„La memoria es un choque con la realidad, un espejo”

Mañana es el Día internacional de los Derechos Humanos. Derechos que, debido a la pandemia y las restricciones del Estado durante el 2020, se han visto debilitados. Quienes investigan el tema, desde hace años, son Mayra Caiza e Ingrid García pertenecientes a la Fundación Inredh. En esta entrevista hablan sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía, la desconfianza hacia el sistema judicial del Ecuador y las dificultades que han encontrado en las instituciones estatales para acceder a la información relacionada con Derechos Humanos.

9 de diciembre de 2020, Quito. – Lo que pasó en una farmacia en el norte de Guayaquil el 19 de noviembre de 2003 no quedó en la impunidad. Ese día, en un operativo de la policía liderado por el mayor Eduardo René Gonzales se ejecutó extrajudicialmente a ocho personas, tres fueron desaparecidas. Cabe mencionar el caso González y Otros, porque de todos los casos de ejecuciones extrajudiciales registrados en el informe de la Comisión de la Verdad hasta hoy en día es el único que cuenta con una sentencia firme. Trece policías involucrados fueron condenados a 16 años de cárcel, otros seis declarados como cómplices, mientras que a una persona se la declaró inocente.

González y Otros forma parte de una investigación de la Comisión de la Verdad que revisa violaciones de Derechos Humanos entre los años 1984 y 2008, época que Ecuador contó con once diferentes presidentes. Quien dio paso a reconstruir esta memoria fue el ex-presidente Rafael Correa (2007-2017), que mediante un Decreto Ejecutivo puso voz a familiares, amigos y víctimas de ejecuciones extrajudiciales, catalogadas como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) desde el año 2014. En su artículo 85 se puede leer: “La funcionaria o el funcionario, agente del Estado que, de manera deliberada, en el desempeño de su cargo o mediante la acción de terceras personas que actúen con su investigación y se apoye en la potestad del Estado para justificar sus actos, prive de la vida a otra persona, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintisietes años”. Ironía: entre el 2008 y el 2014, entre los primeros mandatos de Correa se encuentra que las instituciones estatales no cuenten con información sobre ejecuciones extrajudiciales…

Así lo afirman la periodista Mayra Caiza y la socióloga Ingrid García, ambas integrantes de Inredh, quienes hace poco publicaron el libro “Liberalización de la violencia policial – ejecuciones extrajudiciales en el Ecuador? 2014-2019”. Lo que llama atención es que más de la mitad de ese tipo de ejecuciones registradas desde 1984 tuvieron lugar en aquellos cinco años, es decir, bajo los gobiernos de Correa y Lenín Moreno.

Mayra Caiza e Ingrid García, a fines de noviembre la Asamblea Nacional destituyó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, entre otras cosas por el uso de bombas lacrimógenas caducadas durante el Paro en octubre 2019. ¿Cuál es su lectura en términos de Derechos Humanos?

Mayra Caiza*: Creemos que esta destitución es un acto político que puede abrir la puerta para judicializar a la Ministra. Nosotros patrocinamos a dos familias que durante el Paro perdieron un familiar, pero los dos casos no han avanzado por falta de información de los Ministerios de Gobierno y de Defensa y de la Policía Nacional.
Ingrid García: María Paula Romo dictaba las órdenes, las directrices políticas. Que ahora haya sido destituida es un buen comienzo. Además, es una manera de reparación para las víctimas. Su destitución es un reconocimiento de lo que pasó.

 

Ustedes hace años investigan violaciones de Derechos Humanos en el Ecuador. Después de todo lo que han leído y visto: ¿creen en la posibilidad de un juicio legal contra la ex-ministra?

Mayra Caiza: Primero se tienen que identificar a los responsables. Y eso va a ser muy complicado, porque se debe demostrar que realmente fue ella la que dio la orden. Si bien es cierto que la Ministra dicta las políticas públicas y es la responsable de la Policía Nacional, en el caso del Paro es demasiado complicado. Inredh lleva otros casos de criminalización de la protesta, tanto del año 2015 como del 2017, en ambos casos hubo una fuerte represión, pero no se logra llegar a los altos mandos: ni al Ministro de ese entonces, José Serrano, ni a los comandantes de la policía. Lo que se ha logrado es individualizar los casos, detectar a los policías responsables y sancionar a estas personas.

 

Pero son solo l@s peones, no l@s que dictan las órdenes…

Mayra Caiza: ¡Totalmente! De todas maneras hay que tener en cuenta que la policía, igual que los militares, si reciben una orden que viola un derecho tienen la posibilidad de no acatarla. Ellos tienen que aplicar el uso progresivo de la fuerza, y todo está en el paraguas de los Derechos Humanos. No pueden ir más allá. Por esa razón nosotros creemos que el juicio político contra Romo podría ser una apertura para presionar que la Fiscalía avance con los casos que reposan en sus despachos. Solo que con las experiencias anteriores como la del exministro José Serrano sabemos que es muy difícil y depende de la voluntad política de las instituciones. Uno de los problemas principales en estos casos es el acceso a la información. Así fue en los años ochenta y noventa, así sigue hasta hoy en día.

¿Cómo fue el acceso a la información para la investigación de su libro?

Ingrid García: Hicimos varias solicitudes de acceso, pero realmente tuvimos muy poca respuesta. Entre el 2014 y el 2019 hubo 71 denuncias por ejecuciones extrajudiciales. Eso significa 18 muertes cada año, que es algo grave. Nosotros pedimos una clarificación de estos datos, pero no obtuvimos respuesta detallada.
Mayra Caiza: De la Defensoría del Pueblo y de la Corte Constitucional no tuvimos información. Solo recibimos información de la Fiscalía, de la Judicatura y de la Inspectoría de la Policía, por escrito. Eso es un limitante, porque son informaciones muy generales, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura, los informes solo dicen “sentencia” o “resolución” pero no nos dicen qué sentencia fue: condenatoria o ratificación de inocencia.

 

¿Por qué la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional no les dieron acceso a la información?

Ingrid García:De la Defensoría del Pueblo nunca hubo respuesta, pese a que insistimos varias veces e ingresamos el pedido de acceso a la información; mientras que de la Corte Constitucional recibimos un email sin datos, en relación a ello, consideramos que es probable que no los tengan ordenados. A pesar de que existe una Ley de solicitud de acceso a la información, que establece que la misma tiene que ser pública, y que existe una revisión de cuentas de las instituciones. La información que si nos fue entregada no estaba desagregada por género, identidad ni condición socioeconómica, porque ni la Judicatura ni la Fiscalía cuentan con esos niveles de información. Esta falta de desagregación también la hemos evidenciado en otras investigaciones. Solo responden con datos generales.
Mayra Caiza: La Corte Constitucional en su email nos decía: “Si quieren vengan y pueden acceder”. Pero cómo podemos ubicar la información, si nosotras mismas preguntamos por una jurisprudencia. Además, se necesita un conocimiento técnico. Para disipar las dudas tuvimos que apoyarnos bastante en nuestro equipo jurídico de la Fundación. La información no llega a toda la población, sino solo a las personas con el conocimiento técnico. Sorprendentemente fue distinto con la Inspectoría de la policía, donde pensábamos que no nos iban a abrir las puertas. Ellos al menos tienen una estadística propia. Lo que logramos identificar es que la inspectoría tiene su propio reglamento interno de sanción. Según el hecho puede proceder una destitución o un llamado de atención a la persona.

 

“Al final no hay una coordinación interinstitucional y por lo tanto una política pública. Por eso la vulneración de Derechos Humanos se sigue repitiendo.”

Mayra Caiza,
co-autora e integrante de Inredh

 

Llama atención que entre el 2008 y el 2014, durante la primera presidencia de Rafael Correa, no exista un registro de ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué?

Mayra Caiza: Nosotros pedimos información a la Fiscalía, pero en su reporte entregados no registra este periodo. Y la Judicatura dice que en su sistema digital, donde suben todos los procesos judiciales y las sentencias del Ecuador, solo tienen registros desde el 2014. Lo que no esta ahí no existe. La única información que pudimos recabar son datos de investigaciones periodísticas o el informe del Relator de Naciones Unidas emitido en el 2011. Con el libro queremos evidenciar el vacío que hay entre el 2008 y el 2014, pero tampoco sabemos por qué este vacío de información.

 

Recién en el 2014 las ejecuciones extrajudiciales fueron consideradas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). ¿Bajo qué tipo legal penal eran sentenciadas anteriormente?

Ingrid García: Había otros tipos penales como terrorismo, homicidio o asesinato. Es posible que se haya manejado con estos tipos penales, pero no sabemos a ciencia cierta porque está este vacío de información. El único caso judicializado y que tiene sentencia firme es el caso González y Otros.
Mayra Caiza: Nosotros vimos un inconveniente porque no todos los casos están procesados por ejecución extrajudicial, por ejemplo los casos del Paro 2019. A pesar de tener la presunción de ejecución extrajudicial los casos son investigados por el delito de homicidio.

 

¿Por qué es importante esa diferencia?

Mayra Caiza: Investigar por homicidio es una forma de no asumir la responsabilidad del Estado. Un homicidio es un delito y una ejecución extrajudicial es una grave violación de los Derechos Humanos. Si lo investigas por ejecución extrajudicial la policía no debería ser parte de la investigación, porque son parte de los señalados como perpetradores del delito. Por eso hay una dirección de Derechos Humanos en la Fiscalía General del Estado, encargada de investigar estos casos con agentes civiles. En una ejecución extrajudicial sabes que un funcionario público privó de su vida a una persona. En cambio, en un asesinato una persona privó de la vida a otra persona…

 

…y la institución se lava las manos…

Mayra Caiza: ¡Exacto!

En los cinco años que van del 2014 al 2019 hubo más ejecuciones extrajudiciales que en los 24 años desde 1984 al 2008. ¿A qué se debe esta diferencia enorme?

Mayra Caiza: No logramos conseguir una respuesta de parte del Estado y como sociedad tampoco tenemos manera de identificar esta información. Creemos que puede ser porque en el 2014 se tipificó el delito como tal. También hay que tener en cuenta que durante y después de la época del presidente León Febres Cordero (1984-1988), su partido, el Social Cristiano, tuvo mucho poder e incluso ese poder se ve reflejado hasta ahora, tanto con la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, como con Jaime Nebot, integrante de este partido. Entonces hubo gente valiente que denunció frente a la Comisión de la Verdad, pero mucha gente no lo hizo por temor. Por eso no nos atrevemos a llegar a una conclusión. Solo reflejamos esta realidad. Nosotras, que acompañamos otras problemáticas de Derechos Humanos, hemos identificado que el Estado no tiene estadísticas, o si las tiene no coinciden entre instituciones. Al final no hay una coordinación interinstitucional y por lo tanto una política pública. Por eso la vulneración de Derechos Humanos se sigue repitiendo.

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo casi un tercio de las personas no denuncia un delito por falta de confianza en el sistema judicial. ¿Cuál es su explicación de esta desconfianza?

Ingrid García: Eso se debe a la construcción del enemigo interno. Las personas no denuncian, por ejemplo, una ejecución extrajudicial porque saben que los que investigan son policías. El mayor miedo de las víctimas y de los familiares son los actos de corrupción. Existe una resignación y los procesos se quedan en el limbo. Otra problemática es la intromisión política en los procesos judiciales, por ejemplo en el caso “Mascarilla”. La Ministra de ese entonces, María Paula Romo, y el mismo presidente Lenin Moreno defendieron al responsable. Hubo como un encubrimiento. Si bien la primera instancia condenó al policía responsable, Romo salió a decir que hay buenas noticias y que el policía es inocente. Y eso que ni siquiera ha pasado la audiencia de la segunda instancia. Por esta intromisión de las autoridades del Estado, que no permiten procesos judiciales independientes, no hay confianza en el sistema.

 

¿Por dónde empezaría usted, como socióloga, para contrarrestar estas intromisiones?

Ingrid García: Empezaría por la memoria. Porque eso es un choque con la realidad, un espejo. Es mirar en la retrospectiva y decir: “Mira, eso puede pasar también hoy”. Son procesos largos de construcción social, de re-aprender. Los procesos de corrupción y procesos políticos vienen de muchos años, de generaciones anteriores. Y desconstruir eso es complejo.

 

“Los hechos durante la época de Febres Cordero fueron brutales
hacia la sociedad civil. Si no los tenemos presentes pasan cosas como en octubre del 2019 donde la policía uso su fuerza muy desproporcionadamente.”

Ingrid García,
co-autora e integrante de Inredh

 

En el Ecuador ¿hay suficientes procesos de construcción de memoria?

Ingrid García: No hay procesos para construir memoria, ni con las víctimas ni tampoco con la sociedad civil. Creo que tiene que ver con la voluntad política, porque las personas que están en el poder no quieren mostrar lo que pasó anteriormente. Después que la Comisión de la Verdad terminó su trabajo en el 2008 se emitió la Ley de Víctimas en el 2013 que establecía que se debe construir un museo de la memoria. Pero ni el Ministerio de Cultura ni la Defensoría del Pueblo han dado cumplimiento a esta disposición que tenia 90 días para su cumplimiento. Han pasado siete años.

 

¿Piensa usted que la sociedad está dormida en este aspecto?

Ingrid García: De cierta manera sí. No sé si Chile es el mejor ejemplo, pero el plebiscito que hubo hace poco fue una manifestación para decir: “No queremos que pase lo que paso hace tantos años”. Hubo marchas y manifestaciones por el plebiscito y los cambios exigidos. Eso tiene que ver con un proceso de memoria. Es un gran paso para cambiar las sociedades.
Mayra Caiza: No creo que Ecuador esté dormido, más bien siento que la realidad, por la misma historia, avanza a su tiempo. Aquí no tuvimos una dictadura como en Chile o Argentina, sino una que muchos denominan “blanda”, pero fue dentro de un gobierno democrático donde experimentamos con estos niveles de represión y donde hay violación de Derechos Humanos. Yo pensaría que estamos en este camino de la construcción de procesos de memoria y creo que un paso fue lo de la Comisión de la Verdad. Otro producto de ese despertar lo tuvimos en octubre del año pasado: la gente está ahí, reunida y respondiendo. Pese a la pandemia la gente sigue marchando y protestando. Creo que hacer frente a la impunidad no solamente requiere del Estado sino también de la academia, del área de la comunicación y de los colectivos sociales.
Ingrid García: De acuerdo, la sociedad ecuatoriana esta viva, y hay este querer despertar. Pero el poder institucional no deja que este despertar surja, y que nos organicemos. Por más que ese proceso de memoria no dependa solo del Estado, al no tener apoyo de programas estatales, estos procesos se ven debilitados. Sin voluntad política es complicado que la sociedad despierte.

En su libro citan a César Duque, asesor legal de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador, que dice: “La memoria tiene que permanecer siempre viva porque cuando la sociedad olvida, los hechos se vuelven a repetir necesariamente”. ¿Consideran “Liberalización de la violencia policial – ejecuciones extrajudiciales en el Ecuador? 2014-2019” es parte de esta reconstrucción de la memoria?

Mayra Caiza: Creo que el libro logra sumarse a la sociedad para construir y fortalecer la memoria. Es mostrar cómo en el tiempo, pese a las normativas y las recomendaciones existentes, y pese a que recién se tipificó el delito de ejecuciones extrajudiciales en el COIP, no pasa nada. Tenemos casos de los años 1980 y hasta ahora solo hay un caso judicializado en la Comisión de la Verdad. Es una forma de sistematizar la información acerca de las ejecuciones extrajudiciales, que es una de las máximas expresiones de violencia de la policía y del uso desproporcionado de la fuerza. Porque si bien es cierto que tanto los medios, como nosotros mismos, ponemos diariamente la información, se pierde en el día. Creo que el libro ayuda a contrastar esta tendencia. Y no nos olvidemos de los testimonios: son historias de personas que son invisibilizadas. Tratamos de amplificar sus historias, también porque en muchos casos son familias de bajos recursos económicos: gente desempleada, de comunidades indígenas, o de territorios azotados por la minería ilegal. Es una memoria para estos sectores que históricamente han sido vulnerados.
Ingrid García: El libro es a favor de la sociedad, que olvida el pasado histórico. Los hechos durante la época de Febres Cordero fueron brutales hacia la sociedad civil. Si no los tenemos presentes pasan cosas como en octubre del 2019 donde la policía uso su fuerza muy desproporcionadamente. Este libro busca plasmar esta historia para que no se quede en el olvido y que la gente pueda recordar. Y si investigaciones futuras pueden hacer uso del libro, mejor todavía.

*La co-autora del libro “Liberalización de la violencia policial – ejecuciones extrajudiciales en el Ecuador? 2014-2019” forma parte de la Editorial mutantia.ch. 

 

Texto: Romano Paganini

Ilustración: Tzantza

Edición y producción: Marizu Robledo & Romano Paganini

Reproducción de la gráfica: Victoria Jaramillo

Web y Redes Digitales: María Caridad Villacís & Victoria Jaramillo