La Asamblea Nacional del Ecuador termina su mandato con poca aceptación en la población. Los casos de corrupción, la falta de respuesta al paro nacional del octubre 2019 y la pandemia del Covid-19 salpican a la gestión legislativa de los cuatro años anteriores. Conversamos con Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo en Quito, y la socióloga y docente universitaria Natalia Sierra. Nos comentan que los pasos para mejorar la democracia en Ecuador no se encuentran en las autoridades a ser electas, sino en cambiar el sistema que los albergará.

24 de enero de 2021, Quito. – Con un 4% de aceptación y credibilidad, la Asamblea Nacional se alista para recibir a los nuevos 137 asambleístas que serán electos este 7 de febrero para el periodo legislativo 2021-2025.  Legislar y fiscalizar son las únicas competencias que tiene esta entidad.

Para la socióloga y docente académica, Natalia Sierra, esta falta de confianza en el aparato legislativo se debe a tres hitos fundamentales: los actos de corrupción en los cuales fueron señalados varios asambleístas; su apatía ante los sucesos del paro nacional de octubre de 2019, pues “no hicieron nada” y aprovecharon esa coyuntura para ver si más bien destituían a Lenin Moreno y lo reemplazaban por alguien más; y las negociaciones internas que se han gestado durante los meses de Pandemia. “En pleno dolor de la gente, están negociando con los hospitales, están enriqueciéndose con los kits, están robando las medicinas”, enfatiza.

Con este criterio coincide Marcelo Espinel, abogado y director Ejecutivo del Observatorio Legislativo que desde el 2011 promueve la implementación de políticas del Parlamento Abierto en Ecuador. En su reporte sobre la gestión de los cuatro años de la Asamblea, revela que se registraron 54 casos de corrupción, la mayoría por el delito de concusión (17) y tráfico de influencias (16). Pese a esto, el órgano legislativo también logró aprobar 62 leyes de 891 proyectos de ley presentados ante la Asamblea y recibió 32 solicitudes de juicio político, de las cuales, solo 7 llegaron a censura y destitución: las de Carlos Ochoa, director de la Secretaría de Comunicación; Carlos Baca, fiscal General del Estado; Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; José Tuarez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio, vocales de dicho Consejo; y María Paula Romo, ministra de Gobierno.

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El 7 de febrero de 2021 se elegirán a 137 asambleístas:

15 a nivel nacional
116 a nivel provincial
6 del extranjero

 

El número de asambleístas provinciales se calcula así:

2 por cada provincia y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción superior a los 150.000

 

Por ejemplo, en la provincia de Pichincha
con 3’228.233 personas registradas se elegirán 16 asambleístas:

5 en el Distrito Centro Sur
4 en el Distrito Centro Norte
4 en parroquias rurales
3 en cantones

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Marcelo Espinel, ¿por qué del total de casi 900 proyectos de ley presentados, solo 62 fueron aprobados por la Asamblea?

En el último período legislativo se ha presentado el tripe de proyectos de ley con relación a la anterior Asamblea Nacional. Hasta hoy superan los 890 proyectos de ley y esto muestra que los asambleístas, durante los casi cuatro años, han orientado sus esfuerzos en presentar una cantidad de normativas. Pero haciendo un análisis más profundo, también se evidencia que el 70% de estos proyectos de ley no superan los diez artículos y responden a leyes reformatorias a otras aprobadas durante el periodo legislativo pasado.

 

¿A qué se debe esto?

Nos surgen dos preguntas. La primera, si es que estas leyes, al momento de ser presentadas como proyectos de ley orgánica, tuvieron un análisis previo y responsables sobre aquellas que se pretendían reformar, si estas funcionaban o no, o simplemente lo que se dijo: todo lo anterior hay que cambiar. En un segundo momento, cuando se reforman artículos de las leyes inclusive por parte de los integrantes de una misma bancada política, debemos avanzar a una legislación más responsable, más eficiente, de tal forma que las propuestas se consensuen entre todos y, de esa manera, evitemos tener gran cantidad de proyectos de ley que resulten una carga administrativa tanto para el Consejo Administrativo de Ley como para la Unidad Técnica Legislativa que es la que se encarga de hacer un estudio de si los proyectos de ley son adecuados o no. Sin embargo, pese a esto, el número de proyectos aprobados ha sido similar al de los periodos legislativos anteriores. Siempre este número ha bordeado entre los 60 y 70 proyectos de ley.

 

¿Cuáles son las temáticas que ha trabajado la Asamblea Nacional durante su periodo legislativo? 

De los 891 proyectos de ley, los que más pretendieron ser legislados fueron: en primer lugar, funcionamiento estatal, división territorial e instituciones (168); en segundo lugar, economía, finanzas, producción y comercio (150); y en tercer lugar, el funcionamiento del sistema de justicia (134).

¿Considera que la ciudadanía tiene la información adecuada para elegir a los nuevos 137 asambleístas que van a ocupar los curules en mayo? 

Apenas van días de campaña, habrá que ver cómo se sigue desarrollando y que los candidatos a asambleístas puedan informar adecuadamente a la ciudadanía sobre cuáles son sus propuestas en materia de legislación e incluso de fiscalización. De esta manera, los ciudadanos estaremos en posibilidad de hacer dos ejercicios. Uno, trataremos de avanzar en nuestro nivel de conocimiento democrático y de cultura democrática para poder identificar qué asambleísta está en posibilidad de legislar y fiscalizar. Un asambleísta no puede gestionar obras y menos aún puede estar ofertando este tipo de cosas en su campaña. El segundo ejercicio que podemos hacer es identificar si los asambleístas plantean propuestas normativas que se asemejen con lo que nosotros queremos como país, con nuestros valores y con nuestra idiosincrasia.

 

Una de las críticas de varios sectores de la sociedad es la falta de preparación de las y los asambleístas. ¿Cuál es su criterio?

La Convención Americana de Derechos Humanos es muy clara en señalar que todos los ciudadanos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. No hay un solo país en el mundo que establezca como requisito contar con título universitario para integrar un cargo de elección popular, porque sería contrario a los derechos humanos.  Por otro lado, hay que recordar que en nuestro país el 20% de la población puede acceder a los estudios universitarios; si esto se estableciera como requisito para integrar la Asamblea Nacional, la Asamblea perdería su esencia representativa. El tratar de colocar en ella a un mismo cuerpo colegiado significaría tener una Asamblea elitista. Lo que se trata de buscar no es que los asambleístas sean los que cuenten con un título universitario, sino que la designación de sus equipos de trabajo responda a altos estándares de objetividad, de transparencia y preparación, porque a la larga son los equipos de trabajo los que ayudan a elaborar los proyectos de ley.

 

¿De quién es la responsabilidad de garantizar esta experticia en el equipo técnico?

Esto es sencillo. Con una reforma a las normas internas de la Asamblea Nacional y a la Ley Orgánica de Servicio Público, se podrían establecer los requisitos que deben cumplir los equipos de trabajo de los legisladores. Está en las manos de la Asamblea Nacional instaurar reformas a la ley para que podamos garantizar que se designe, no a quien cargó las banderas en la campaña electoral, a familiares o a quienes financiaron la campaña electoral, sino a los mejores.

Después de estos cuatro años de gestión, ¿cuáles son los retos y desafíos que le quedan a la nueva Asamblea Nacional?

Ecuador no ha superado esta crisis económica que viene arrastrando desde hace varios años. El país atraviesa una polarización muy grande en su sociedad y no ha avanzado en el desarrollo de normas que traten de solucionar problemas que tengan nuevas connotaciones como la economía circular, la movilidad sostenible o la manipulación genética (…). Los asambleístas ahora tienen el reto de reajustarse a los nuevos tiempos que existen en las reformas a la Ley de la Función Judicial para aprobar leyes, así como para tratar juicios políticos. Un reto sería desarrollar esta legislación de avanzada para que el Estado ecuatoriano no se quede atrás en las nuevas temáticas que se están tratando a nivel mundial.

 

¿La próxima Asamblea tendrá mayores niveles de gobernabilidad o las 17 organizaciones políticas que ahora postulan generarán que no existan consensos?

Hasta que no tengamos los resultados de las elecciones no podemos adelantarnos a decir si habrá gobernabilidad o no. Algo que sí hay que tener en cuenta es que este nuevo método de asignación de escaños y de votación en listas cerradas, según se conoce, termina beneficiando a las minorías, a las organizaciones políticas pequeñas. Eso quiere decir que habrá una gran diversidad ideológica en la Asamblea Nacional y eso no es malo para una democracia,  simplemente es un llamado para que los representantes que gocen con el voto a favor de los ciudadanos traten de actuar con responsabilidad, con apertura y buscando consensos para que así la legislación en Ecuador no responda a intereses individuales, sino que busque la articulación de posturas, ceder de una u otra manera y ver cuáles son los postulados de las otras organizaciones políticas por el bienestar general del país.

 

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“El problema no son las personas, sino la institución”

 

La socióloga y docente universitaria, Natalia Sierra, considera que las dificultades por las que ha atravesado la Asamblea Nacional responden a un problema estructural y demuestran la falta de representatividad de las autoridades electas; además, plantea las medidas necesarias para que no estemos condenados a repetir los mismos hechos vividos con los gobiernos anteriores.

 

Natalia Sierra, ¿por qué el accionar de la Asamblea es un problema estructural? 

Quiero decir que todo el sistema estatal está funcionando mal, no solo el gobierno. Hay un problema de debilitamiento de la propia respuesta de la política liberal, además de todos los problemas inherentes a nuestra historia colonial. Con esa base, las personas que llegan al Estado ya no llegan en estricto sentido con una lógica de democracia representativa que tiene que ver con el principio de la representatividad.

 

¿Representatividad?

Hoy en día la democracia representativa no cumple con la representatividad, la cual está ligada y garantizada por lo que es un sistema de partidos políticos con claros horizontes ideológicos y políticos que se supone representan a la diversidad de la sociedad (…) La lógica mercantil ha colonizado el sistema político, entonces rompe estos principios de democracia representativa y liberal e impone una sola ideología, que es la ideología de mercado. Inclusive, los mismos políticos ahora dicen que no son políticos, que no tienen ideología. La gente que llega a la Asamblea Nacional cada vez llega con menos representatividad; es decir, los candidatos no tienen realmente un posicionamiento que esté ligado a defender un proyecto político, que obviamente corresponda a una ideología y que a su vez sea la expresión de un sector de la sociedad. Ni si quiera tienen que estar vinculados a un proyecto político. Cualquiera que pueda traer votos puede entrar: cantantes, payasos, otros. La democracia se convirtió en un mercado de votos.

 

Entonces se deberían analizar las capacidades de las y los asambleístas…

Tampoco es un problema de expertos o de académicos y de que si contamos con ellos sí se van a hacer las leyes. Se trata más bien de tener personas que partan de esta representatividad; es decir, si vienen de un sector que representan dirán que les interesa esta ley y forcejearán por ella.

 

Esta falta de representatividad en los legisladores, ¿es algo que se ha intensificado en los últimos años o es una constante en el sistema?

En nuestro caso nunca ha funcionado bien, tiene una fuerte presencia de un Estado colonial. Es mucho más claro que lo que está funcionando son los poderes de la dominación económica y política. Nunca hemos tenido realmente este juego democrático en la lógica. Siempre ha habido cacicazgos, oligarquías y grupos de poder económicos que gobiernan el país (…). No hay en estricto sentido representatividad porque es un mercado de votos, porque la gente vota como cuando va al mercado y compra cosas. Así vota la gente, porque si tampoco hay la formación de un capital político en la sociedad, esto no funciona. En los últimos años, peor por la crisis política y económica, los medios de comunicación se encargan de destruir la capacidad crítica de la población.

 

“Teníamos que haber saneado el sistema electoral, ya que es el camino para llegar a cumplir la función pública. Eso no se ha hecho, entonces, ¿cómo vamos a pensar que ese sistema va a funcionar bien, si de entrada no ha sido saneado?

Natalia Sierra,
socióloga

 

Así no existe, en estricto sentido, una representatividad, hacen juegos, intercambios y negociaciones en sus pequeños grupos corporativos que están muy articulados en sus intereses económicos. Nosotros vimos a la Asamblea en octubre que no hizo nada, es más, ellos veían entre los grupos cómo aprovechar el momento. También los asambleístas estaban metidos en el tema de la corrupción. Lo último fue lo de la pandemia, estaban haciendo negociaciones individuales.
Así, no ha habido un saneamiento y nos hemos acostumbrado a que sea así. Por eso, el problema no son las personas, sino la institución. Llega ahí cualquier persona y tiene que entrar en esa dinámica, porque no es un problema de las personas corruptas. Sí hay personas corruptas, pero la institución está funcionando mal, está pervertida, por eso no funciona, no cumple el papel que tendría que cumplir, nadie cree en los asambleístas.  Cada vez son peores, se vinculan al tema de la corrupción, son gente que no tiene criterio, son poquísimos ciertos grupos ahí más o menos que dicen “este es nuestro proyecto”, pero representan un porcentaje mínimo para lo que tendría que haber en la Asamblea. No cumplen ningún papel con responsabilidad, porque están haciendo leyes, están haciendo negociaciones, hacen cosas peores a que no hicieran nada. Lo poco que hacen, lo hacen sin la responsabilidad, sin la representatividad.

Si no es un problema de las personas sino de la estructura, ¿cómo sanear la estructura a puertas de las elecciones de este 7 de febrero? Porque la sociedad va a ir a votar…

Se necesita que comencemos a atacar estructuralmente, viendo desde dónde lo hacemos. Por ejemplo, una cosa que no se ha hecho y que teníamos que haber saneado es el sistema electoral, ya que es el camino para llegar a cumplir la función pública. Eso no se ha hecho, entonces, ¿cómo vamos a pensar que ese sistema va a funcionar bien, si de entrada no ha sido saneado? ¿Hay garantías de que no hay inversionistas en el proceso electoral? No. ¿Hay garantías de que todos los candidatos tienen un proyecto político claro? No. ¿Hay garantías de que el proceso funciona bien? No. Sobre todo, ¿hay garantías de que no existen vinculaciones o negocios con empresas? No creo. De hecho, algunos candidatos son empresarios. También deberíamos ver a quién representan; a pesar de que estén en la lista de asambleístas nacionales, tienen que representar a alguien. Ellos llegan allá y se olvidan. Si hay un asambleísta de una provincia, tendría que responder a esos lectores, tendría que haber un permanente intercambio donde los electores puedan ver si esa persona está representando los intereses de una provincia, pero no. Entonces se necesita generar otra institucionalidad. La revolución no es un tema de armas, sino de que rompa todo lo desgastado con la idea de generarse algo nuevo.  ¿Y qué es lo nuevo? Nuevos tratos sociales, nueva institucionalidad.

 

¿Qué es lo que se podría hacer?

Lo primero que se debería hacer es sentarnos a ver cómo queremos vivir, cuáles son los nuevos pactos y no estar sobre lo que está podrido. Eso nos lleva a –quizá sea casi imposible– que nazca algo nuevo y eso depende de la sociedad. El problema es que nos obligan a ser cínicos, ¿quién cree realmente que las cosas electorales están funcionando bien? Nadie. ¿Quién cree en una Asamblea que está con el 4% de apoyo? Ese porcentaje quiere decir que la gente no cree. En ese sentido, la sociedad y no solo la ecuatoriana necesita sentarse a discutir, no los cuatro expertos, sino todos; mientras esto pasa no podemos suspender, tenemos que seguir con lo que tenemos. Tendría que ser un proceso como hacen los animalitos que se mudan las pieles, poco a poco ir mudando porque, si no, nos vamos a ahogar.

 

Si estamos repitiendo y no se ha saneado el sistema electoral ni la estructura, ¿estaríamos condenados a repetir la misma historia de que vuelvan casos de corrupción, de conmoción social, de represión? ¿Se podría empeorar esta situación con la pandemia?

Sí, absolutamente. Cuando la institución no se la cambia comienza a deteriorarse y ahí aparece la violencia, la corrupción. No solo violencia en la institución, sino violencia callejera, violencia entre vecinos, es decir, todas las posiciones humanas que no son contenidas en una institución sana, nueva y que esté funcionando. Estos debates a nivel profundo de la sociedad tendríamos que hacer, porque no es un problema de buenos o malos, es un problema de que el ser humano, cuando construye algo, ese algo se va agotando. Saber que, cuando algo no funciona, antes de que se caiga la casa, que es nuestro hogar y nuestro mundo, decir “aquí hay una fisura y debemos taparla”. Pero cuando ya está toda la casa fisurada, ¿no es mejor construir otra casa entre todos, que nos dure otros 20 años, 500 años? Esto ya no funciona. Apuesto a que vendrá la nueva Asamblea y al principio estaremos atentos, pero –ojalá me equivoque– se repetirá lo mismo si no hay esta decisión de mudar hacia otra institucionalidad.

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• En las comunidades la democracia tiene un respaldo del pueblo
• El 7 de febrero se elegirá una nueva Asamblea Nacional

 

Texto: Mayra Caiza

Foto Principal: El Palacio Legislativo, lugar de trabajo de los asambleístas de Ecuador, fue un espacio de protesta central durante el paro nacional de octubre de 2019. (Alejandro Ramírez Anderson)

Video: Mayra Caiza (investigación), Ramiro Aguilar Villamarín (audio), Victoria Jaramillo (producción)

Edición y producción: Vicky Novillo Rameix, Victoria Jaramillo & Romano Paganini

Web y Redes Digitales: María Caridad Villacís & Victoria Jaramillo