“La persecución política es repudiable bajo cualquier gobierno”

Encarcelamiento de opositores, intimidación de periodistas y robos en casas y espacios culturales: la persecución política después del Paro Nacional en el Ecuador tiene diferentes caras. Y l@s afectados eligen diferentes estrategias para enfrentarla. 

11 de diciembre de 2019, Quito. – Ola Bini lo dijo en julio, poco después de haber sido liberado de la cárcel: “Si me pueden perseguir de esta manera, pueden perseguir a cualquiera”. El programador sueco se refería al gobierno ecuatoriano, que le encarceló por supuesto espionaje sin haber encontrado evidencias concretas. En una entrevista con la revista digital Barra Espaciadora, Bini expresó su preocupación respecto a los acontecimientos dentro de un Estado que se supone que funciona de manera democrática. “Me asusta que el interés político pueda decidir perseguir a alguien y que el sistema judicial le siga el juego”. 

Seis meses y un Paro Nacional después, los temores del activista digital y amigo de Julian Assange se han consolidado, al menos parcialmente. La persecución política llegó a las casas de periodistas y opositores, a universidades y artistas, a voluntarios y colaboradores del levantamiento popular de octubre. Al igual que después del ataque cibernético a instituciones estatales en abril, que puso Ola Bini en sospecha, el gobierno está buscando desesperadamente culpables del Paro Nacional.

Docenas de personas están o estuvieron en prisión preventiva, algunos sólo un par de horas, como el cantautor chileno Juan Paredes Guzmán. Al igual que Paola Pabón, Christian Gonzáles y Virgilio Hernández, fue sospechado de rebelión. Mientras los jueces liberaron a Paredes después de 24 horas por falta de evidencias, la prefecta de la Provincia Pichincha, el dirigente* de la Revolución Ciudadana (RC) y el secretario general de RC siguen presos. 

 

La persecución política es “una patología de la democracia”

Mientras la supuesta influencia del correísmo durante el Paro sigue en la nebulosa, la persecución política se abre camino como en otros momentos de la historia del Ecuador. Desde el retorno a la democracia en 1979, ha habido intimidaciones, encarcelamientos y hasta asesinatos a opositores de la política de los diferentes gobiernos. El juego de opresión que actualmente ejerce el gobierno de Lenín Moreno, fue ejercido también por quien hoy le está criticando desde Bélgica, el ex presidente Rafael Correa. Durante su mandato las protestas sociales fueron amedrentadas y criminalizadas una y otra vez. Con las fuerzas públicas en la calle y con los trollcenters desde Internet, la administración del ex mandatario no solamente provocó la división de diferentes sectores sociales, sino que también puso en jaque los principios básicos de un Estado democrático. “Cualquier tipo de persecución política pone en riesgo los pilares sobre los que se asienta una sociedad democrática”, dice el abogado y especialista en Derechos Humanos, Mario Melo. “Por lo tanto, ha de ser denunciada y repudiada bajo cualquier circunstancia durante cualquier gobierno”.

Melo, que durante el mandato de Correa defendió a diferentes líderes sociales, actualmente esta a cargo de los casos de cinco jóvenes indígenas que están acusados de haber formado parte del incendio de la Contraloría que tuvo lugar el anteúltimo día del Paro. Después de un mes de prisión preventiva, la fiscalía, por no haber encontrado suficientes evidencias, debió liberar a todos los presos y reformular los cargos. En vez de terrorismo, ahora están procesados por suspensión de servicios públicos y destrucción de datos públicos. “Igual no van a poder probarlo”, dice Mario Melo, “porque no han cometido ningún delito”.

El abogado ve la persecución política como “una patología de la democracia”, que también se observa en otros países de la región. “Tenemos que usar las herramientas que ofrece el Estado de Derecho” dice, y destaca la importancia de que esta lucha se libra día tras día. “Creo que hay un esfuerzo de varios sectores sociales por hacer denuncias y hacer ejercicio de sus derechos. Eso necesariamente tiene que dar resultados”.

Ataques a casas culturales de Quito en octubre y noviembre 2019

 

13 de octubre 

Casa Pukara – hurto y robo de bicicletas e infraestructura como puertas

18 de octubre 

El Útero – robo de un laptop

23 de octubre 

Casa Mitómana – robo de un laptop

15/16 de noviembre 

Nina Shunku – hurto y robo de dos mesas y ocho sillas del café

15/16 de noviembre 

Casa Catapulta – hurto y robo de un piano eléctrico, una guitarra, dos tanques de gas y la mochila de un viajero

Mario Melo es el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica Ecuador (PUCE), que fue uno de los centros de acopio de medicina y comida y lugar de descanso para los manifestantes de otras provincias durante el Paro. La PUCE, al igual que otras universidades que también se solidarizaron con el Pueblo, fueron acusadas por el Ministro de Defensa Oswaldo Jarrin de haber sido centros de abastecimiento para los manifestantes y “los grupos que actuaban vandálicamente”. 

Desde Mutantia quisimos conversar con el rector de la PUCE, Fernando Ponce, también por sus declaraciones en las que compara a los periodistas con la inquisición, que desataron una ola de indignación en diferentes medios de comunicación, y que obligó al consejo académico a respaldarlo. “Queremos recordarle a la comunidad universitaria y a la ciudadanía que la PUCE es una institución académica sin identificación política, que siempre ha promovido el diálogo y los acuerdos democráticos y pluralistas”, dice un comunicado de mediados de noviembre. El vocero de Fernando Ponce, cuya hermana Ximena formó parte del gobierno de Correa, nos respondió por mail que el cura “no dará declaraciones a ningún medio”. 

 

El exceso de las fuerza publica 

Mientras la PUCE prefiere el silencio, las casas culturales de Quito se manifestaron recientemente en un comunicado público, informando sobre una serie de robos en sus instalaciones, “poniendo en riesgo a sus miembros y actividades”. Entre el 13 de octubre y el 15 de noviembre cinco Centros fueron atacados, tanto de día como de noche (detalles en el box). Conversando con l@s integrantes de estas casas -varias fueron centros de acopio durante el Paro- se evidencia que para ell@s no son coincidencias, sino intentos de intimidación. “Para mí tendría mucha lógica que el Estado esté persiguiendo a todos las personas implicadas durante el Paro”, dice Luz Albán de El Útero. “Si son capaces de perseguir a instituciones con mucho más poder, como las Universidades, ¿por qué no nos van a perseguir a nosotros?“

El Útero, que hace casi dos años funciona en la Mariscal, alberga escuelas de danza, teatro y yoga, talleres de cerámica y carpintería, estudios para cineastas y fotógrafos, y también es lugar de encuentro de un sindicato de trabajadoras sexuales y del colectivo Geógrafos Críticos. Cada día entran y salen entre treinta y cuarenta personas. Además se iba a abrir una cafetería, pero unos días antes la comisaría del distrito clausuró el lugar. 

Luz Albán se acuerda de aquella noche, cuando la policía irrumpió durante un evento musical y sometió a las mas de 200 personas a un registro corporal. Debido a una banalidad, cuenta Albán, la policía roció gas pimienta en la cara de un miembro de su equipo y lo esposó temporalmente. “Ni siquiera había habido una agresión de su parte, no correspondía ese tipo de abuso de poder”. Pero la fuerza pública no estaba dispuesta a conversar. Según Albán incluso les amenazaron con que si seguían con sus actividades, a los responsables les iban a aplicar la prisión preventiva.

 

“Hay muchos incidentes en muy poco tiempo que nos hacen sospechar que algo está pasando, que no tiene nada que ver con una coincidencia”.

Isaac Peñaherrera, Nina Shunku, casa cultural

 

El Útero es parte de la asamblea barrial de la Mariscal y, a pesar de que funciona hace poco tiempo, desempeña un papel importante dentro de la vida cultural. “Necesitamos que se eleve el nivel cultural en el barrio”, afirma incluso Natalie Logroño, comisaria de la Policía Nacional en la Mariscal. “Mientras vayan respetando la norma, cuentan con todo nuestro apoyo”. La razón principal de la clausura de El Útero fue la falta de permiso para eventos nocturnos; según Logroño uno de los vecinos hizo la denuncia. Sobre el abuso de poder de la policía durante el día de la clausura la comisaria dice: “Mientras no se prueba son palabras en el aire. Yo desconozco, pero le pedí disculpas si es que tal vez fueron agredidos”.

Relacionado con los papeles, Luz Albán habla de “un vacío legal” dentro del reglamento del municipio. “Espacios como los nuestros no están suficientemente contemplados en la ley. Los intentos de conseguir los permisos correspondientes para nuestras actividades fracasaron. Nuestro principal objetivo -destaca Albán- es que podamos ejercer nuestro trabajo, y si lo tenemos que legalizar, lo vamos hacer”.

 

Por cuestiones de seguridad, cambiar el número de celular

La falta de respaldo por parte del Estado a los centros culturales en Quito quedó evidenciada por la reacción a las denuncias que l@s artistas y trabajadores de las casas culturales quisieron realizar. Según cuentan representantes de estos espacios, la policía ni siquiera inició el debido proceso. En el caso de Nina Shunku, una casa cultural en el Centro Histórico, los agentes policiales incluso les acusaron de haber quemado sus puestos. En efecto, durante el Paro varias instalaciones policiales en los alrededores fueron atacadas, pero Isaac Peñaherrera, como representante de Nina Shunku, y sus colegas, temían en ese momento por su propia seguridad. “Nosotros estuvimos a punto de evacuar el lugar”, dice Peñaherrera. “De todos modos es absurdo afirmar que fuimos nosotros los responsables de esos incendios”.

A un mes del Paro, Nina Shunku sufrió un robo nocturno, sólo unas horas antes de que pase lo mismo a La Casa Catapulta, a menos de un kilómetro de distancia. Las cámaras no solamente filmaron cómo el ladrón bajaba ocho sillas y dos mesas de material reciclado desde la terraza a la calle, donde las recibían sus compinches, frente a La Ronda. También se ve cómo una patrulla policial pasa ante los hechos sin intervenir. “Hay muchos incidentes en muy poco tiempo que nos hacen sospechar que algo está pasando, que no tiene nada que ver con una coincidencia”, dice Isaac Peñaherrera. Él destaca que las casas culturales y sus integrantes están vigilados por el Estado. Por lo tanto varios de sus compañeros después del Paro cambiaron su número de celular “por cuestiones de seguridad”.

La falta de seguridad digital -en lo que el programador sueco Ola Bini esta trabajando- fue una de los claves durante y después del Paro, para que haya interferencia en la cobertura de los acontecimientos alrededor del Parque El Arbolito, en el Centro de Quito. A varios medios alternativas les bajaron la señal de Internet, les impidieron el acceso a Facebook o les atacaron directamente a sus páginas web.

Y a dos meses del Paro los amedrentamientos siguen. A  fines de noviembre, por ejemplo, una joven periodista de un programa de radio salió a cubrir una manifestación en las afueras del Colegio Montúfar, en el norte de Quito. Primero fue atacada por los mismos estudiantes que la amenazaron con romper su celular si no dejaba de filmar. Después, cuando llegó la policía, la periodista volvió a filmar, y uno de los policías le acuso de ignorante por mostrar sólo la violencia del Estado, y le sacaron fotos. “Pero antes de todo eso -cuenta ella- se me acercó una persona del ministerio de gobierno y me preguntó quién era y para qué medio trabajaba”. Ella y sus compañeros de la radio preferían mantener el anonimato por miedo a posibles represiones de parte del Estado.      

 

Los hilos de Estados Unidos

Aún más lejos fueron las autoridades en el caso de Carlos Pazmiño Vásquez, periodista de la revista digital Crísis, afín al Correismo. A mediados de noviembre, alrededor de las 10 de la noche, policías antimotines allanaron su casa y confiscaron su celular y su computadora, entre otras cosas. Según Pazmiño querían saber si conoce a Christian Gonzáles y dónde escondía sus armas, a lo que él, asombrado por la pregunta, respondió: ¿Qué armas?

Una semana después, el sociólogo publicó lo vivido y escribió: “A inicios del siglo XX, el chivo expiatorio eran los anarquistas y los comunistas, comeniños y adoradores del diablo; hoy son los correístas. A nadie le sirve desenmarcarse del correísmo para escapar de la persecución, vienen por todos los ‘sospechosos”. Para Pazmiño, “existe una vinculación tendenciosa al presunto delito de rebelión de los dirigentes de la Revolución Ciudadana“. Ya durante el Paro varios integrantes de la Revista Crísis sufrieron interferencia a sus celulares, y Carlos Pazmiño -así nos escribe por mail- recibió un mensaje por Twitter, donde se afirmaba que el „constaba en una lista“.

Por el momento, el último capítulo de la persecución política, ya fuera de Ecuador: la detención del ex dirigente del movimiento Alfaro Vive Carajo y director de la Fundación Donum de Cuenca Juan Cuvi, ayer en el aeropuerto de Lima. El integrante de la red internacional de lucha contra el Tratado de Libre Comercio y coordinador del Movimiento Montecristi Vive, estaba en camino a una conferencia en la Capital peruana cuando la policía le impidió el paso. Fue deportado hoy a Quito. Según la cuenta de Twitter de Juan Carlos Calderón, director de la revista digital PlanV, donde Cuvi también publica, Perú aplicó un convenio con Estados Unidos sobre personas que pueden ser “un peligro para la seguridad nacional”. 

*En la primera versión se hablaba de que Christian Gonzáles es empleado de la Prefectura de Pichincha. Nos disculpamos por este error. Gonzáles es dirigente de la Revolución Ciudadana.

 

Texto: Romano Paganini

Foto principal: Clausurado por falta de papeles: Luz Albán (izquierda) junto con un@s compañer@s en el café de la casa cultural El Útero, en la Mariscal, casi listos para abrir a fines de noviembre (mutantia.ch)