Si el pueblo defiende la Naturaleza, el Estado lo criminaliza

En la Constitución del Ecuador la Naturaleza tiene derechos, en la práctica, no. Y las personas que se arriesgan a luchar a favor de las montañas, campos y aguas son perseguidas, encarceladas y asesinadas. A 43 de estos defensores de la Naturaleza la Asamblea Nacional otorgó amnistía en marzo. Para Víctor Guaillas este voto del Parlamento llegó tarde. El defensor de los páramos en la provincia de Azuay fue asesinado durante un motín carcelario el año pasado.       

6 de abril de 2022, Quito. – A la media noche del 10 de abril de 2014, Hugo Ramírez Piedra tuvo que abandonar su hogar. Se fue de su comunidad de Chalguayacu Alto en El Valle del Intag, donde él y sus compañeras y compañeros luchan desde hace más de dos décadas en contra de la explotación minera. Tomó una maleta con algo de ropa y salió a dónde la Policía no lo podría encontrar: las montañas. 

Dos días dormía en el mismo lugar, al tercero se movía para evitar que alguien lo descubriera. Uno de sus hermanos le proporcionaba los alimentos en varias ocasiones. A veces, con el temor de ser reconocido, Hugo se movía a la casa de otro ser querido. 

Un año pasó en la clandestinidad, sin poder volver a casa. El delito que le imputó el Estado ecuatoriano en ese año fue rebelión a él y a su hermano Javier Ramírez, en ese entonces presidente de la comunidad de Junín – Intag, por defender los derechos de la naturaleza y oponerse a la ejecución del proyecto minero Llurimagua, que busca extraer cobre y oro de la zona.

En marzo, siete años después, el Pleno de la Asamblea Nacional los reconoce como defensores de derechos de la naturaleza y resuelve conceder la amnistía a Hugo, a Javier que fueron “judicializados por el ejercicio de su derecho propio y el ejercicio de los derechos colectivos reconocidos por la Constitución e instrumentos internacionales”. Así lo establece la resolución de la Asamblea publicada en Registro Oficial. Con la amnistía se extingue la pena, se archivan los procesos en curso y no se podrá iniciar un proceso penal por el cometimiento de delitos políticos o conexos. 

 

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Amnistías por temática

 

Derechos comunitarios – 155 personas

Defensores de la Naturaleza – 43 personas

Judicializado por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social de octubre 2019 – 65 personas

Administración de justicia indígena – 12 personas

 

FUENTE: Informe debatido por la Asamblea Nacional (marzo 2022)

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Para  la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, conformada por 14 organizaciones a escala nacional, otorgar las amnistías es un deber ético. Se trata de reparar la deuda histórica de un Estado que no ha cumplido con sus obligaciones de protección y garantía del trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.

No obstante, no todos los sectores lo califican así. Andrés Castillo y Patricio Alarcón  -que aseguran representar a los sectores comerciales, empresariales, profesionales, entre otros, de Quito- presentaron una acción de inconstitucionalidad a las amnistías ante la Corte Constitucional. 

Lo mismo hizo la ministra de Gobierno saliente, Alexandra Vela Puga, que escribió en su cuenta de Twitter: “En un Estado de derecho no puede existir impunidad. Esta amnistía deja intactos los delitos cometidos en contra de Quito y el país en 2019”. La acción de inconstitucionalidad del gobierno de Guillermo Lasso fue ingresada a la Corte Constitucional la semana pasada. Con esto, la crisis y la falta de diálogo entre el Ejecutivo y el movimiento indígena se ahonda a dos meses de cumplirse un año de su gestión presidencial.

 

“Somos dueños de nuestra propia vida”

En el debate sobre la legalidad de la amnistía a las y los 270 comuneros y dirigentes sociales se centró en los hechos del paro nacional de 2019, y casi se olvidó a las y los defensores de la Naturaleza, avalados por el articulo 71 de la Constitución del país, que dice:

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. (…) El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

Uno de estos defensores es Hugo Ramírez Piedra de 40 años. Él vivió toda su vida en Intag, ubicada en una zona montañosa de los Andes, provincia Imbabura, en el norte de Ecuador. Sus primeros recuerdos de la lucha se remontan a su infancia. No precisa la edad, pero sabe que defender la tierra, el agua y vivir en paz fueron enseñanzas diarias en casa. En los años ochenta, su madre, Rosario Piedra (65), viajó junto a una delegación de campesinas y organizaciones ambientales a Perú. El objetivo: conocer de primera mano cuáles eran los impactos de una mina a cielo abierto. 

De regreso a casa, Rosario les contó cómo la minería iba a destruir sus hogares, pues al igual que en Perú el yacimiento de cobre en Intag se encuentra en la cima de la montaña donde hay ríos. Es decir, el proyecto minero Llurimagua ejecutado por la empresa minera Enami – Ep (Ecuador) y Codelco (Chile) que tiene una superficie de 4829 hectáreas, destruiría la comunidad Junín y sus ríos. Y esto, en parte, ya ha ocurrido. El río Junín y sus afluentes fueron contaminados en la fase de exploración minera que concluyó en 2018. Aún ahora, cuatro años después, Hugo señala que los habitantes tienen temor a consumir el agua, aunque reconoce que otros se bañan en el caudal.

En el 2009, la empresa estatal Enami Ep y la empresa chilena Codelco suscribieron varios acuerdos, pero recién en el 2011 se firmó el convenio para la exploración minera, donde se establecía un 51% para Enami y 49% para Codelco. Esta fase inició tres años después, cuando la empresa minera ecuatoriana intentó ingresar a Junín.

Fue cuatro días antes de que Hugo Ramirez tuviera que esconderse en la montaña, cuando las y los habitantes de la zona se enfrentaron con el personal de la empresa minera evitando su ingreso. Esto concluyó con un parabrisas trizado y denuncias de lesiones a sus ocupantes. A Javier y a Hugo Ramírez se les atribuyó estos desmanes. Fueron acusados y sentenciados por el delito de rebelión -pese a que ese día Javier ni siquiera participó en el enfrentamiento; tenía una lesión en su pierna que le impedía caminar. Mientras que Hugo sí estuvo en el lugar, documentando con su cámara.

 

“Estamos muy conscientes de que es una lucha justa y asumimos los riesgos porque nada es fácil en la vida. Nacimos para luchar en esta vida y si nos toca sacrificarnos por algo justo, estamos dispuestos a seguir en pie de lucha”.

Hugo Ramirez, Defensor de la Naturaleza, Intag

 

“Ese día estaba con una cámara de fotos al frente de toda la gente y recuerdo que esa camioneta de la empresa vino con mucha fuerza y me empujo. Yo puse una mano encima del capó y me empujó como dos o tres metros de la fuerza que llevaba. Ahí es cuando la gente se indignó viendo la agresión de la empresa que entraba a la fuerza. Un compañero lanzó una piedra pequeña e hizo dos rayas al parabrisas. Yo estaba con una cámara, pero como estamos en defensa de la naturaleza, entonces esa vez me tocó a mí asumir”.

La Fiscalía aseguró que fue Hugo quien lanzó la piedra contra el parabrisas, y se emitió una boleta de captura en contra de Hugo Ramírez. Pero la Policía se confundió y aprehendió a su hermano Javier, cuando iba a Quito junto a una delegación de la comunidad para reunirse con el ex ministro de Gobierno, José Serrano. A este le acusaron después de haber tendido una trampa a Javier para detenerlo; también lo llamaron traidor, ya que en su juventud el ex ministro fue muy cercano a la lucha de Junín.

Detenido Javier la familia de Hugo decidió que él debía huir, ya que el siguiente en ser aprehendido sería él. Dejó a su hijo de nueve años, su esposa, sus hermanos, su madre y su tierra.

Recién después de doce meses volvió cada tanto a su casa, para trabajar la tierra y cuidar a los animales como lo hacía antes. 

Cuando las y los vecinos veían transitar a la Policía por la vía, se comunicaban de inmediato con Hugo para que se moviera. Así pasó cinco años hasta que en el 2019 caducó la boleta de captura. Y tres años más tarde se reconoció que él y su hermano no cometieron delitos.

 

Hugo Ramirez, ¿has pensado alguna vez dejar la comunidad y mudarte a un lugar donde no haya conflictos ambientales?

No, estamos muy conscientes de que es una lucha justa y asumimos los riesgos porque nada es fácil en la vida. Nacimos para luchar en esta vida y si nos toca sacrificarnos por algo justo, estamos dispuestos a seguir en pie de lucha.

 

¿Por qué?

Nosotros estamos enseñados a vivir en nuestras tierras y campos. A vivir libres, una vida tranquila, no podemos tener dinero, pero tenemos la tranquilidad. Tenemos el tiempo de estar con nuestras familias. Yo pienso que somos dueños de nuestra vida, de lo que nosotros queremos y para eso no hay un valor económico que te satisfaga.

 

La lucha ha dejado sus huellas. Desde el 2018, el proyecto minero se encuentra paralizado. Y en el 2021, la empresa chilena Codelco inició una solicitud de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones para iniciar un proceso de conversaciones amistosas y confidenciales respecto de sus inversiones en el proyecto minero Llurimagua. 

La decisión de la Asamblea Nacional para Javier y Hugo Ramirez es una especie de consentimiento tardío, para la familia de Víctor Enrique Guaillas Gutama, no trae ningún consuelo. Víctor, campesino y defensor de la Naturaleza de su comunidad San Pedro de Yumate – Molleturo, provincia Azuay, estaba preso en la Penitenciaría de Guayaquil por supuesto delito de sabotaje durante el paro nacional de octubre de 2019.

Fue en la madrugada del 13 de noviembre del año pasado, cuando su abogado del Estudio Jurídico Kuska, David Fajardo Torres, no logro conciliar el sueño. Llamó una y otra vez a los números de teléfono con los cuales se comunicaba con él. Pero estaban apagados. Fue en esa misma mañana que se confirmó una nueva masacre en dicha cárcel con 68 personas asesinadas, una más de las tantas que ocurrieron desde 2021 en el país – la más reciente fue el lunes pasado en el centro de Rehabilitación Social Turi, provincia Azuay, con al menos 20 personas muertas.

En aquella noche del año pasado las bandas delincuenciales, que se disputan el control de las cárceles a escala nacional, arremetieron contra el Pabellón de Transitoria donde estaba Víctor Guaillas y decenas de personas más, procesadas por juicios de alimentos y casos con prisión preventiva de mínima seguridad. Víctor Guaillas fue una de las personas asesinadas.

 

“El Código Orgánico Integral Penal es un código que tiene tipos penales claramente construidos y desarrollados hacia la criminalización de las personas defensoras de derechos como es el sabotaje, terrorismo, ataque resistencia, entre otros, cuando las personas hacen ejercicio legítimo de su derecho a la resistencia”.

David Fajardo, abogado de Víctor Guaillas

 

Él fue aprehendido el 7 de octubre de 2019, cuando el país protestaba en contra del Decreto 883 que aumentaba el precio del combustible. Ese día, como lo hacía todos los días, dejó su comunidad para ir a sembrar. En la tarde tomó el camión que lo regresaba a la comunidad, pero esta vez el vehículo se dirigió a las protestas en contra del gobierno del expresidente Lenín Moreno, en el cantón Naranjal, provincia Guayas. Cerca de 60 personas protestaron en el Puerto del Inca, cuando dos motocicletas de la Comisión de Tránsito fueron quemadas y la policía arremetió contra la protesta.

Víctor no pudo escuchar e identificar lo qué ocurría debido a su discapacidad auditiva. De hecho, intentó huir y cayó en una zanja. La Policía lo aprehendió como si hubiera cometido un delito flagrante y lo trasladó a la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Naranjal donde le ordenaron prisión preventiva. Se lo acusó por delito de sabotaje aplicando el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Un día después Víctor Enrique Guaillas Gutama fue ingresado a la cárcel de varones en la Penitenciaría de Guayaquil, lugar donde debía cumplir su sentencia de cinco años de prisión por haber salido a protestar, igual que miles y miles de personas en aquellos días. De hecho, durante el Paro en octubre de 2019 se registraron 1330 aprehensiones, que en su mayoría fueron liberadas horas y días después. Pero don Víctor Guiallas – como lo llama su abogado David Fajardo – no pudo defenderse. El fue la única persona detenida y procesada por los hechos del 7 de octubre, pese a que no se logró probar su responsabilidad. 

 

La ida y vuelta con las instancias judiciales 

Don Víctor cumplía su pena en el Pabellón 7 de la Penitenciaría de Guayaquil, pero era víctima de extorsión por los propios detenidos. Al principio le pidieron 20 mil dólares, luego bajaron a 2 mil y finalmente el cobró llegó a 200 dólares para garantizar su seguridad.

El estado de salud de don Víctor se fue deteriorando rápidamente en el interior de la cárcel. Sus abogados presentaron dos habeas corpus, pero se los negaron; entonces decidieron acudir a la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección, pero tampoco tuvieron una respuesta favorable. La Corte señaló que no era una entidad de cuarta instancia y no admitió el caso. Mientras tanto, en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional se debatía la posibilidad de otorgar amnistía a más de 250 personas procesadas, entre ellas don Víctor, pero esta tampoco avanzaba. 

Para evitar la extorsión en la cárcel, la defensa legal solicitó por meses el traslado de don Víctor a un pabellón de mínima seguridad. Finalmente en julio de 2021 don Víctor fue trasladado al pabellón de transitoria, dice David Fajardo. El caso de Victor Guaillas contó con una serie de testimonios contradictorios, explica el abogado, quien patrocinó el caso junto al Estudio Jurídico Kuska desde mitad del año pasado. Momento en el que el tribunal ya había emitido una resolución verbal que condenaba a don Víctor a cinco años de prisión y al pago de 10.000 dólares de multa. 

Esta decisión golpeó a su comunidad en Molleturo, a la familia y sobre todo a Víctor. Él, que desde hace treinta años venía defendiendo la montaña y los páramos de donde venía, incluso, junto a sus compañeras y compañeros de la comunidad había logrado suspender de manera indefinida al proyecto minero Río Blanco, uno de los más grandes en el país de origen Chino. La Corte de Justicia de Azuay reconoció la vulneración del derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada.

David Fajardo vio a don Víctor por última vez en agosto del año pasado. Vestía un short, un Bividí, una camisa y chancletas. Lo sintió afligido, desesperado por salir de ahí. Estaba con mucho dolor y con mucha pena, su salud física y emocional se habían deteriorado. 

Aunque recuerda que pese a todo don Víctor no perdió la esperanza y se mantuvo fuerte. Esperaba que -después de insistir con varios escritos – en enero de este año se instalara la audiencia de apelación en segunda instancia para que se analizara nuevamente su caso, pero ya fue tarde… 

Solo dos meses después de la masacre, su familia pudo identificar y recuperar los restos óseos de Víctor Enrique Guaillas Gutama, que tenía 50 años de edad cuando fue asesinado. Tres meses después de estos hechos, la amnistía llegó para don Víctor, quien dejó en la orfandad a sus once hijos. 

“Víctor fue una víctima del sistema de justicia“, concluye Fajardo. “Primero porque la Fiscalía utiliza la prisión preventiva como una regla y no una excepción, pese a que esta medida cautelar es de último ratio. La segunda, el COIP es un código que tiene tipos penales claramente construidos y desarrollados hacia la criminalización de las personas defensoras de derechos como es el sabotaje, terrorismo, ataque resistencia, entre otros, cuando las personas hacen ejercicio legítimo de su derecho a la resistencia”.

 

Texto: Mayra Caiza

Foto principal: Las y los defensores de la Naturaleza en Ecuador lo tienen difícil frente al despotismo del Estado: Javier Ramirez, hermano de Hugo, en Ibarra en abril 2015, después de casi un año de encarcelamiento (Edison Navarro).

Colaboración: Daniela Beltran & Romano Paganini

Edición y producción: Martu Lasso & Romano Paganini

Web y Redes Digitales: María Caridad Villacís & Victoria Jaramillo