En las comunidades la democracia tiene un respaldo del pueblo

La participación en el sistema de “democracia representativa” se reduce al voto cada cuatro años: así critican  académic@s y periodistas de Ecuador. Es una de las secuelas del Estado feudo colonial que oprime a l@s habitantes locales. Un politólogo explica la importancia de la participación para que funcione la democracia y por qué ciertos gobiernos como el del Pueblo Kayambi tienen mayor legitimidad. Igual: también allí se lucha por el compromiso de l@s comuner@s. 

30 de enero de 2020, Quito. – “Las elecciones por sí solas no hacen una democracia”. La cita de Barack Obama del 2009 es uno de los miles de intentos de describir la organización del Estado moderno occidental, que supuestamente depende de la participación de quienes lo conforman. Por eso, en un sistema democrático se habla de la ciudadanía, refiriéndose a las personas que no solamente tienen el derecho al voto, sino también de participar en las decisiones del día a día, por ejemplo, la construcción de un puente o una carretera, la modificación del sistema de salud y de la educación o las reformas laborales y de la jubilación. L@s ciudadan@s tienen derecho siempre de ser consultadas antes de tomar una decisión.  

Hasta ahí la teoría. Sabemos que la realidad es otra, mucho menos participativa, mucho menos democrática. Lo que le suele quedar al pueblo no es una participación sino la lucha en la calle. Y eso se debe a que las democracias representativas, como se conocen en América Latina, fueron impuestas desde arriba. No se instauraron para generar participación, sino para pelear guerras y limitar la influencia de otros actores en la región. Además, surge una pregunta: ¿Cómo se organiza una participación real a nivel nacional en un país como Ecuador que actualmente cuenta con 17,5 millones de habitantes dispersad@s en una superficie de 283.000 kilómetros cuadrados? Y eso que el Estado andino es uno de los más pequeños en América del Sur. Al final, la “participación ciudadana” se reduce a lo que académic@s y periodistas apuntan hace años: rayar una papeleta de un@ candidat@ presidencial cada cuatro años, legitimando de esta manera al gobierno de turno. 

Esta situación no cambiará con las elecciones presidenciales y de la Asamblea del 7 de febrero. Pocos conocen de cerca a la persona que hasta 2025 se instalará en Carondelet. Como suele suceder, l@s candidat@s pertenecen a una clase política o económica privilegiada, sobre todo los favoritos Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Desde semanas se promocionan en pancartas y medios de comunicación y debaten en shows televisivos con poco tiempo para argumentos y mucho para atacar a l@s demás. Se venden a través de bailes, cantos y entrevistas diseñadas, y se presentan en redes digitales como Tik Tok para alcanzar a l@s jóvenes, l@s nuev@s votantes. Pero, ¿qué ocurre cuando llegan a Carondolet y l@s ciudadan@s piden explicaciones al ver que los puestos de trabajo prometidos en campaña no están? 

La primera instancia de control del gobierno son l@s 137 asambleístas, al menos dos por cada una de las 24 provincias del país. En otras palabras: por un representante en la Asamblea van 127.000 habitantes. Entonces, ¿qué pasa con aquell@s ciudadan@s que quieren tomar un café con “sus representantes” para debatir una decisión tomada en la Asamblea? Probablemente se quedarán con las ganas.

Distinta es la situación en Cayambe, una pequeña ciudad a 70 kilómetros del norte de Quito. Ahí nos encontramos con Agustín Cachipuendo, Presidente del Pueblo Indígena Kayambi, uno de los 18 pueblos y 14 nacionalidades del Ecuador. Kayambi se divide en 173 comunidades con aproximadamente 160.000 habitantes que viven en tres provincias: Imbabura, Pichincha y Napo. Cachipuendo, de profesión abogado, fue electo en 2014 y reelecto en 2017. Su mandato terminó hace un par de meses, pero sigue figurando como presidente pues debe esperar a la realización del Congreso Trianual –postergado para mayo debido a la Pandemia– donde se elegirá un nuevo Consejo Directivo integrado por el presidente y los ocho ministros del Pueblo Kayambi (detalles en la infografía). 

Con la Constitución de Montecristi del año 2008 y luego de 170 años de haberse fundado la República del Ecuador, l@s Kayambis fueron reconocidos como tales. Un paso grande en la historia del país pues, por primera vez, l@s habitantes originarios y sus formas de vida fueron reconocidos oficialmente. El presidente Agustín Cachipuendo conoce bien la Constitución e inclusive algunos de sus párrafos los sabe de memoria, por ejemplo, el artículo 56: Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.

Igual, él está consciente de las limitaciones que siguen vigentes en el día a día, por ejemplo, el tema del dinero: “Nosotros no tenemos presupuesto ni proyectos grandes de infraestructura. Mas bien, estamos trabajando en el fortalecimiento, en la autodeterminación”. Y Cachipuendo y sus ministros lo hacen sin pausa. “Estamos respondiendo a cualquier hora de la noche, igual si es sábado o domingo”.

¿Lenín Moreno y sus ministr@s hacen lo mismo? Sea como sea, siempre trabajan con un distanciamiento social propio del Estado nación, no solamente en tiempos de Covid-19. Hay una brecha grande entre pueblo y gobernantes que a nivel local casi no se da. En el territorio de l@s Kayambis, sí: l@s ciudadan@s pueden aspirar a un contacto directo. Porque, mientras a l@s representantes del gobierno del Estado central se l@s ve en coches con vidrios antibalas o en helicópteros, a l@s del Pueblo Kayambi se l@s ve en la calle, en el páramo, en el campo, en la tienda y posiblemente también en las reuniones escolares donde van sus niñ@s. Existe un tejido entre pueblo y gobierno, y cuando Agustín Cachipuendo y sus ministros dejan sus cargos, vuelven a las mingas semanales de sus comunidades. Son en estos momentos donde se responde a la crítica de Barack Obama. Son en estas mingas donde la participación se hace palpable y la representatividad creíble. 

 

“Son puestos de honor y, comparados con los del Estado nación, no tienen pago. Por eso no los quieren. A veces hasta hay que ir a rogarles”.

Soledad Inlago
Pueblo Kayambi

 

Alguien que solía minguear todos los sábados es Tomás Aules, actual Ministro de Recursos Naturales. Él vigila el recurso principal del Pueblo Kayambi: el agua. El 80% de ella es administrada por l@s comuner@s. Riegan sus cultivos, lavan sus cuerpos y herramientas y consumen el líquido vital con gran independencia del Estado central. Hay un contacto directo y una incidencia inmediata sobre las decisiones que toman l@s gobernantes.

Tomás Aules, recorriendo los páramos a pie, observa el flujo, anota cambios en el entorno y advierte si hay incendios pastorales o forestales. Fue electo por el desempeño en su comunidad Cangagua, pero dice que la comuna no siempre nomina candidat@s para las elecciones del Congreso. “No tenemos una competencia entre las comunidades”, destaca. Lo que determina una nominación no es un partido político, sino la calificación y el respeto de una persona dentro de su comuna. De hecho, en las comunidades indígenas del Ecuador casi no existen banderas políticas.  

 

La exclusión del Estado Nación 

Lo que sí existe es una tradición. Y Eduardo Herrera, politólogo de Guayaquil, enfatiza en eso. “Pueblos como el de Kayambi decidieron milenariamente cómo organizarse. Hoy, siguen subsistiendo porque la tradición hace que quienes conforman ese grupo reconozcan a ese sistema de gobierno”.

Diferente ha sido el proceso a nivel del Estado nación. Lo que emergió en al año 1830 –al igual que en otros lados de América Latina– no fue un Estado moderno, sino un Estado feudo colonial; quienes participaban y decidían pertenecían a una clase social (alta), a un género (hombres) y a determinada raza (blanca y mestiza). Solo podían votar hombres mayores de 21 años que sabían leer y escribir, que tenían una propiedad y que no trabajaban como sirvientes. En otras palabras: gran parte de la población –sobre todo mujeres y l@s habitantes locales– fueron excluidos. Era la época de los huasipungos en la que los terratenientes administraban las riquezas del lugar esclavizando a la gente local. “Por eso, la democracia del Estado no tiene la misma legitimidad como en las comunidades”, dice Eduardo Herrera. Recién en el año 1924 se reconoció el voto femenino y en 1979, con el retorno de la democracia, el de l@s analfabet@s.

“El primer requisito para un sistema político es la confianza de que yo, como ciudadano, me sienta representado. Sin esta legitimidad, el proyecto está destinado al fracaso”, dice Eduardo Herrera. El politólogo incluso cree que los Estados en la región solo sobreviven porque pueden tomar cierta agenda, por ejemplo, en cuestiones de salud o de educación. Y, por supuesto, porque tienen el monopolio del poder: policía y ejército. “En realidad, no hay necesidad de que exista un Estado”.

La clave para que una nación funcione es la inclusión de l@s ciudadan@s, escriben los autores del libro Por qué fracasan los países. Esa participación, más allá del voto, puede ser dentro de un Estado, pero también de otra organización social. “Si la gente se empodera más, tiene más control de lo que ocurre a su alrededor”, dice Herrera, y añade que esa falta del empoderamiento se debe al entorno económico y social. “¿Cómo voy a pensar en la política si no tengo cómo comer ni dormir?”

De hecho, una de cada cuatro personas es pobre en Ecuador, situación que se ha ido agudizando con la crisis por el Covid-19. Es la cosecha de un Estado que durante décadas oprimió a las personas y sus costumbres. Lideresas indígenas como Dolores Cacuango (1881-1971) ya denunciaron hace décadas la injusticia a la que está expuesta gran parte de la población. “Nosotros necesitamos tierra, nosotros necesitamos qué comer, nosotros necesitamos qué alimentar, no alcanza, estamos exprimidos”, decía en 1969 en una entrevista.

Cacuango fue una de las pocas personas en su época que tenían el coraje de levantar la voz y oponerse a la clase dominante. Eso cambió en los últimos cincuenta años, también en comunidades como las de Kayambi. Hay un empoderamiento, por ejemplo, de las mujeres. Ocupan puestos en el Cabildo y asumen también la presidencia. Eso dice Soledad Inlago, técnica de un proyecto de formación y capacitación en identidad Kichwa y jurisprudencia indígena dirigido a mujeres y jóvenes. Inclusive en los reglamentos internos de las comunidades se exige que l@s representantes sean mitad mujeres y mitad hombres. Cosa que no siempre se cumple. En el Consejo Directivo actual –para nombrar solo un ejemplo– hay seis hombres y solo dos mujeres. Sin embargo, Inlago no quiere que haya una cuota. “Ya debe haber una concientización de la gente misma”, dice, “que sea voluntariamente”.

 

“Hay ciudades pequeñas con participación ciudadana interesante.
Pero es algo que generalmente no ocurre en ciudades grandes
porque en ellas hay mucha más élite y más intereses”.

Eduardo Herrera,
politologo 

 

Pero eso no es nada fácil, pues hay condicionamientos adicionales al tema de género. Diferentes pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador luchan con los mismos problemas que otras instituciones en otras partes del mundo: conseguir personas que deseen comprometerse sin dinero. “Son puestos de honor y, comparados con los del Estado nación, no tienen pago. Por eso no los quieren”, dice Soledad Inlago. “A veces hasta hay que ir a rogarles”. Por ello también el Pueblo Kayambi, a la hora de las elecciones de los 173 Cabildos –y como ocurre con el Estado central– pone una multa a l@s comuner@s que no participan: 10 a 50 dólares, o incluso mas. “Sin esa obligación”, dice su presidente Agustín Cachipuendo, “la gente haría lo que quisiera y se terminaría de diluir la organización”. 

 

Cambio del relleno, no de la estructura 

Vivir en una organización democrática es complejo y requiere de la voluntad de quienes la componen. Es un constructo en movimiento constante e históricamente sin legitimidad a nivel de los Estados nación en América Latina. Sin embargo, el politólogo Eduardo Herrera, de Guayaquil, señala el hecho de que cada ciudadan@ tiene sus posibilidades de incidir a nivel local, en los municipios, en las ciudades. “Sí existe un microestado dentro de cada ciudad con los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y hay ciudades pequeñas con participación ciudadana interesante. Pero es algo que generalmente no ocurre en ciudades grandes porque en ellas hay mucha más élite y más intereses”.

El 7 de febrero del 2021 l@s ciudadan@s de Ecuador votarán por un@ nuev@ presidente y una nueva Asamblea. No cambiará la estructura del poder, solo su relleno. Los cambios grandes no se dan en las urnas, sino en las calles. Y, si la legitimidad de una organización social no está dada y la gente se siente cada vez más ahogada en su día a día y menos representada por quienes votaron en las urnas, la historia se repetirá. Diego Cazar Baquero, periodista y autor del libro Cuarentena – los encantamientos de la democracia en Ecuador, lo resume así: “La democracia es un algo en perfeccionamiento constante. Pero los riesgos de perder nuestro derecho a ser parte de esa construcción colectiva son inminentes. Digamos, entonces, que estamos caminando hacia ese algo, conscientes, eso sí, de que aún somos sociedades entregadas a una clase que no nos representa”.

 

• “Sin cambios, la Asamblea está condenada a repetir la historia”
• El 7 de febrero se elegirá una nueva Asamblea Nacional

 

Texto: Romano Paganini

Colaboración: Ramiro Villamarin Aguila 

Foto principal: Democracia también significa compromiso con los territorios y recursos: Asamblea del agua y del páramo del Pueblo Kayambi, febrero de 2020, Pueblo Kayambi. (Pueblo Kayambi)

Edición y producción: Vicky Novillo Rameix & Romano Paganini

Web y Redes Digitales: María Caridad Villacís & Victoria Jaramillo