¿A quién beneficia la división del territorio sapara?

El territorio de la nacionalidad Sapara en el sur de Ecuador todavía no ha sido explotado por la industria petrolera. Pero la presión del gobierno y capitales extranjeros para entrar a las tierras ancestrales es enorme. Las personas esperan que el nuevo gobierno del país respete lo que dice la Constitución. Mientras tanto, l@s líderes sapara reivindican su lucha como defensores de la selva en la Amazonía, seguirán defendiendo el pulmón del planeta.

30 de junio de 2021, Provincia de Pastaza, Ecuador. – «Anule ese título que otorgó de manera irregular», pidió Nema Grefa, presidenta de la nacionalidad Sapara a la Subsecretaría de Tierras. La Nación Sapara del Ecuador (NASE) convocó a una rueda de prensa en mayo frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador donde una comitiva denunció la entrega de su territorio ancestral a la Asociación Naruka, a la que consideran «ilegítima» y que tiene intereses asociados con Andes Petroleum, un consorcio de empresas chinas entre National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (Sinopec).

Piden al nuevo gobierno del presidente Guillermo Lasso garantizar el artículo 57 de la Constitución del Ecuador que reconoce los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Los registros demográficos más recientes indican que solo sobreviven 500 personas pertenecientes a la nacionalidad Sapara, son ellos quienes luchan por sus derechos como nación ancestral. Su número se reduce cada vez más. Los saparas buscan recuperar su territorio, expuesto al extractivismo petrolero y maderero de compañías nacionales y transnacionales.

«Aunque estamos desapareciendo, estamos aportando a la humanidad con un aire y un agua limpios que están beneficiando el mundo, queremos que el Gobierno ecuatoriano reconozca eso», refirió Manari Ushigua, líder sapara, ambientalista reconocido a nivel internacional. «El Gobierno ecuatoriano oferta tierras ancestrales como si fueran terrenos baldíos». La selva es “La casa de todos”, concluye enfático. En territorio sapara aún no se ha explotado petróleo gracias a un proceso de resistencia cultural.

 

¿Es importante que los pueblos indígenas sean dueños de sus tierras ancestrales? 

La nacionalidad Sapara es una de las 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas reconocidos en Ecuador. Tienen presencia en el sur del país, en la provincia de Pastaza, así como en el norte de Perú. Si no se atiende el reclamo a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, la nacionalidad Sapara demandará al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la ONU para impedir el despojo de sus tierras ancestrales. El antecedente está en 2009 cuando el pueblo Kichwa Sarayaku recibió fallo a su favor en 2012, ocurriendo lo mismo en el caso del pueblo waorani en julio de 2019.

El despojo territorial facilita a las compañías locales y extranjeras la entrada a su territorio para la extracción petrolera y maderera a la que la nacionalidad Sapara se resiste. Han manifestado su decisión de vivir sin extractivismo en la Declaración Kamunguishi, un mensaje para un planeta en plena crisis ecológica. La entrega irregular de sus tierras ancestrales pone en peligro su subsistencia como nación milenaria, reconocida por la UNESCO en 2001 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Vista aérea del cauce superior del Conambo, uno de los ríos principales que atraviesan el territorio ancestral sapara, a más de 100 kilómetros al oriente de la ciudad de Puyo, Pastaza. – FOTO: Ramiro Aguilar Villamarín (Archivo 2019)

«Nadie nos consultó» es la denuncia que hizo Juan Ruiz, delegado de la comunidad de Torimbo, en la rueda de prensa. Pide una audiencia con Gustavo Manrique, el nuevo ministro de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica, quien declaró hace poco que buscará que la política ambiental “permita conciliar la agenda económica con la acción climática y social”. 

El cambio en el título del territorio de la NASE se hizo «sin consulta o consentimiento previo», y vulnerando el derecho de 23 comunidades en el gobierno de Lenin Moreno. Ruiz hace su reclamo con base al artículo 57 de la Constitución del Ecuador, que garantiza derechos colectivos como: «La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente…». 

 

«Queremos que el Gobierno nos respete, somos el pulmón del mundo,
hacemos un llamado a toda la humanidad para que tome conciencia
de que somos defensores de la selva».

Irene Toquetón, dirigente de género y familia
de la nacionalidad Sapara

 

El 25 de julio de 2019, Luis Bernabé Armas Cariajano, en calidad de presidente de la Asociación Ancestral Sapara de Pastaza «Naruka», solicitó a la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, Dirección de Regularización de Tierras, la rectificación de nombre de la adjudicataria del territorio de 251.503 hectáreas. «Naruka está conformada por personas que no representan los intereses de la nacionalidad y sus comunidades» se aclara en el comunicado del 22 de mayo firmado por la NASE, filial a Confenaie, Conaie y Coica, organizaciones de representación indígenas locales. 

El trámite se hizo a través de la Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, sin consulta previa a la organización que los representa oficialmente, la Nación Sapara del Ecuador (NASE), titular de las tierras comunitarias desde el 22 de junio de 1992, a favor de la Comunidad de Zaparos (denominación anterior de dicha organización). La NASE califica de «ilegítima» a la Asociación Naruka, y desacredita las acciones que realizó para obtener las firmas de los representantes de las 23 comunidades.

Mario Ruiz, vicepresidente de la comunidad Suraka, puso en evidencia el engaño del que fue objeto: «Me hicieron firmar un documento para entregar un lote. Mi comunidad no tenía conocimiento de eso (cambio de propietario)». La situación que describe el vicepresidente hace necesario cuestionar: ¿Cuántas concesiones a petroleras en Ecuador están plagadas de prácticas irregulares como engaños, pagos, sobornos o intercambios? ¿Buscan «dividir y vencer» a la unidad comunitaria?

Felipe Bonilla, ambientalista y miembro de Acción Ecológica, explicó que en 2012, la Asociación Naruka firmó un convenio de «responsabilidad social» con la petrolera sin consultar con las 23 comunidades, violentando el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada.  Los firmantes de Naruka estarían alineados con el programa Socio Bosque del que a su vez, reciben un pago «que monetiza el cuidado y la preservación de la naturaleza generando graves conflictos internos en territorio Sapara». 

La división de las comunidades saparas no es nueva. La política extractivista del gobierno de Rafael Correa que «busca la ampliación de la frontera petrolera en el suroriente amazónico» propició tal división, fue la denuncia registrada el 1 de marzo de 2013, en el Pronunciamiento y Resoluciones de las Organizaciones Indígenas en Relación a la Décimo Primera Ronda Petrolera y el Proceso de Consulta Previa entre el 2012 – 2013. 

 

Territorio ancestral cuadriculado

A nivel internacional, el gobierno de Rafael Correa proyectaba una imagen respetuosa de los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución ecuatoriana de 2008. Uno de esos ejemplos es la campaña «uno por mil (1 X 1.000)» de 2013 para justificar la explotación petrolera de los Bloque 31 y Bloque 43 o denominado ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) ubicados en el Parque Nacional Yasuní. Esta campaña afectó a la zona de amortiguamiento de protección a los pueblos en Aislamiento Tagaerí – Taromenane y al pueblo Kichwa de Sarayaku.

Bajo esta misma política, y con el propósito de ofertar más petróleo a los capitales extranjeros, en 2011 el territorio ancestral sapara fue cuadriculado y fragmentado por la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. El gobierno diseñó 21 bloques de aproximadamente 200.000 hectáreas cada uno. El territorio Sapara fue numerado como Bloques 79 y 83 en la provincia de Pastaza. Un año más tarde, 13 bloques se ofertaron en la XI Ronda Petrolera (Suroiente) bajo la modalidad de «prestación de servicios» en las provincias amazónicas de Morona Santiago y Pastaza, entre ellos, los bloques 79 y el 83. Solo en el Bloque 79 hay 400 mil hectáreas de selva tropical.

El 25 de enero de 2016, el Estado ecuatoriano concesionó 252 mil hectáreas de un total de 375 mil hectáreas que corresponden al territorio ancestral sapara, esto a favor de Andes Petroleum y PetroEcuador. Representa el equivalente al 60% de territorio sapara para la exploración y explotación de los bloques 79-83 y 74 respectivamente, siendo Andes Petroleum una de las inversiones chinas en Ecuador según documenta Miguel Luzuriaga. 

Juan Ruíz, delegado de la comunidad sapara de Torimbo, denuncia la adjudicación ilegítima de parte del territorio de su comunidad en la rueda de prensa el 25 de mayo de 2021 en los exteriores del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador en Quito. – FOTO: Ramiro Aguilar Villamarín

El 4 de noviembre de 2020, la nacionalidad sapara pidió la anulación del contrato de explotación que firmó el gobierno de Correa con Andes Petroleum. En esa ocasión, frente a las instalaciones de Petroecuador, Nema Grefa, presidenta de la nacionalidad, expresó: «Somos firmes, no queremos explotación petrolera en nuestro territorio».

La defensora ha sido amenazada constantemente. En 2018, hizo la denuncia con el respaldo de Mujeres Amazónicas, sus compañeras de lucha. Su caso se documenta en el lnforme «No nos van a detener» publicado por Amnistía Internacional en 2019  junto al de Salomé Aranda y Margoth Escobar en la provincia de Pastaza. También es el caso de Gloria Ushigua, líder histórica y Coordinadora de la organización de mujeres sapara Ashiñwaka, quien afronta judicialización desde 2010 por la defensa de su comunidad Llanchamacocha.

En 2018, Andes Petroleum salió de territorio y alegó causas de fuerza mayor. La verdadera razón fue la oposición de la nacionalidad sapara, situación que la NASE y la nacionalidad Shiwiar asumen como un triunfo de su proceso de resistencia. Actualmente, Andes Petroleum busca recuperar $392.4 millones de USD tras lo que considera una pérdida en Ecuador y demandará la indemnización de su contrato. Intenta replicar el logro de Occidental Petroleum Corp (Oxy) que obtuvo 1,716.6 millones de USD en compensación por la confiscación de los activos petroleros en el Bloque 156, durante el gobierno de Alfredo Palacios en 2006.

Ubicación de los bloques petroleros 79 y 83 en el territorio sapara. – Cortesía de Carlos Mazabanda (Amazon Watch) 

La situación se agrava mientras la nacionalidad sapara enfrenta «en total abandono» la pandemia por Covid-19, denunció la dirigente de género y familia de la nacionalidad, Irene Toquetón. «Queremos que el Gobierno nos respete, somos el pulmón del mundo, hacemos un llamado a toda la humanidad para que tome conciencia de que somos defensores de la selva». 

El 27 de mayo, las protestas de la nacionalidad sapara continuaron en Puyo, provincia de Pastaza. El día anterior, consiguieron audiencia en la Asamblea Nacional, y se encuentran a la espera de acciones en favor de la permanencia de su pueblo y cultura. El Pacto Ecosocial del Sur, con el respaldo de 800 organizaciones en América Latina y a nivel mundial, convocó la firma de la Declaración en favor del pueblo Sapara en el siguiente enlace

 

Texto: Gabriela Ruiz Agila (@GabyRuizMx)

Foto principal: El territorio sapara posee una alta densidad de bosque primario. Aquí una imagen del cauce inferior del Río Conambo, en territorio de la comunidad sapara de Imatiña. – (Ramiro Aguilar Villamarín, Archivo 2019)

Edición y producción: Ramiro Aguilar Villamarín & Romano Paganini

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