“Pedimos a los señores petroleros que eliminen los mecheros”

Mañana se tenía previsto que se instale la audiencia de apelación para que se apaguen los mecheros en Ecuador. Hay suficientes argumentos para que se ponga fin a la quema del gas que sale de los pozos petroleros junto al crudo: ambientales, económicos y también de salud; pero la audiencia se suspendió. Continúa el fallo de primera instancia judicial que rechazó la acción de protección interpuesta por nueve niñas. Mientras tanto, las razones de la industria para seguir manteniendo los mecheros prendidos son confusos. 

 

15 de julio de 2020, Nueva Loja/Quito. – Leonela Moncayo tiene 10 años y uno de sus vecinos es un mechero, un instrumento de la industria petrolera que es una chimenea donde se quema el gas asociado que sale junto al crudo y al agua, que durante millones de años fueron almacenado bajo tierra, en la amazonia ecuatoriana a una profundidad de 3000 metros aproximadamente. El vecino de Leonela nunca descansa, al contrario, a veces su llama se agranda y emite más calor y más chisporroteo. Tanto, que la niña por momentos no puede dormir. El ruido, la luz y el olor por el gas quemado son demasiado fuerte. A veces cuenta Leonela, sentada en una silla de plástico en el patio de su casa en las afueras de Nueva Loja, provincia Sucumbíos, que huele todo el día a podrido. “Y si llueve fuerte, se apaga el mechero y sale un humo negro. Este contamina y no podemos tomar el agua de lluvia porque si no, nos enfermamos”.

El vecino de Leonela mide apenas dos metros, trabaja 24 horas y se encuentra en el predio de Petroamazonas, a unos 200 metros de su casa. “POZO L.A-50”, dice un cartel en letras rojas de la petrolera estatal, pegado en la entrada. La puerta de las rejas metálicas está abierta, parece que hoy no hay nadie allí. Desde lejos se ven unos tubos negros y detrás aquel mechero que emite una llama de aproximadamente un metro y cuyo color amarillo-naranja hace juego con la foto impresa en la camisa de la niña que tiene como leyenda “La selva, la Amazonia ni se compra ni se vende, se la cuida y se la defiende”.

Leonela mira a la cámara, pero su mirada está atravesada por sus antepasados. También es la mirada de su abuela que falleció por una infección después de bañarse en un río contaminado con crudo en los años setenta del siglo pasado y también es la mirada de su padre, Donald Moncayo, campesino y activista de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) y tela roja para la industria petrolera. El tour   Los “Toxic Tours” que él organiza llevó a miles de personas a tomar conciencia de la contaminación petrolera en la Amazonia, tanto a nivel nacional como internacional. Una contaminación que hasta el día de hoy -y en contra de lo que pretende la industria y los gobiernos de turno del Ecuador- sigue vigente. El derrame por la quiebra de los oleoductos a inicios de abril es solo un capítulo más dentro de una larga historia de sufrimiento y muerte que enfrentan las comunidades, los pueblos y nacionalidades en el Oriente ecuatoriano. 

Las niñas se crían en un entorno contaminado 

Leonela es parte de la tercera generación que se levanta en contra de una de las industrias más poderosas del mundo. Lo que para el gobierno del Estado ecuatoriano es “un sector estratégico” para el ambiente, la flora, la fauna y l@s habitantes es una amenaza constante. Por eso, Leonela junto a otras ocho niñas presentaron en febrero una acción de protección en contra del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente y la Procuraduría General del Estado. Las niñas exigen que no se siga quemando el gas en la Amazonia y que se eliminen de forma inmediata los mecheros en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza. Además, demandan que se instale un plan de monitoreo, que se cumpla el control de las emisiones y que se brinde un sistema de salud de “prevención y tratamiento de los casos de cáncer, leucemia y otras patologías vinculadas a los tóxicos que emiten los mecheros”. Los interpelantes ven indispensable que, después de más de 50 años de contaminación, se implementen sistemas de aguas tratadas para el consumo humano. 

“Creo que la jueza obedeció a presiones de carácter
económico y político de las empresas y quizá del Estado”.

Pablo Fajardo, abogado de las nueve niñas

Leonela Moncayo es activista no solamente por ser la hija de Donald, sino porque siente la contaminación en su propio cuerpo. Cada cierto tiempo le sale un cuajo en la piel produciéndole un ardor tal que le obliga a acudir a la clínica. L@s médic@s le dicen que no nade en los ríos contaminados; Leonela, les responde: Pero no nado en estos ríos. Lo que sí, la niña está expuesta a las lluvias ácidas, al hollín y a las aguas de pozo que, por la contaminación del crudo, son tóxicos. En otras palabras: ella y las otras niñas que firmaron la acción de protección -Rosa (9 años), Skarlett (8 años), Liberth (12 años), Denisse (12 años), Dannya (7 años), Evelyn (14 años), Jeyner (11 años) y Kerly (7 años)- están criándose en un entorno altamente contaminado que debilita sus sistemas inmunes y que contribuye a que en sus organismos ingresen patógenos como, por ejemplo, el virus Sars-CoV-2 que causa la enfermedad covid-19. 

Las niñas han visto cómo vecin@s y familiares han desarrollado diferentes tipos de cáncer, cómo sufrieron y  cómo murieron. “Las siguientes víctimas seremos nosotros”, enfatiza Leonela. “Por eso pusimos la acción”. La UDAPT, la Clínica Ambiental y la ONG Suiza Céntrale Sanitaire Suisse concluyeron en un informe de 2016 que en cada cuarta familia entrevistada hay al menos una persona con cáncer. Cuanto más lejos de la contaminación ambiental esté un individuo, menos posibilidad tendrá de desarrollar dicha enfermedad.

Son datos que el Ministerio de Salud desconoce. En un informe emitido hace más de un año, escribe de que “no se cuenta con datos estadísticos de enfermedades relacionadas a hidrocarburos porque no se han realizado investigaciones o estudios que permitan certificar que dichas enfermedades son producidas por los mismos”. El propio Ministerio, que hoy en día quiere testear a la población por una pandemia reciente, no tiene datos relacionados a la salud de las personas afectadas por una contaminación histórica…

 

Petroamazonas usa solo una pequeña parte del gas

Parte de esta contaminación forman los mecheros, tanto a nivel local como global. Según estudios internacionales, el 1% de las emisiones globales de Co2 se origina en la combustión del gas asociado en los mecheros; entonces, estos inciden directamente en el cambio climático. Mientras en países como Noruega o Canadá se utiliza dicho gas, por ejemplo, para abastecer la propia explotación petrolera, en Ecuador mayormente se siguen usando motores a crudo o diésel. No hay una política acertada para aprovechar el gas asociado. Y eso a pesar de que existe la tecnología. Por ejemplo, Petroamazonas, la petrolera estatal a la cual según un reciente informe le pertenece casi el 80% de todos los 447 mecheros en la Amazonia ecuatoriana, tiene en sus instalaciones tres plantas de tratamiento de gas asociado, instalado por Petroecuador en los años 2009 y 2010: una en la estación Yuca Central, una en Shushufindi Central y una en Guanta Central. Estas plantas transformaron el gas asociado con equipos llamado bi fuel, que permiten tanto el uso con gas asociado como con diésel. De esta manera abastecieron la explotación de varios pozos petroleros con energía.

Estuvo prevista una fase de prueba de 15 días, a la final las plantas quedaron conectadas por un total de 716 días,  entre la de Yuca y la de Guanta. En este tiempo, los mecheros de dichas plantas estuvieron prendidos al mínimo y la industria aprovechó casi todo el gas que normalmente se quema o se ventea.

Sin embargo, Petroamazonas dejó de usar estas plantas en abril de 2012. Al menos así dice uno de los amicus curiae, elaborados para la unidad judicial del cantón Lago Agrio, donde se gestionó la Acción de Protección en primera instancia. El por qué no queda de todo claro, ya que la empresa desde hace años difunde videos de propaganda acerca de la “optimización de recursos naturales”. Se habla de la Optimización de la Generación Eléctrica y Eficiencia Energética (OGE&EE), un proyecto interno de Petroamazonas, supuestamente para promover el uso del gas asociado y la reducción de la quema de gas. Además, en junio de 2019, durante la visita del gerente de la Alianza para la Reducción de la Quema de Gas, un programa del Banco Mundial que busca reducir a cero la quema de gas hasta el año 2030, Petroamazonas le mostró una planta de generación eléctrica, gracias al gas asociado.

Es una política que difiere con los argumentos expuestos frente a la jueza María Custodia Toapanta Guanoquiza. El representante del Ministerio de Energía, por ejemplo, decía que la legislación del país no prohíbe la quema de gas, que sin mecheros no habrá industria petrolera y que esto a la vez perjudicará la economía. Técnicamente es correcto: por la presión en los pozos petroleros y, por lo tanto, por cuestiones de seguridad, se necesita mecheros; así se regula la presión y se puede prevenir accidentes, como afirman expertos en la materia consultados por mutantia.ch. Lo que ni el Ministerio de Energía ni tampoco el del Ambiente dijeron, y que es crucial para la salud y el ambiente de la Amazonia, es que la transformación de gas asociado en energía reduce la quema de gas a un mínimo. De esta manera, no solo se disminuye la contaminación, sino también se consigue lo que Petroamazonas pretende con su programa OGE&EE u hoy en día con el departamento Soluciones Energéticas: eficiencia energética (al menos dentro de lo que es la industria petrolera).

Según el reporte gerencial de Petroamazonas de 2018, gracias al uso de dicho gas se ahorró en los últimos años casi 1,4 billones de dólares y 544 millones de galones de diésel (detalles en la infografía). Pero, pese a estos datos, la mayoría de los mecheros de Petroamazonas siguen quemando gas como de costumbre, un hecho que pudimos constatar en uno de nuestros viajes antes de la cuarentena, cuando observamos el mechero ubicado al frente de la casa de Leonela Moncayo. Críticos de la petrolera estatal sospechan que la empresa usa el discurso de la eficiencia energética para crear una pantalla y esconder los verdaderos intereses: que los proveedores del viejo sistema de producción petrolero -particularmente los vendedores de motores a combustión- no pierdan su negocio. 

 

La amenaza a la jueza

Veintiséis años después que inició el juicio legal contra la empresa petrolera Texaco (hoy Chevron), l@s habitantes de la Amazonia están con otro proceso legal. Uno más en la larga historia por la contaminación petrolera en la región. “De este lugar no me voy a mover“, decía Leonela Moncayo el 16 de marzo del presente año, sentada en el patio de su casa. “Porque es donde nací y donde vivo con mis padres y con mi hermano. Eso está en la naturaleza y aquí paso más segura que en la ciudad. Por eso pedimos a los señores petroleros que eliminen los mecheros”. Al día siguiente la jueza tenía que haber dictado la sentencia, pero esta se suspendió por la llegada del covid-19. El rechazo de la acción de protección, casi dos meses después, quedó casi desapercibido. El enfoque estaba en Guayaquil, en los test PCR y en la ausencia del Ministerio de Salud en los lugares más remotos del país. La jueza sentenció a favor de la industria petrolera, diciendo que no violan los derechos anclados en la Constitución. “Creo que la jueza obedeció a presiones de carácter económico y político de las empresas y quizá del Estado”, dice Pablo Fajardo, abogado de las nueve niñas. Según él, el representante de Petroamazonas le hizo una amenaza durante la audiencia: le dijo que, si ella fallaba a favor de las niñas, la economía del país se quebraría por completo, ya que no habría cómo producir petróleo. “Evidentemente”, destaca Fajardo, “la persona responsable sería la jueza que -así lo dijo el representante literalmente- podría ser destituida”.

En los próximos días, el Tribunal notificará fecha y hora para instalar la audiencia de apelación en la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, ya que la audiencia prevista para mañana se pospuso por licencia médica de uno de los jueces del Tribunal.  No sabemos si las empresas petroleras seguirán ejerciendo presión sobre el juez encargado; tendremos que esperar los resultados en las próximas semanas. 

Texto: Romano Paganini 

Foto principal: Abogado Pablo Fajardo junto a las nueve niñas que presentaron en febrero del presente año la acción de protección contra diferentes ministerios del Estado ecuatoriano en la Unidad Judicial del cantón Lago Agrio. Al izquierda con camisa blanca esta Leonela Moncayo. – FOTO: Cortesía/UDAPT

Edición y producción: Vicky Novillo Rameix y Mayra Lucía Caiza

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