quiteños se encuentran en sus casas. Y quienes no, están arriesgándose para sobrevivir. “Un comerciante minorista tiene un promedio de ingreso de 8 a 12 dólares diarios”, afirma Castellanos, y eso no le permite dejar el trabajo. 

 

“La campaña #QuédateEnCasa no considera a las personas que se encuentran desempleadas o a las que tienen un empleo no adecuado”.

Carlos Castellanos, Federación de Comerciantes Minoristas de Pichincha

 

El presidente de la Fedecomip, cuestiona la campaña del gobierno, #QuédateEnCasa. “No considera a las personas que se encuentran desempleadas o a las que tienen un empleo no adecuado”, expresa. “No se puede encerrar a miles de hombres y mujeres en la casa para que no coman nada”. Castellanos recomienda optar por alternativas como la entrega de kits o canastas. “Sino será muy difícil que las personas continúen en sus casas”. 

Desde el jueves, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se percató de la situación e informó sobre la entrega de 245 mil kits de alimentación a escala nacional a familias que vive en pobreza o extrema pobreza. La canasta contiene 16 productos de primera necesidad que deberán abastecer a una familia de cuatro integrantes durante 15 días. La entrega de productos arrancó por Cuenca, aunque es la ciudad con la menor tasa de pobreza (4.1%). Se espera en estos días las entregas a Guayaquil que tiene la más alta de pobreza a nivel nacional (11.2%), Machala (9.2%), Ambato (8.3%) y Quito (8.1%).

Pese al mediatizado despliegue estatal, a Leónidas Iza, dirigente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), le preocupa la falta de respuesta en otras áreas, específicamente en relación con el abastecimiento de productos agrícolas desde el campo. “Las ciudades dependen del abastecimiento de los productos del campo”, afirma. Sin embargo, ahora los agricultores no pueden comercializar en sus mercados. “El Estado ecuatoriano debería comprar directamente a los campesinos, nosotros hemos rebajado los precios, pero no puede quedar a la subjetividad de los intermediarios—explica Iza—, es aquí donde nace la especulación”. 

Para evitar esto, el dirigente indígena propone que el Estado central debería determinar un fondo de emergencia sanitaria para que compre a los campesinos de manera directa los productos y estos los traslade de manera gratuita a este sector de la población que no van a poder comprar los productos porque viven día a día con su economía o no tienen empleo.

 

#QuédateEnCasa para quienes no tienen casa 

La precariedad, tanto de los trabajadores del campo como de los vendedores informales en las ciudades es la realidad de miles de personas en el Ecuador y la de millones alrededor del planeta, independientemente de la pandemia actual. Ellos viven de las migajas que le deja el mercado. Lo que el COVID-19 está provocando y que para las clases más acomodadas se puede sentir como una crisis, es la vida cotidiana para muchas personas que luchan día tras día.

Uno de ellos es Cristian (26), quien sentado en una vereda cerca de La Marín, espera hasta que pase el día. Hace cinco años vive en la calle y sobrevive con pequeñas chauchas para mover cajas de una bodega a otra, traer comida del Mercado Central y vigilar los autos parqueados en la calle. “Si no abren los negocios, nosotros no comemos”, dice en nombre de sus compañeros. La mañana del 20 de marzo, un automovilista le dejó unos centavos por haber vigilado su carro. Con eso compró un paquete de chifles y lo compartió con sus compañeros. “Algo es algo“, dice Cristian, “pero obviamente eso no nos nutre. Ya pasaron tres días que no he comido algo caliente”. La Policía les dijo que se vayan a uno de los albergues de la ciudad, pero ni Cristian ni sus compañeros tienen cédula “y por lo tanto no nos dejan entrar”, explica. 

Para evitar esta situación, la Corte Constitucional en su dictamen de favorable de constitucionalidad al estado de excepción dispuso explícitamente que el “Estado debe adoptar medidas para proteger a las personas en situación de calle y otras situaciones de vulnerabilidad”. Sin embargo, hasta la publicación de este artículo se desconoce las medidas del Estado ecuatoriano a nivel nacional para proteger a este sector.

 

“No abrir mas las puertas es la única forma para garantizar la seguridad de
los habitantes, trabajadores, hermanos y donantes de la institución”

Mauricio Paucar, albergue San Juan de Dios

 

Debido a la situación sanitaria, varios albergues optaron por tomar medidas más drásticas. En el albergue San Juan de Dios en el barrio El Tejar, por ejemplo, cerraron las puertas hace una semana y quienes salen no pueden volver a entrar. “Es la única forma para garantizar la seguridad de los habitantes, trabajadores, hermanos y donantes de la institución”, explica Mauricio Paucar de la institución. Desde el primer caso de COVID-19 en el Ecuador, el 29 de febrero, el albergue consideró un protocolo de seguridad. Entre otras medidas, se tomaba la temperatura de cada persona que entraba. 

El albergue San Juan de Dios normalmente da de comer a 250 personas cada día, entre las cuales 80 a 100 se quedan a dormir, pero el sábado 14 de marzo, cuando decidieron cerrar por completo sus puertas, 50 mujeres y hombres, en su mayoría migrantes de Venezuela, optaron por irse. “Muchos eran adultos jóvenes que estaban de paso para seguir su viaje a Perú y Chile o para volver a sus casas en Venezuela”, dice Paucar. Actualmente viven más de setenta personas en el albergue: 30 de forma temporal y 37 fijo. El resto son miembros del personal y los hermanos de la Iglesia. 

 

La casa de la Cultura abre sus puertas

Para contrarrestar la situación de emergencia de las personas que viven en la calle, el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito abrió sus puertas. Así lo anunció Liliana Yunda, presidenta del Patronato San José, en su cuenta de Twitter: “Hemos habilitado el albergue en la Casa de la Cultura de Quito para acoger a 60 habitantes de calle”. Según el Patronato San José, hasta el 2017 se identificó 4.096 personas sin hogar en la ciudad capitalina, es decir que la mayoría de ellos necesita un albergue para resguardarse de la crisis sanitaria. Es así que la línea 911 también se encuentra habilitada para atender casos de personas en situación de calles o de grupos vulnerables.

Los grupos más vulnerables, como en toda crisis, son los más expuestos a las consecuencias del COVID-19. Dadas las condiciones y el panorama a nivel global, donde los contagios hasta el cierre de esta edición han subido a 284.516 contagios confirmados, 11.868 muertes y 89.891 recuperaciones, los gobiernos de la región analizan la posibilidad de extender el estado de emergencia y por lo tanto dejan cerradas sus respectivas fronteras. Al Ecuador ni siquiera pueden ingresar ciudadanos que están esperando al otro lado de la frontera. Paul Pasato por ejemplo, turista ecuatoriano, esta entre la espada y pared: por un lado, los encargados del hotel donde está alojado en Perú lo amenazaron con echarlo por miedo al contagio con el COVID19, a tal punto que incluso los militares han entrado para revisar las pertenencias de él y otros turistas. Por otro lado, no puede ingresar a su propio país.  

Mucho más compleja es la situación de cientos de migrantes y refugiados: ellos vienen debilitados por las crisis en sus propios países—y en muchos casos vienen de caminar durante días o semanas. Decenas de ellos se quedaron varados en el puente Rumichaca, en la frontera con Colombia, desde el primer día del estado de excepción. Frente a esto, la respuesta del Estado ecuatoriano al inicio de la semana fue enviar docenas de unidades antimotines e incrementar el control fronterizo. Es una medida que se está tomando en varios lugares del planeta. El miedo al contagio con el COVID-19 ha fomentado la exclusión y el racismo. “La xenofobia en el Ecuador se percibe en una forma muy agresiva hacia los extranjeros y nos preocupa que siguen creciendo para lo que es la coyuntura por el tema del corona-virus“, decía Daniel Regalado hace dos semanas.

 

“Dos familias salieron la semana pasada del albergue
porque encontraron un lugar para arrendar.
Ahora no generan ingreso y va a ser difícil pagar el alquiler”

Isabel Rodriguez, presidenta de la Fundación Nuestros Jóvenes

 

 

Actualmente, al presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador le preocupan los acontecimientos en las fronteras del país. “Hay varias personas frenadas por falta de transporte, porque se quedaron sin dinero o porque las ONG’s que suelen ayudar no pueden trabajar de forma constante por las diferentes restricciones en el país”. En contraste, la Agencia de la ONU Para los Refugiados (ACNUR), afirma que “las personas en Rumichaca han recibido asistencia de emergencia para alojamiento”, así lo respondieron mediante un correo electrónico. Además, ACNUR destaca de que se están “asegurando de que las personas solicitantes de asilo puedan acceder al territorio”.

 

Podrían perder su casa debido a la emergencia sanitaria 

Isabel Rodríguez, presidenta de la Fundación Nuestros Jóvenes, que proporciona alojamiento en un albergue cerca de la Mitad del Mundo, a las afueras de Quito, también se encuentra preocupada por la situación de los migrantes. “Doce personas salieron el sábado pasado hacia Perú y no sé dónde están ni cómo se encuentran”, cuenta Rodríguez. Actualmente, en su albergue hay 71 personas, la mayoría de Venezuela. En general se quedan unos días allí y después siguen su viaje o arriendan un departamento o cuarto. Pero desde el martes están encerrados, pues el albergue decidió prohibir la entrada a más personas a partir del jueves 12 de marzo, para prevenir contagios de coronavirus. 

“La situación actual genera mucho estrés en las personas, porque no pueden salir a trabajar”, afirma Isabel Rodríguez. Muchos de ellos “mandan sus ganancias a Venezuela para que sus seres queridos allá pueden sobrevivir. Para colmo, dos familias salieron la semana pasada del albergue porque encontraron un lugar para arrendar. Ahora no generan ingreso y va a ser difícil pagar el alquiler”. 

Para Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador, esta es la preocupación más grande dentro de la comunidad venezolana en estos momentos. Desde el lunes, Regalado recibió muchas llamadas, en las que la gente manifestó su preocupación por la posibilidad de quedarse en la calle. “No pueden pagar el arriendo, la comida o la medicina”, cuenta Regalado. Muchos de ellos dependen de trabajos informales en la calle o en el transporte público. “Eso va arrastrar una serie de vulnerabilidades y generar problemas más visibles”.

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Todas las instituciones con las cuales hemos conversado insistieron en la importancia de que no se corte la ayuda humanitaria de parte de la ciudadanía y que los donantes sigan apoyando los diferentes proyectos.
Si no es con víveres o insumos, por miedo al contagio, que sea con dinero.
Que la ayuda no se convierta en víctima del coronavirus.

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Texto: Mayra Caiza, Patricia Yallico y Romano Paganini

Foto principal: Corriendo para sobrevivir: vendedoras de limón y de aguacates en el Centro Histórico de Quito. (Romano Paganini)

Colaboracion: Emilio Bermeo y Alejandro Ramirez Anderson

 

+ + + Trabajo colaborativo entre La Linea de Fuego, Radio Periférik, Acapana y mutantia.ch + + +