“Lasso pone a las víctimas en una situación de desprotección”

El aborto por violación es un derecho garantizado en la sentencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso objeta este derecho e intenta normarlo como una excepción. Rocío Rosero Garcés, defensora de los derechos humanos cuestiona el veto presidencial. Pero no solo eso: ve en la intervención del mandatario una mezcla de ignorancia y abuso de poder.  

23 de marzo de 2022, Quito. – De los 63 artículos que integran la Ley Orgánica de Interrupción de Embarazo en casos de Violación, 61 fueron objetados, reformados e incluso eliminados por el presidente Guillermo Lasso. El veto fue enviado a la Asamblea Nacional el pasado 15 de marzo. Este eliminó el enfoque de derechos humanos de los reglamentos, quitó el artículo 4 que se refería a que las mujeres, adolescentes y niñas eran titulares de derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación e incorporó los derechos de las personas que aún no nacen y la protección de la vida desde la concepción.

Esto en línea a la posición personal del Presidente escrita en el veto, donde dice: “Sirva esta ocasión para dejar en claro que personalmente me opongo al aborto por razones éticas, jurídicas y científicas”. Pero en su calidad de Presidente dijo: “debo acatar y respetar las decisiones que otras instituciones del Estado han tomado en ejercicio de sus competencias, aun cuando discrepo con ellas”. Ayer, en un conversatorio organizado por la presidencia, incluso dijo que las 12 semanas planteadas para el aborto por violación es un exceso. “Existe la posibilidad de que una mujer violentada pueda hacerse un examen médico a los 5 días del acto de violación, y ya puede conocer si se ha producido o no un embarazo, por lo tanto las 12 semanas es un plazo realmente en exceso”.

Para Rocío Rosero Garcés, defensora de los derechos en Ecuador y América Latina por más de cuatro décadas, socióloga y ex subsecretaria de Prevención y Erradicación de Violencia contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Derechos Humanos, el Presidente no ha logrado separar su posición personal con la de Primer mandatario. 

Analizamos con Rocío Rosero Garcés el veto presidencial y el contexto político donde se evaluará nuevamente el proyecto de ley.  La Asamblea tiene 30 días, contados desde la emisión del veto, para allanarse al texto enviado por el Presidente o ratificarse en su proyecto de ley. 

 

Rocío Rosero Garcés, el Ejecutivo objetó 61 de los 63 artículos de la Ley Orgánica que garantiza la Interrupción voluntaria de embarazo en casos de violación. ¿Es un veto parcial o total?

Es un veto total definitivamente y es un veto inconstitucional en la mayoría de sus partes. Creo que la parte central es el hecho de que rechaza el bloque de constitucionalidad, es decir, la vigencia en la legislación ecuatoriana de los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres, que es vinculante; de las convenciones y en particular de la Convención CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) de la ONU y de todas las recomendaciones y observaciones generales al país; entonces es muy grave el veto desde este punto de vista. 

 

El pleno de la Asamblea aprobó en la Ley el aborto en casos de violación como un derecho, pero el presidente Lasso señala que no es un derecho sino una excepción. ¿Esto es un retroceso para el debate legislativo ahora que el texto vuelve a la Asamblea?

No es un retroceso para el debate legislativo en la medida en que no depende ni del Ejecutivo ni del Legislativo, el aborto por violación es un derecho que está establecido en el marco de las convenciones internacionales de derechos humanos que están firmadas por el Ecuador. Esto no depende de Lasso, ni de los asambleístas de turno. El bloque de constitucionalidad tiene un carácter mandatorio de acuerdo a la Constitución que está vigente. Entonces me parece a mí que se podrían tener dos visiones: es ignorancia pura, o es ignorancia como gesto político.
En este caso se trata de un hecho político en el que Lasso ignora, a partir de sus creencias personales, porque no es capaz de ser un mandatario laico. No es capaz de ejercer su rol y ha demostrado no ser un estadista. Se abre un frente de lucha, un frente de batalla contra la represión a las mujeres y con este veto se incumple el mandato de la Corte Constitucional. 

¿Que implicaría que se aceptaran las objeciones dadas por el Presidente y se cambiara el derecho como una excepción?

Implicaría una regresión en derechos que es verdaderamente imposible. Sería imposible en términos de que el Estado ecuatoriano es un Estado garante y protector de derechos. Lo que está intentando hacer Lasso es irse por la aprobación de su ley que al final es una forma de ejercer un tipo de poder, que, a mi modo de ver, no está basado en la Constitución, ni en los mandatos de la  sentencia de la Corte Constitucional. Además, me parece que el veto confunde la despenalización del aborto por violación sexual, que es central en la decisión de la Corte, con el derecho al acceso gratuito, seguro, integral e humanizado a la interrupción voluntaria del embarazo. Ahí hay unas confusiones que son mal intencionadas y que muestran no solamente una postura religiosa en el manejo de la redacción del veto, sino también una visión misógina. En el veto se elimina el artículo 6 que es el enfoque de derechos humanos, género, intergeneracionalidad, movilidad humana, interculturalidad, discapacidad e interseccionalidad.

 

¿Esta eliminación afecta el proyecto de ley?

Es el intento de consagrar una legislación fuera de la Constitución vigente, una legislación por fuera de la protección integral de derechos en Ecuador. Es una intención que justamente lo que hace es poner el peso sancionatorio en las niñas y mujeres de esta sociedad machista. Pensamos que en todo el texto hay una intencionalidad  misógina que intenta despojar y despoja de derechos con esta serie de requisitos y vuelve a poner a las víctimas en una situación de desprotección y de desamparo, que va producir abortos clandestinos y va a producir muerte. Es decir, la falta de capacidad de entender la magnitud de la problemática desde el enfoque de derechos humanos y creer qué se puede saltar la aplicación de la Constitución y la sentencia de la Corte es grave. Que un primer mandatario haga un acto de tal naturaleza es muy grave.

 

“No es igualdad poner en el mismo saco a las niñas y mujeres de la ciudad
y del campo o de las zonas apartadas de la urbe.”

 

Los plazos y los requisitos propuestos en el veto han sido cuestionados, pero el Presidente argumenta el derecho a la igualdad que tienen todas las mujeres y reduce el plazo a 12 semanas. 

Hay una confusión en el “somos iguales” y entonces 12 semanas a todas. No existen las mismas condiciones de acceso, no hay el mismo acceso al servicio de interrupción voluntaria del embarazo en las grandes ciudades que en las zonas rurales. Hacer estas diferenciaciones es importante porque las mujeres pobres que no tienen recursos demoran en acceder. Porque a las niñas y adolescentes, hasta tomar la decisión de hacer el procedimiento, les toma algún tiempo: primero para reconocer la violación,  para reconocer lo qué les pasa, para reconocer que hay un embarazo en curso y luego para tomar la decisión. Entonces debe haber una diferenciación, pues obviamente la igualdad, no implica no mirar medidas de acción positiva para el acceso. La igualdad se trata del acceso al servicio de interrupción voluntaria del embarazo en las zonas rurales, periféricas y para las mujeres en situación de alto riesgo por esas condiciones estructurales. 

 

¿Cómo entender el principio de igualdad en el tema de plazos en un país plurinacional?

No es igualdad poner en el mismo saco a las niñas y mujeres de la ciudad y del campo o de las zonas apartadas de la urbe. No es solo un desconocimiento de la realidad, no es una falta de empatía con las víctimas, lo que hay es un abuso de poder en esa interpretación de la sentencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no establece requisitos para acceder a la interrupción de embarazo en caso de violación, pero el presidente Lasso sí los incluye.

¿La denuncia, la declaración juramentada y los exámenes médicos son requisitos factibles para las víctimas?

No, los requisitos están bien resueltos en la Ley. Los requisitos que se intentan volver a poner son requisitos oprobiosos, son requisitos punitivos que ponen a las niñas y adolescentes como actoras del delito. Cuando hay un accidente de tránsito o cuando hay otro delito y llega alguien a un hospital no hay un procedimiento judicial anterior. Solo a las niñas y mujeres violadas se les exige un procedimiento pre procesal. Se lo hace con la vigencia de la cultura patriarcal, de la misoginia, de la naturalización de la violencia y el hecho de que muchas de las víctimas y sobrevivientes de violencia permanecen  en el entorno violentador. Es súper difícil que el tutor, el padre o la madre haga la denuncia. Hemos visto que la violación y el incesto son el secreto mejor guardado de las familias. Eso es lo que tratamos de hacer: romper con este paradigma del machismo como una forma natural de relacionarse. 

 

¿Con el veto presidencial se estaría desconociendo la obligación que tiene el Estado de garantizar los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas? 

El Presidente tiene graves falencias en su proyecto de ley porque falla en su deber de proteger a las niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad. Más bien prima esta visión culposa, de intereses privados, incluso promovidos por religiones, por iglesias y por esa ideología que busca mantener el estatus quo de la naturalización de la violencia y de todas sus formas de violencia.

 

¿Considera que los asambleístas se allanarán al veto presidencial?

No pueden allanarse al veto porque es inconstitucional en espíritu y en la forma, entonces no está en el escenario aceptar ninguno de los artículos que propone el veto. 

 

¿Entonces, ustedes consideran que los asambleístas se ratificarán en su proyecto de ley aprobado?

Eso es lo que nosotras estamos proponiendo. No es la ley ideal que hubiéramos querido, pero es la ley que tenemos y es la ley que defenderemos. Luego, con una empatía mayor y en tiempos diferentes de defensa de derechos, será posible mover y reformar el tema de plazos. 

A nivel regional cómo analiza la aprobación de la ley en relación a países como Colombia, México, Argentina? 

Son casos diferentes porque en algunos países el tema ha ido por las causales. El movimiento de mujeres ha tenido distintas estrategias en cada país. Por ejemplo, el tema de causales fue resuelto en Colombia y en México de manera más temprana, así  que llegar al Aborto libre en todas las circunstancias es otro proceso, como el de Argentina. Es la primera vez que Ecuador tiene una sentencia a favor de la despenalización del aborto en la Corte Constitucional y por ello es la intención de los sectores conservadores y anti derechos de cortar este proceso, aún a costas de las inconstitucionalidades que tiene el veto presidencial.

 

¿Ecuador estaría dando los primeros pasos para ir avanzando en el derecho al aborto en todas las condiciones? 

No son los primeros pasos porque está despenalizado en otras causales. Recuerde usted que ahora se trata de despenalizar en los casos de aborto por violación, no en todos los casos. Yo creo que hay que hacer estas aclaraciones porque también se tejen una cantidad de desinformaciones a partir de afirmaciones sobre el aborto libre. El aborto libre es una meta, sin lugar a dudas, de las feministas latinoamericanas y ecuatorianas, pero la ley no es necesariamente el medio.

 

¿Por qué a las mujeres nos cuesta más acceder a los derechos?

Porque esta es una sociedad misógina y machista, donde hay un activismo anti derechos que en este caso está enganchado al poder del Ejecutivo y que intenta por esa vía poner en vigencia leyes anti derechos como un proyecto político. Esto no es solamente en contra de las mujeres, sino que tiene que ver con el conjunto de toda la población.

 

Quedan aproximadamente 20 días para que concluya el plazo que tiene la Asamblea para analizar el veto presidencial. ¿Cuáles son las acciones que tiene previsto el movimiento de mujeres?

Nosotras estamos en la fase de analizar, discutir y hacer varias propuestas. Luego habrá acciones legales y de movilización. Todavía no podríamos anunciar de manera definitiva, cuáles van a ser, pero sin duda estamos proponiendo que la Asamblea Nacional tiene que ratificarse en su Ley del 17 de febrero y rechazar completamente el veto presidencial. Eso es lo único que está absolutamente claro. 

 

• Los derechos de las mujeres sufrieron un aborto

 

Texto: Mayra Caiza

Foto principal:Las mujeres en Ecuador vienen hace décadas luchando contra la violencia y por sus derechos, actualmente lo hacen para que se legalice el aborto en caso de violación: manifestantes durante la movilización el 8 de marzo de 2022, Plaza Santo Domingo, Quito. (Daniela Beltran) 

Edición y producción: Martu Lasso & Romano Paganini

Web y Redes Digitales: María Caridad Villacís & Victoria Jaramillo